Qué inmensa falta le hace a Colombia, el inmolado Álvaro Gómez Hurtado. Sin duda alguna, era el último estadista visionario que le quedaba a este país. Qué lástima, que el partido Conservador, no haya honrado su legado. Por el contrario, se dedicaron a fomentar lo que Gómez Hurtado, atacó todo su vida, el régimen de los pactos, compromisos y complicidades.
Este perverso sistema de corrupción fue impulsado en el gobierno de Juan Manuel Santos, a través de los famosos “cupos indicativos” que le otorgó a los congresistas que le ayudaron, junto con Odebrecht, a ser reelegido. En el gobierno de Iván Duque, los pactos y compromisos, fueron diseñados por su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y ejecutados a través del Sistema General de Regalías, OCAD Paz, el Fondo de Fomento Agropecuario y el Departamento de Prosperidad Social -DPS- y ministerios. En el actual gobierno, donde existía la esperanza de acabar con este régimen corrupto, lo que hicieron fue multiplicarlo. Las facturas de la aprobación de varias reformas en el Congreso, se cobran por ventanilla en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGR), Fiduprevisora, Colpensiones y varios ministerios. La Corte Suprema de Justicia, ya tiene en la mira a dos representantes conservadores costeños y a un senador paisa, por esta retorcida práctica.
Este régimen de pactos y complicidades, entre el sector público y privado, comienza con los apoyos económicos a las campañas presidenciales, congreso de la República, gobernaciones y alcaldías. Son aportes económicos que posteriormente se convierten en facturas o pagarés, que se canjean por altos cargos burocráticos, millonarios contratos o leyes que benefician los intereses de un sector específico de la economía. Para garantizar los recursos públicos que se van a robar durante los cuatro años, las coaliciones en el congreso de la República, asambleas departamentales y consejos municipales, se ponen de acuerdo para aprobar los presupuestos, rubros de destinos y programas de inversión, al gobierno y entes territoriales.
En las regiones, el modus operandi para robarse los dineros públicos, comienza con la aprobación de millonarios cupos de endeudamiento que terminan gastándoselos en cemento, ladrillos y concreto, a través de licitaciones amarradas, que, por lo general, terminan con adiciones presupuestales. Ellos, destinan el presupuesto del primer año, para pagar las deudas de sus campañas electorales y compromisos burocráticos; el presupuesto del segundo y tercer año, lo destinan a pagar coimas a los diferentes actores en la cadena de corrupción; y el presupuesto del cuarto año, lo reservan para gastos de la nueva campaña electoral, honorarios de abogados y coimas para sobornar a funcionarios que les abren alguna investigación disciplinaria, fiscal o penal.
Este perverso régimen político, no solo logró legalizar la corrupción, también la convirtió en un tema cultural con status social. Además, cuentan con los mejores sistemas de testaferrato y lavado de activos. Prácticamente, han instituido una nueva economía emergente formal basada en la ilegalidad. En Colombia, es más rentable ser político que narcotraficante.
Para erradicar este perverso régimen político y la bolea de bandidos que lo administran, se requiere un Bukele colombiano, y por ahora, no lo veo en la baraja de precandidatos presidenciales para el 2026.
