Desarrollar un proyecto agrícola, ganadero o forestal, a cielo abierto, tiene muchos riesgos que golpean la rentabilidad de los agronegcios. Entre los más frecuentes están los riesgos climáticos, fitosanitario y volatilidad de los precios de mercado. Son riesgos que, por su intensidad, frecuencia absolutamente aleatoria y costo económico, son prácticamente inasumibles por los productores del campo.
Para contrarrestar el impacto de estos riesgos en los cultivos, los gobiernos apoyan a los productores con programas de ordenamiento productivo e instrumentos de subvención, si estos han tenido la posibilidad de comprar un seguro agrícola o tomar una cobertura de precio de mercado. En países, como Estados Unidos, Europa, Brasil o Argentina, por ejemplo, los respectivos ministerios de Agricultura, definen las zonas de siembras de arroz, maíz, soya, girasol y frutales, entre otras, de acuerdo a los factores determinantes como la humedad relativa, luminosidad y temperatura. Igualmente, establecen los calendarios de siembras, la superficie máxima a sembrar y la obligatoriedad de la rotación de cultivos. Con ello, controlan el 70% de los riesgos climáticos y fitosanitarios, para estabilizar las rentas de los agricultores.
Dada la naturaleza de los riesgos que son necesarios garantizar, el seguro agrario y de cobertura de precios, tienen costos elevados, por lo que la intervención del Estado es necesaria, para que, a través de las subvenciones a la prima, se pueda acercar la oferta y la demanda, sobre todo en las pólizas colectivas. También existen las compras públicas y los subsidios a las exportaciones, cuando hay excedentes de materias primas locales.
En Colombia sucede todo lo contrario. Acá existe el mito de que, nuestras tierras son ideales para todo tipo de cultivos. Sembramos en las montañas y criamos ganado en la planicie, aprovechando menos del 5% de las tierras de nuestra región. De los 5.6 millones de hectáreas que se cosechan en Colombia, más del 50% se encuentran sembradas en zonas donde las condiciones técnicas de los cultivos no son compatibles con los factores determinantes en cada región. Esta desordenada planeación agrícola de la UPRA, trae como consecuencia unos mayores costos de producción, menores rendimientos por hectárea y unos proyectos productivos pocos rentables.
Por su parte, la implementación del seguro agropecuario ha sido lenta y con una cobertura que no supera el 5% del total de la superficie agrícola cosechada. Los subsidios se entregan de forma arbitraria e injusta. No tiene en cuenta, por ejemplo, la buena gestión de unos frente a la mala gestión de los otros: iguala a todos por abajo. Además, el gobierno, termina haciendo otras contribuciones económicas sin control y de forma imprevisible. Pues, cada vez que hay una afectación de la actividad agrícola por inundación o sequía extensa, termina entregando insumos agrícolas, incentivos de almacenamiento y ayudas “extraordinarias”, con criterio político.
El gobierno está en mora de reestructurar el obsoleto e ineficiente sistema de seguros agrarios. Desde este espacio he sugerido, en varias oportunidades, trasladar el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, al Ministerio de Agricultura y ampliar su objeto, para que pueda, además de destinar recursos para reaseguros, subvencionar coberturas de riesgo, tasas de interés e incentivos a la capitalización rural -ICR- y forestal.
