¡Universidad que no goza de autonomía no es Universidad!
Este 8 de junio el movimiento estudiantil en Colombia conmemora el Día del estudiante caído, que tuvo su origen en el asesinato a mansalva del estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Gonzalo Bravo Pérez, quien participaba de una marcha de protesta por la masacre de las bananeras y el nombramiento como Jefe de Policía de Bogotá, nada menos que al Teniente Carlos Cortés Vargas, el mismo que ordenó disparar contra los huelguistas de la United Fruit Company ese aciago 6 de diciembre de 1928. 25 años después, en el curso de una movilización conmemorativa de esta fecha luctuosa, el 8 de junio, fue asesinado alevemente el estudiante de Medicina, también de la Universidad Nacional, Uriel Gutiérrez y al día siguiente 11 más fueron víctimas fatales de la represión por parte de la fuerza pública.
Esta fecha es la ocasión propicia para volver sobre la Autonomía universitaria, hoy en grave predicamento, como una de las conquistas más preciadas del Movimiento estudiantil colombiano que alcanzó su clímax en la gran gesta del Movimiento estudiantil de 1971, el cual en un Encuentro nacional que tuvo lugar el 13 y 14 de marzo, con la participación de 30 universidades aprobó el Programa Mínimo de los estudiantes colombianos, el cual contempló como primer punto la Autonomía de la Universidad y el cogobierno, integrando los consejos superiores única y exclusivamente con representantes de los estamentos universitarios.
Y lo logramos, cuando el entonces Ministro de Educación Luis Carlos Galán Sarmiento expidió el Decreto 2070, con lo cual se logró derrocar la autocracia que había impuesto el denominado “Ducado” (en referencia a los rectores Luis Fernando Duque y Luis Duque Gómez de las universidades de Antioquia y Nacional, respectivamente).
Ello le desbrozó el camino a la Autonomía de las universidades, consagrada en su artículo 69 que a la letra reza que “se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Podemos afirmar, entonces, que la Autonomía universitaria, lejos de ser una concesión graciosa por parte del Estado, fue una conquista del Movimiento estudiantil!
Cuando afirmamos que la Autonomía está en grave predicamento, nos referimos a los deplorables acontecimientos que se vienen dando en la Universidad Nacional a propósito de la decisión tomada por el Consejo Superior designando como Rector al profesor José Ismael Peña, la cual fue cuestionada por la Ministra de Educación Aurora Vergara, al punto de negarse a dar curso a su posesión, que terminó dándose ante el Notario 14 de Bogotá.
La razón esgrimida por la Ministra, quien presidió la sesión del CSU y por otros miembros del mismo fue su desacuerdo con el procedimiento seguido para su elección, basado en la teoría de juegos, el cual llevó a que el profesor Leopoldo Múnera, quien se había impuesto en la consulta previa entre los estamentos de la Universidad no fuera el favorecido en la votación. Esta confrontación llevó a la parálisis de las actividades académicas de la Universidad y a un conflicto interno no resuelto hasta la fecha.
Sin pretender tomar partido por ninguna de las dos partes contendientes, es claro que, de acuerdo con los Estatutos vigentes, el resultado de dicha consulta no es vinculante, aunque a mi juicio, consecuente como mi defensa de la autonomía universitaria y la democracia, esa es parte de las reglas de juego, las que no se pueden cambiar después de terminado el partido si el resultado del mismo no me favorece. Lo dice muy claro y lo admite el profesor y catedrático emérito de la Universidad Nacional, quien ha disentido de la decisión tomada por el Consejo Superior Rodrigo Uprimny: “la autonomía universitaria consiste en que las autoridades y los estamentos universitarios son quienes deciden, conforme los Estatutos internos, sobre los asuntos administrativos, académicos y presupuestales de la institución”.
Este fue el mismo argumento que llevó al Juzgado 37 administrativo a admitir una acción de tutela interpuesta por el Rector electo, dejando en firme su nombramiento y “sin efectos jurídicos la Resolución 7480 del 15 de mayo de 2024, que ordenaba designar un Rector” encargado, expedida por el Ministro de Educación ad hoc Juan David Correa, designado para el efecto al declararse impedida la titular, Y fue mas lejos al advertir que dicha determinación “vulneró el derecho al debido proceso y la autonomía universitaria” y ordenó al Gobierno “que se abstuviera de violar la autonomía universitaria” y evitar así su intromisión e interferencia en los asuntos internos de la Universidad imponiendo su omnímoda voluntad.
En medio de semejante trifulca, la actitud y las desatinadas decisiones tomadas por parte del Gobierno han terminado atizando la conflictividad interna y ahora el embrollo es mayor, después que se convocara nuevamente al Consejo Superior procediendo a dejar sin efecto la elección del profesor Peña y a designar en su lugar al Profesor Múnera, contencioso este que queda en manos del Consejo de Estado, que será quien tenga la última palabra. El riesgo mayor es que el Gobierno Nacional se salga con la suya, porque de prosperar su intento de intervenir y controlar la Universidad Nacional, llevándose de calle su autonomía, iría por más y sólo faltaría tiempo para que hiciera lo propio con las demás universidades, tanto públicas como privadas.
