El Caribe se quema con los altos costos de la factura de energía
Se acerca diciembre y pareciera que lo único que pudiera iluminar los árboles navideños de las familias caribeñas serán las facturas de energía que brillan pero no por su luz, sino por los altos costos y el incremento exagerado que este servicio ha venido teniendo en los últimos años.
Y es que, a principios de 2023, miles de familias vieron con desesperanza cómo se empezó a incrementar el costo del kilovatio en las tarifas de energía y esto gracias a una sumatoria de arandelas en el recibo de energía como el servicio de aseo, el alumbrado público y otros costos generados por las pérdidas de las empresas operadoras; eso sí, sin la garantía de la prestación de un servicio público óptimo.
Como bien se sabe, es tarea del Estado intervenir efectivamente para garantizar, entre otras, que las operaciones privadas de servicios públicos favorezcan a la ciudadania. Es por eso que hay que ponerle la lupa al sistema tarifario de energía especialmente de los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira que presentan las situaciones más críticas en esta materia.
He ahí la importancia de buscar soluciones que en el corto plazo acaben con la insatisfacción de las familias por causa de este problema y como si fuera poco que genere descontrol y caos. Cuando se pensaba que los costos de las facturas bajarían y que por el contrario estos se fueron incrementando sin explicación lógica, trajo como consecuencia una violencia contra trabajadores de las empresas prestadoras del servicio (AIR-E y AFINIA), algo también inaudito.
Es por ello que se necesita con urgencia superar las diferentes problemáticas que se desprenden de un sistema sin fórmula efectiva para regular las tarifas energéticas de manera justa. Y para lograrlo presentamos el Proyecto de Ley 220, cuyo segundo debate se surtirá próximamente en la Plenaria del Senado; proyecto que requiere de un debate positivo, a conciencia y que cuente con el apoyo de todas las bancadas.
Con su debate amplio y suficiente estamos dando pasos de gigante para que, además de favorecer las necesidades de los ciudadanos, las acciones de la CREG, como ente regulador y de vigilancia, asegure a las comunidades bienestar y desarrollo mediante el acceso digno a este servicio público.
Este proyecto de ley será el oasis que necesitan especialmente los estratos 1 y 2, ya que evitará los cobros desmedidos de hasta el 10 % sobre el valor de la factura de energía, sin comprometer la calidad y accesibilidad del servicio a la vez que ofrece unas tarifas justas para aliviar el bolsillo de los caribeños y de todos los colombianos.
Sin más vueltas agradezco el apoyo del ejecutivo, en cabeza del presidente, que reconoce la importancia de darle vida a este proyecto. Entre otras cosas, porque coincide con la propuesta que hacemos en cuanto a la necesidad de regular el impuesto para que “cumpla con su propósito de financiar el alumbrado público de manera justa y efectiva, sin imponer cargas innecesarias a los ciudadanos ni a las administraciones locales”, reza en el proyecto.
Sin embargo, paradójicamente, el esfuerzo en el que trabajamos ardúamente desde el Congreso para mejorar la vida de los colombianos en materia energética nos deja una gran sinsabor y surge la pregunta: ¿por qué este proyecto ha tenido tantos obstáculos por parte del legislativo? No podemos permitir que la falta de apoyo frene esta iniciativa sin razones que lo ameriten.
Extiendo la invitación a todas las bancadas para que este proyecto de ley siga su curso y se surta en su mejor versión para favorecer a toda la ciudadanía. Con este avance en el corto plazo nos acercamos cada vez más hacia un futuro de alternativas sostenibles que permitan mejorar la vida natural de los colombianos y favorecer su economía con la reducción de los costos de energía en las regiones.
