Largos itinerarios tienen estos días los precandidatos al congreso y a la presidencia de la república. Desde los cuatro puntos cardinales del país llegan imágenes de los aspirantes en reuniones presentando su propuesta política; no obstante, a muchos de los participantes de esas reuniones no les interesan los discursos sino tener la oportunidad para acercarse al candidato para ver que les trajeron o pedir algo a cambio del voto. Las personas no han comprendido que esas practicas están tipificadas como delitos, por eso desde esta tribuna quiero ilustrar sobre la ilicitud de las conductas para que después no digan que no sabían.
En Colombia se han asumido como normales algunas actuaciones reprochables que pueden tener como consecuencia jurídica desde multas hasta la pena privativa de la libertad, es decir cárcel, en el caso de los delitos. Cuando el responsable es un funcionario público puede conllevar a sanciones que van desde multas hasta destituciones, suspensión del cargo e inhabilidad general. Por ello es oportuno señalar que El Código Penal Colombiano pasó de tener 11 delitos electorales a 16, los cuales se pueden presentar a lo largo del proceso y por diferentes actores. Estas conductas antijurídicas logran deslegitimar los resultados pues atentan contra la transparencia de los ejercicios que a la postre terminan afectando la gobernabilidad y gobernanza del “elegido”.
Señalo que los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Actualmente se consideran como tales los siguientes: 1. Perturbación del Certamen Democrático 2. Constreñimiento al sufragante. 3. Fraude al sufragante. 4. Corrupción al sufragante. 5. Voto Fraudulento 6. Favorecimiento al voto fraudulento. 7. Mora en la entrega de documentos relacionados con una elección. 8. Alteración de resultados electorales. 9. Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula. 10. Denegación de Inscripción. 11. Fraude a Inscripción de cédulas. 12. Tráfico de votos. 13. Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. 14. Violación de los topes o límites de gastos de las campañas electorales. 15. Omisión de información del aportante. 16. Elección Ilícita de candidatos.
En esta primera entrega señalo “la corrupción al sufragante” conocido comúnmente como compra de votos, entre tantos delitos el de mayor ocurrencia, aún así, no reconoce socialmente como tal. Este se presenta cuando se promete, paga o entrega dinero o cualquier obsequio a un votante para que vote en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo. Lo que quiero precisar en este escrito es que tanto el que “vende” como el que “compra” el voto, comete el delito, la diferencia está en las penas pues estas pueden variar dependiendo de la posición.
A muchos amigos que se pasean con planillas recogiendo firmas a todo quien se le atraviese para mantener su contrato en las administraciones gubernamentales, entidades públicas o privadas les informo que esa conducta también está tipificada, teniendo en cuenta que su accionar implica obligar a una persona con violencia moral a hacer algo en contra de su voluntad, afectando su libertad para decidir. El delito de las planillas se llama constreñimiento al sufragante, para que sepan amiguitos.
Para aquellos que se acostumbraron a negociar lotes de votos de personas como la figura del endoso de votos que traté en un artículo anterior, les informo que está tipificado el delito de tráfico de votos como la acción de ofrecer los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva con la finalidad de que dichos ciudadanos consignen su favor de determinado candidato, partido o corriente política, voten en blanco, se abstengan de hacerlo o lo hagan en determinado sentido en un plebiscito referendo, consulta popular o revocatoria de mandato. Pilas con esto “líderes comunales, deportivos o gremiales”.
Nuestra sociedad, todos sus estamentos y grupos sociales, han sido permeados por delincuentes electorales, en gran parte gracias a las dádivas y presiones burocráticas que logran manejar.
Adicional, a los modelos de ejercicio político sin principios, han despojado a los procesos y campañas electorales de los mínimos umbrales axiológicos para garantía de la democracia, cargando de estímulos que fortalecen los antivalores anteponiendo intereses particulares a los generales, retrasando considerablemente el surgimiento de escenarios que viabilicen una verdadera transformación social.
