Si hay una nación que necesita de reformas y actualizaciones, es Colombia, en diferentes estamentos, instituciones y autoridades. Se requieren cambios en política, salud, justicia, pensiones, Códigos: civil, laboral, comercial, ambiental, electoral, notarial, agrario, seguridad y penitenciarios; entre otros. De igual forma, también se necesitan reformas en los procedimientos penal, de familia, adolescencia, administrativo, etc.
El gobierno del presidente Gustavo Petro solo ha logrado la aprobación de una sola reforma, la tributaria, la cual ha tenido la mala suerte de estar siendo mutilada por la Corte Constitucional, que validó la deducción de los pagos de regalías para descontarlos en la liquidación del impuesto de renta. En cuanto a las demás reformas, no ha sido posible avanzar debido a desacuerdos en intereses particulares e imposiciones de criterios radicales. Cuando lo que se necesita es concertación y entendimiento para superar graves crisis crónicas que nos afectan y se agravan por motivos de fanatismo, falta de mermelada u odios, que frustran cualquier iniciativa en el Congreso de la República.
La reforma a la salud está en cuidados intensivos, con amenaza de hundimiento por la mayoría de los senadores de la Comisión Séptima del Senado, que avala el ritmo operativo esencial de la EPS, donde solo tres de más de 30 que vienen operando en el territorio nacional, de las referidas aseguradoras de salud, disponen de fortalezas financieras para garantizar la atención y prestación de servicios a largo plazo. Las demás están intervenidas, y otras están en quiebra para la liquidación total de la empresa de salud. Cinco de los 14 senadores de la Comisión Séptima estarían impedidos por recibir aportes económicos como apoyo electoral del partido que avala.
Los defensores de las EPS no aceptan que se les quiten las administraciones relacionadas con transferencias de recursos económicos girados del presupuesto nacional. Estos recursos son retenidos por entidades financieras, a cambio de retribuciones a las EPS, que a su vez incumplen con las IPS, perpetuando así la cadena de incumplimiento con obligaciones laborales y proveeduría de bienes y servicios relacionados con la salud.
Algunas EPS han tomado los recursos de salud para destinarlos a construir clínicas y comprar equipos de variados servicios, monopolizando la rentabilidad originada de servicios de salud operados por empresas privadas con recursos económicos destinados preferencialmente para los pagos de las obligaciones causadas en operaciones y atenciones hospitalarias y clínicas.
En lo relacionado con la reforma a las pensiones, debe definirse el reconocimiento de pensiones por disposición legal en los términos de cotizaciones y edad para quienes devengan uno, dos o tres salarios mínimos; quienes no alcanzan ni con 40 años de trabajo a acumular el monto mínimo requerido en los fondos privados ($300.000.000) para que se les reconozca un salario mínimo de pensiones de vejez. Así radican las diferencias de dos formas de pensiones: unas se reconocen por ahorros y otras por término de servicios y edad. La edad no es limitante para reconocer una pensión por ahorro. Una persona puede pensionarse en fondo privado con 40 años, siempre y cuando deposite la cantidad de dinero exigida por los fondos. En Colpensiones se reconoce por semanas cotizadas y edades determinadas por la ley, para hombres y mujeres.
El proyecto de reformas radicado inicialmente por el gobierno del presidente Gustavo Petro no es el de acabar con los fondos privados, sino de facilitar los derechos legales de pensiones que están en peligro de no reconocer jubilación por vejez en los fondos privados para aquellos afiliados que devenguen menos de tres salarios mínimos.
La protección legal es un deber que le asiste al mandatario para prevenir que a muchas personas, con más del tiempo dispuesto por la ley, se les niegue el reconocimiento de pensión de vejez por ahorro, compensándoles con el pago de indemnización sustitutiva de pensión, como ha venido ocurriendo con muchas víctimas.
Si no se aprueban las reformas de pensiones, el gobierno debe destrabar las limitaciones impuestas por los fondos privados para que no se cambien a Colpensiones los mayores de 47 años, cortando y violando el derecho de libertad de que deben gozar las personas afiliadas para mantenerse o cambiarse entre los operadores de pensiones, público y privado.
El proyecto de reforma de gobierno establece que los que ganen menos de tres salarios mínimos se afilien a Colpensiones para que no pierdan el derecho de pensión y los que devenguen más de tres salarios mínimos se afilien a los fondos privados; sin embargo, la reforma está empantanada porque los fondos no están de acuerdo con perder los afiliados que ganen más de un salario y medio mínimo. El gobierno, en concertación para la aprobación de la reforma, redujo de 5 salarios a tres, pero la rebaja no es del gusto de los fondos privados y los congresistas lo apoyan contra el gobierno.
Las reformas política, laboral, electoral, justicia y otras quedarán en veremos por cerrarle la oposición la viabilidad de aprobación por caprichos politiqueros o falta de mermelada que escurran algunos congresistas opositores para enfrentar debates y romper el cuórum retirándose del recinto en prácticas de sabotajes y corrupción.
El presidente Gustavo Petro, en vista de que el Congreso les niega aprobar las reformas que pone en consideración, tomará la vía de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Las reacciones en el Congreso y el ambiente popular están exaltadas por quienes rechazan y apoyan la propuesta del presidente Gustavo Petro.
Le recomendaría al señor presidente que primero convoque una Consulta Popular para que sea el pueblo que se exprese apoyándola o rechazándola votándola Sí o No para que el presidente y Congreso respeten el resultado y no rebasen atribuciones prevaleciendo la soberanía popular que está por encima de la dirigencia de partidos políticos en el régimen democrático.
