¡En Colombia urge acuerdo fiscal!
Gran parte de la sociedad colombiana vive momentos de incertidumbre en gran parte por los anuncios presentados por el actual gobierno, esto es normal si se desea implementar grande cambio y e debe recordar que todo cambio trae traumatismo. Desde hace tiempo Colombia padece problemas sociales, de desajuste institucional y profundas deficiencias en seguridad, salud, educación y otros, y viene siendo regida por un modelo económico que mantiene el desempleo y produce la informalidad para la mitad de la población laboral, con la consecuente desprotección en el campo de la seguridad social. Estos y otros problemas, que ya se habían diagnosticado, salieron a flote como consecuencia de la pandemia y sus devastadores efectos.
Ahora bien, combatir el desempleo, la pobreza financiera y propiciar la recuperación de la actividad económica, a nivel macroeconómico hay razones para pensar que la atención debe centrarse en reducir el desempleo masivo y la pobreza por ingresos, fenómenos que afectan con angustia a los jóvenes y algunos departamentos como el Choco y La Guajira.
Si bien el desempleo ya era alto, se disparó en el curso del COVID 19. Algo similar ocurrió con la pobreza monetaria, un flagelo asociado al desempleo. Muchas actividades económicas de diverso tipo, desde industriales y agrícolas hasta ventas informales, se vieron gravemente perjudicadas por la pandemia y la recesión.
Es importante cuidar la estabilidad del nivel general de precios, por ahora la inflación es alta, está dentro de las metas fijadas por las autoridades económicas. En cambio, el desempleo y la pobreza monetaria están desbordados. La Constitución ya fija un norte para estas circunstancias: “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos”.
Si esas son las prioridades según nuestra Constitución, la siguiente pregunta es ¿qué hacer al respecto? Es fundamental entender que las políticas fiscales expansivas contrarrestan y abrevian la crisis económica, mientras que la austeridad fiscal la profundiza y la prolonga. Esto implica reconocer que se requiere incurrir en gasto público escaso y mantener temporalmente un nivel de endeudamiento público alto. Mantener una política monetaria expansiva también contribuye a reanimar la demanda agregada, que en esencia quiere decir reanimar el consumo de los hogares y la inversión en los negocios. Hay debates entre economistas sobre el tema, pero el peso de los argumentos teóricos y de la evidencia empírica de muchos en este sector inclinan la balanza en la dirección indicada.
Desde luego, es fundamental escoger bien el tipo de gasto público que se realiza. Al margen del nombre que reciba (Ingreso Solidario, renta básica, etc.), un programa de apoyo a los ingresos de los hogares con alta incidencia de desempleo y pobreza monetaria resulta necesario, mínimo mientras se supera la recesión, evaluada en términos de nivel de empleo. El establecimiento de programas de empleo de emergencia, regulados a nivel nacional pero implementados por las entidades territoriales, también merece ser considerado con urgencia. El subsidio a la nómina de las empresas parece haber tenido un efecto positivo en algunos casos, aunque caben mejoras en su diseño.
En la presente coyuntura (mientras persista la crisis), no es aconsejable elevar el nivel de tributación pues ello afecta el ingreso disponible y los gastos de los hogares y los negocios, con consecuencias adversas sobre el empleo y la pobreza. Que el actual gobierno opto por presentar un nuevo proyecto de reforma con mira a aumentar el recaudo tributario, esta reforma debe darle prelación a la tributación progresiva, mediante instrumentos como el impuesto a las verdaderas riquezas y el impuesto sobre la renta.
Como lo vimos en las protestas contra del anterior proyecto de reforma tributaria, es importante prestar atención no solo al aspecto financiero de los impuestos, sino también a su papel en la construcción de una sociedad democrática; no solo al tamaño de la carga tributaria, sino también a su distribución entre los contribuyentes. “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”, determina la Constitución del 1991 y ese debe ser el norte a lo aquí expuesto.
