La propiedad privada está en peligro
No estaba equivocado cuando temía que el triunfo de la izquierda en Colombia pudiera amenazar nuestro sistema democrático y poner en riesgo una de sus instituciones pilares como es la propiedad privada. No olvidemos que fue promesa del presidente Petro en campaña “democratizar” la propiedad, concepto difuso que no se sabe exactamente que es pero que en la práctica puede conducir a la expropiación y, lo peor, incitar a violar derechos ajenos a aquellos todo lo quieren regalado del gobierno.
La propiedad privada es un derecho garantizado en el artículo 58 de la Constitución que no puede ser desconocido ni vulnerado por leyes posteriores. Y frente a ese derecho el artículo segundo de la Constitución nos dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, bienes y demás derechos y libertades.
Hoy la propiedad privada está en peligro en Colombia y como pintan las cosas estamos frente a la amenaza de un conflicto social de consecuencias impredecibles. El campanazo de alerta lo dio primero el departamento del Cauca donde se presentaron las primeras invasiones que obligaron al gobierno en voz de la misma vicepresidente a anunciar públicamente que el desalojo debía producirse en 48 horas, y que el gobierno no las toleraría; pero el problema no ha parado y continúa extendiéndose peligrosamente por todo el país.
Si el gobierno no actúa rápidamente la situación puede salírsele de las manos y convertirse en un factor de violencia cuando dueños de tierras sientan afectado su legítimo derecho a la propiedad, y se sientan abandonados de la protección que deben brindarle las autoridades cuya obligación legal es protegerles contra la acción de los invasores. Una situación así es muy peligrosa ya que puede conllevar a que la gente – para defender lo suyo – acuda a la justicia privada, algo muy grave para la paz del país que podría generar una escalada de violencia y el resurgir del paramilitarismo como respuesta misma al derecho natural a la legitima defensa, sustituyendo al Estado como único ente que debe garantizar y proteger la propiedad privada como institución económica fundamental de la democracia.
El departamento del Magdalena es otro de los que por estos días ha sufrido de invasiones de tierra. Allí los ganaderos están alertas y planeando acciones de protección como lo vimos en un video publicado en redes sociales donde se ve una caravana de vehículos dirigiéndose a defender sus propiedades en el municipio de Plato. Lo peor que le puede pasar a Colombia es que estas invasiones se pongan de moda y he ahí la responsabilidad del Estado de atacar el mal de raíz, no tolerándolas como lo anuncio la Vice.
No es momento de jugar con candela. Las autoridades no pueden dejar de cumplir su misión institucional y el mandato constitucional de proteger la propiedad privada, y deben ser contundentes a la hora de actuar pues renunciar a hacerlo pone en peligro la paz de todos los colombianos, algo que sería incoherente con el discurso del gobierno nacional de buscar una paz total. Esa paz pasa necesariamente por el respeto a los derechos legítimamente adquiridos, entre ellos la propiedad privada.
Nadie que haya adquirido legítimamente un bien se lo va a dejar quitar a la fuerza, ni por el Estado ni por invasores profesionales de tierra, por lo que el país se enfrentaría al riesgo de una guerra civil entre propietarios e invasores pues cada quien tratará ante la ausencia del Estado de defender lo suyo a cualquier precio, y tiene todo el derecho de hacerlo pues nada distinto estaría haciendo a ejercer su legítima defensa garantizada en la ley.
Desde Pereira el presidente Uribe ha advertido que los mensajes del gobierno pueden estimular las invasiones, y que si no se ejerce la autoridad tarde que temprano aparece la justicia privada y es peor, advertencia que el gobierno no debería pasar por alto. Recordemos que a él le toco vivir la época más dura del paramilitarismo y enfrentarlos por la omisión del Estado de no hacer presencia en todo el territorio nacional, que permitió a la guerrilla coparlos y despojar de tierras a campesinos.
Por el bien del país que no soportaría una guerra civil, exijámosle al hoy presidente Petro lo que prometió en campaña como candidato y para que le creyeran lo plasmo en un documento notariado, que respetaría y garantizaría la propiedad privada, promesa ratificada el día de su posesión cuando juro defender y cumplir la Constitución, de lo contrario no le espera al país un futuro en paz sino tiempos borrascosos de conflicto social.
