En defensa de la libertad de opinión
“En un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres” – Suetonio
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 20 de nuestra Constitución garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, así como el derecho de informar y recibir información veraz e imparcial y de fundar medios masivos de comunicación.
No conozco personalmente a la señora Vicky Dávila ni he cruzado palabra con ella. La conozco, sin embargo, como una gran periodista, consagrada a esta digna profesión durante más de treinta años y actualmente directora de la Revista Semana. Como periodista y colega, más allá de defenderla a ella, desde esta columna defiendo al periodismo libre y el derecho de los periodistas a informar y mantener la reserva de su fuente cuando, en el ejercicio de nuestra profesión, denunciamos hechos. En el caso de Vicky, lo hago independientemente de su ideología política o del apellido de su esposo, y protesto contra cualquier forma de violencia que se cometa en su contra debido a su oficio periodístico.
Para mí, Vicky Dávila es una persona decente, una periodista valiente que se ha atrevido a investigar y denunciar hechos de corrupción del gobierno, y por ello no debe ser perseguida por nadie, mucho menos por el presidente de la República. Al señor presidente no le queda bien ofender su dignidad de mujer tratándola de “muñeca de la mafia”, expresión que dio lugar a que el Consejo de Estado fallara una acción de tutela en su contra, ordenándole retractarse.
La prensa es un pilar de la democracia, sustentado constitucionalmente en la libertad de opinión. El rol de la prensa y del periodista no solo es informar, sino también cuestionar y ser críticos de la actuación de las autoridades públicas. En una democracia, la prensa ejerce una especie de “control social” y, por eso, se le considera el “cuarto poder.” Cumpliendo su rol, Vicky ha denunciado hechos de presunto carácter delictivo respaldados con pruebas suficientes, tanto que han servido a las autoridades para iniciar investigaciones penales. Ahí están los procesos penales abiertos; no han sido calumnias o inventos de la periodista. Sin una prensa libre, casos como Watergate, Odebrecht, Ungrd, Aída Merlano, el proceso 8.000 y tantos otros escándalos nunca habrían sido destapados a la luz pública.
Lo peligroso de este caso es el intento de intimidar —y acallar a Vicky— utilizando la justicia en su contra. La Fiscalía ha abierto una noticia criminal basada en una denuncia sin pruebas (como se ha informado), lo cual representa una amenaza directa contra el periodismo en un Estado Social de Derecho. Cuando en una democracia se usa la justicia para perseguir, se transita rápidamente hacia una dictadura, donde se eliminan el derecho a opinar y la libertad de prensa.
Grave lo que denuncia la señora Vicky Dávila, quien afirma sentirse intimidada por el gobierno de Gustavo Petro y por su “fiscal,” Luz Adriana Camargo, por la denuncia en su contra, que busca judicializarla para interceptar sus comunicaciones y descubrir sus fuentes periodísticas.
La señora fiscal, cuestionada por su silencio frente a investigaciones que heredó y sobre las cuales no informa ni muestra avances, debe garantizarle a Colombia que no tiene ningún sesgo político en relación con la denuncia contra la periodista Vicky Dávila. Debe actuar con imparcialidad para disipar sospechas de que su cargo está al servicio de los intereses del gobierno y no de la justicia, como corresponde. Es su responsabilidad demostrar que no es una “fiscal de bolsillo.”
Llama la atención y despierta sospechas el hecho de que la denuncia contra la periodista fue presentada por un ciudadano identificado como “petrista,” incluso visto en una foto abrazado con el presidente, y que esta denuncia, sin pruebas, fue priorizada con rapidez. Esto contrasta con las miles de denuncias que se presentan diariamente ante la Fiscalía y que tardan meses en ser tramitadas.
Por el bien de la libertad de opinión, el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa, este caso debe ser objeto de veeduría por parte de toda la sociedad. Porque lo que está en riesgo, de consumarse un abuso o arbitrariedad contra Vicky Dávila, es la subsistencia misma de la democracia.
