De nuevo con ustedes, amables lectores.
En algún momento tenía que frenarse el desmedido crecimiento de abogados que se gradúan e inscriben para ejercer la profesión. Ahora podrán graduarse, pero deberán superar el Examen de Estado si quieren litigar. Datos del Ministerio de Educación informan que hay 144 programas de pregrado en derecho y cifras de la Unidad Nacional de Registro de Abogados (URNA) indican que, a 2023, había más de un millón trescientos mil abogados inscritos, siendo nuestro país el que más abogados tiene. Entre 1992 y 1996, el número de abogados creció un 472%.
Con la Ley 1905 de 2018, menos abogados van a ejercer su profesión. La ley aplica a los estudiantes que iniciaron estudios de derecho a partir del 28 de junio de 2018. El estudiante graduado de abogado, para ejercer la profesión, deberá aprobar el Examen de Estado que realizará el Consejo Superior de la Judicatura o una Institución de Educación Superior acreditada, requisito obligatorio para obtener la Tarjeta profesional de abogado. Así habrá dos clases de abogados: los titulados sin Tarjeta profesional que no aprobaron el examen y los certificados que lo aprobaron y obtuvieron su Tarjeta profesional. Por lo tanto, cobrará relevancia decir en el poder “abogado titulado y en ejercicio de la profesión”, para diferenciar al abogado titulado con Tarjeta profesional del que no la tiene. Hace tiempo, la expresión se usaba para distinguir al abogado titulado del abogado “juramentado” sin ser titulado.
La superpoblación de abogados es consecuencia de la cantidad de facultades de derecho; de la facilidad que hay para estudiar esta carrera de manera virtual, a distancia, o el fin de semana; o tal vez porque se cree que no exige mucho esfuerzo estudiarla; o se volvió negocio para las universidades vender el programa de derecho sin importar la calidad académica. Lo cierto es que estudiar esta carrera se “perrateó” y siento vergüenza al decir que hasta los peores criminales la estudian en prisión para redimir su pena. ¿Qué pasará con las universidades “de garaje” que funcionan como “fábrica” de abogados? En Colombia es fácil ofrecer la carrera de Derecho, solo se necesita un espacio físico, unos pocos libros jurídicos, varios salones y algunos profesores. Hay mediocridad en el campo del ejercicio profesional del derecho – es verdad – pero en eso tienen su cuota de culpa el mismo Estado y las facultades de derecho responsables de la trascendental misión de formar el recurso humano que son los abogados.
Los organismos competentes del sector educativo deben vigilar, ejercer control y evaluar periódicamente los programas de derecho, la preparación y calidades de los docentes, la logística e instalaciones físicas de las facultades de derecho; que tengan buenas bibliotecas jurídicas completas, acceso a la tecnología, que las prácticas de los estudiantes sean rigurosas, con evaluaciones exigentes, y que el programa ofrecido tenga estándares de alta calidad, entre otros aspectos importantes. En Colombia, pocas facultades pueden llamarse verdaderamente “de derecho” y formar buenos abogados. La mayoría se ubican en un nivel apenas medio de calidad y no gozan de prestigio; funcionan en cualquier lugar y sus egresados salen mal preparados para ejercer, con mucha teoría y poca praxis. Muchos no aprobarán el examen de idoneidad para ejercer la profesión de abogado.
La Ley 1905 de 2018 se quedó corta porque este examen de idoneidad profesional para abogados también debería aplicarse a jueces, fiscales y magistrados para ser evaluados como parte integral de su calificación de servicios, pues ejercen como abogados en calidad de operadores judiciales. Hay mucha mediocridad en la judicatura y con el examen de Estado de sus funcionarios se elevaría el nivel intelectual y académico para mejorar la calidad de sus decisiones jurídicas y desempeñar con eficiencia su función, estando obligados a estudiar y actualizarse permanentemente para prestar un buen servicio público de justicia.
Informa el portal de la rama judicial que 5,325 profesionales egresados y graduados de Derecho se inscribieron para presentar el examen de Estado de idoneidad de la Ley 1905 de 2018, que se llevará a cabo el 20 de octubre de 2024. Esto demuestra el creciente número de profesionales que siguen aspirando a ejercer como abogados. Si el Estado continúa aprobando facultades de Derecho a tutiplén, en poco tiempo la población de abogados se duplicará y lo peor, serán abogados frustrados por haber cursado cinco años de estudios en cualquier universidad, haberse graduado y no poder ejercer su profesión por no aprobar el Examen de Estado.
Bienvenido todo lo que se haga en pro de elevar el nivel educativo y profesional de los abogados, lo cual debe comprender a las Facultades de Derecho, estudiantes en proceso formativo y personal docente, y en ese sentido la Ley 1905 ha dado el primer paso positivo.
