En Colombia, todo está por reformar. La justicia requiere con urgencia de un cambio extremo, estructural y operativo, porque tocó fondo y las alarmas están apagadas. Los usuarios sufren por la morosidad y cada día se multiplican la acumulación de procesos sin que se resuelvan mediante providencias judiciales los asuntos interpuestos ante la autoridad judicial para proferir soluciones. “Una golondrina no hace verano”. En la formulación de propuestas que, por lo visto, ni los colegas de la carrera del derecho (abogados) se atreven a impulsar, la Colegiatura gremial por temor y pánico a la rama del Poder Judicial.
La reforma a la justicia debe ser seria, con transformaciones de nuevo diseño arquitectónico, que restablezca la confianza, credibilidad, supere la corrupción y florezca en eficiencia. No podemos tapar el sol con la mano. Hacer reformas de reparcheos, remiendo y fachadas o de aumentar el periodo fijo de los magistrados de 8 a 12 años, incrementar salarios y prebendas; cuando hoy en día, están bien remunerados, no es lo que se quiere. Si no se implementa la Colegiatura de Abogados, como reconocimiento de derecho autónomo profesional a la carrera del derecho, sobre la cual necesita de reforma constitucional. De lo contrario no será más que otro fiasco.
No es lógico que los únicos profesionales de Colombia que adolecen de Colegiatura sean los abogados, cuando fueron los abogados quienes por primera vez crearon la agremiación profesional en el mundo, que están sujetos en el territorio nacional al control y manejo del Poder Judicial, ejerciéndose una dictadura ejecutada por la rama judicial, quien a través de Consejo Superior de la Judicatura ejercen funciones correspondientes a la Colegiatura, organismo independiente del poder judicial, sin condición de institución pública.
El funcionamiento es gremial, se regula y financia por los abogados en ejercicios, que devengan salarios y honorarios por prestaciones de servicios públicos y privados, liquidaciones de sentencia, expedición de tarjetas, certificaciones, registros de documentos, multas, etc., para constituir las bases presupuestales de funcionamiento.
La Colegiatura de Abogado es la entidad encargada de llevar las hojas de vida de los abogados, partiendo del registro de calificación en la carrera del derecho y demás estudios académicos, especiales y super especiales, que los acrediten. De igual forma, registrar nombramientos, contratos, sentencias y todo lo que implique labores en el ejercicio profesional, remunerativas u oficiosas, para acumulación de currículo profesional. La Colegiatura expediría las tarjetas profesionales, certificaciones e investigaría a los abogados sin distingos, exclusión, ni excepción; por quejas en el servicio público y privado, en que hayan incurrido: jueces, magistrados, fiscales, servidores públicos, litigantes, consultores, asesores, académicos, etc.
Los Magistrados de las altas Cortes dejarían de ser investigados por la Comisión de Acusaciones, conformada por una mayoría calificada de parlamentarios, que no son abogados. La Colegiatura de Abogado fijaría las tarifas de los servicios profesionales y sería la encargada de promover de acuerdo con las hojas de vidas, los abogados aspirantes a cargos públicos, concursos de méritos, para ponerle fin al padrinazgo, tráficos de influencia, negocios y corrupciones, permitiendo la selección y escogencias de abogado de mala calidad, cuando lo que se requiere es que se mejoren las condiciones de servicio, garantizando seguridad, eficiencia y confianza popular.
En la reforma a la justicia, debe acabarse con la morosidad, inmoralidad e impunidad, incrementando el volumen de empleados, acondicionando de tecnologías, operativas e implementando, la dirección de unidad, dedicada a las prácticas de pruebas, que le ordenen, remitan y soliciten, los jueces y magistrados, cuya finalidad es la de acelerar los trámites ordinarios, que puedan resolverse, en dos instancias en un término, no superior a un año. ¿Si una Tutela se resuelven las dos instancias en dos meses, porque no puede resolverse proceso ordinario en un año?
Es pertinente que, en anunciada reforma, se cree la jurisdicción de acciones públicas, diferentes a las jurisdicciones ordinaria y especial; correspondiente, a: acciones de: Tutela, Popular, de Grupos, Cumplimientos y conciliaciones; prejudiciales. Que las acciones de tutela procedan también contra sentencias judiciales, por violaciones sustanciales, procedimentales y normativas. De la misma forma, por incurrencias de errores. No se puede seguir como juez y parte, cuando se presentan acción de tutela, contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que muchas veces han generado, choques de trenes en el poder judicial, lo mismo que los desacato o desobediencia, de fallos de revisiones, proferidas por la Corte Constitucional.
Se requiere modificar procedimientos, abreviando términos de tramites, para agilizar eficiencia y actualizando, los Códigos: Civil, Comercial, Agrario, Laboral entre otros. Tecnificar la operaciones judiciales y administrativas, incorporando en planta de personal, a sustanciadores y asesores especializado, que proyecten diariamente providencias, para descongestionar la acumulación de procesos sin decisiones.
La Justicia morosa, es injusticia, al igual que los negocios ilícitos de fallos y sentencias, retributivos, a favor de quienes los compran, por un precio convenido, degenerando y prostituyendo, la Administración de Justicia, que está de capa caída. Los que mas daño les causan a la justicia, son precisamente algunos de los mismos, que devengan, salarios, gastos de representaciones, bonificaciones y otros emolumentos, en condición de operadores y servidores públicos, inescrupulosos, caracterizados por no tener vergüenza, en actuaciones oficiales.
La inexistencia de la justicia es palpable, a pesar de tener un alto costo de funcionamiento, en Rama Judicial y la Fiscalía, de 18 billones, anuales, que se pierden, con resultados ínfimos, complementado con deficiencia, contaminada de corrupción
El inconformismo popular, por el ejercicio pasivo y moroso de una justicia, es alarmantes, que tiene a la sociedad en ascua, sosiego y zozobra; en mano de la delincuencia común y la de cuello blanco. Los unos generan inseguridad de orden público, con acciones y conciertos criminales y los de cuello blanco, con las prácticas de corrupción, en las administraciones públicas. La desconfianza con las autoridades judiciales, ha llegado al extremo que la gente está cansada del desborde delincuencial y están, ejerciendo justicia, por sus propias cuentas y otros incumplen fallos y sentencias.
