En varias oportunidades he expresado la necesidad de que Colombia emprenda modificaciones profundas en aspectos que no funcionan bien y son cruciales para la consolidación de nuestra condición democrática, el mejoramiento del engranaje institucional y la búsqueda de una sociedad más justa, para lo cual necesita una reforma de la constitución política (CP) que no se logra conseguir por el Congreso nacional.
Encuentro dos tipos de argumentos que se oponen a este planteamiento. El primero es que el énfasis de una sociedad debe recaer en su desenvolvimiento natural, llenarla de oportunidades de trabajo y emprendimientos, y que nos distraemos mucho en los temas normativos, como si reescribir la constitución nos diera lo que no hemos conseguido con la espontánea actividad empresarial que dinamiza, esa sí, la vida patria.
El segundo argumento, grosso modo, y lo esboza la Corte, se basa en que no hemos desarrollado lo suficiente la CP/91 como para iniciar un cambio trascendental sobre ella.
La primera afirmación es la que guía a muchos profesionales apáticos de la política, que acuden a las elecciones con alguna prevención, participan en las críticas diarias al ejercicio del poder, pero prefieren no entrar en detallados análisis del funcionamiento orgánico de los poderes públicos, pues lo de ellos es la encomiable tarea de hacer empresa y trabajar para sacar adelante este país. Olvidan, sin embargo, que cada peso que derivan de sus titánicos esfuerzos tiene otro dueño, el gobierno, socio hambriento de sus ganancias, desperdiciador en muchas ocasiones de su tajada tributaria y elegido con su apoyo, en contra de él o, en el peor de los casos, por su apatía. De manera que a ellos los invito a participar con más energía que antes, en aras de sacudir esta barca llena de lastre en la que navegamos.
A los segundos, les diría que la rigidez normativa no ha sido nunca propia de la CP colombiana, pues ya vimos que a la actual le han puesto y quitado la reelección, le han modificado su sistema de participación política, le han abierto los parágrafos para que quepa más país en las decisiones que muchas veces no se toman por conveniencia nacional sino particular, en fin, cuarenta y cinco reformas en sus 33 años de vida, más de una anual en promedio. Y seguimos necesitando algo más que cambiarle, que no se podrá hacer nunca por vía congresional: la reforma del mismo parlamento, tan inclinado hacia el lado negativo de la balanza democrática. La reforma a la justicia, que se ahoga en la orilla de las iniciativas perversas de “micos” que le cuelgan para favorecer intereses secundarios, casi que delictivos. Enfrentar con seriedad el problema de la autonomía regional, sus responsabilidades y compensaciones tributarias, al igual que la gran línea que hay que tirar para mejorar la educación, más que la formación, de las generaciones que aún no nacen y sus otros beneficios y responsabilidades sociales, todas ellas suman una verdadera jornada constituyente que me gustaría ver operando.
Hoy, se alborota de nuevo el cotarro con la encomienda que le da el presidente Petro a su nuevo ministro del Interior. Dice: “Primero que una constituyente es el poder constituyente y el acuerdo nacional sobre los temas”. Y propone nueve.
Su planteamiento despierta muchas dudas. ¿Está realmente proponiendo el mandatario algo estructural, ponderado, acorde a lo normativo, o por el contrario seguirá buscando ahogados sociales río arriba, con seguidilla de amenazas si no se aprueban los cambios a su manera? ¿Está dejando puertas abiertas hacia despeñaderos con la diferenciación entre poder y asamblea constituyentes?
El poder constituyente es el que proviene de quienes conforman una sociedad para darle un orden normativo dentro del cual puedan actuar en el ejercicio de sus derechos y con sus obligaciones civiles. Es primario cuando se ejerce al inicio de la conformación de la convivencia, o derivado cuando se hace luego de haber venido operando como cuerpo social. La mención reiterada de Petro del poder constituyente como base de acuerdos sociales para ser considerados en una asamblea posterior, y los temas propuestos refrendan que sigue en busca de la incorporación normativa colombiana de las teorías marxistas caídas estrepitosamente con el muro de Berlín.
Este gobierno está lleno de lluvia de ideas y sequía de realizaciones. De ahí que lo que ha hecho en estos dos años nos lleva a concluir que su impulsividad actual no pasa de ser un nuevo llamado a debatir y debatir, continuar llevando al país de nuevo a los precarios planteamientos expuestos en redes, sin fundamentación, como él mismo reconoce que hace al improvisar cada argumento. No veo a Congreso, Corte y pueblo colombianos llevando a cabo esas tareas por mucho que él insista en ellas, y por mucho que de verdad se necesite reformar del régimen actual, como es mi modesto pensamiento.
Creo que me quedaré sin ver un cambio verdadero en las líneas constitucionales para el ejercicio de la política sana en Colombia. Y mucho menos un cambio real en los elegidos y la supremacía del bien común por encima de los intereses particulares en la conducción del estado. Estoy pensando seriamente unirme al grupo que dice que para qué buscamos cambios en leyes, si lo que hay que hacer es persistir en trabajar y olvidarse de la política.
Pero va a ser difícil dejar de soñar con una Colombia mejor. Nos tocará conformarnos, no con una constituyente sino con un reconstituyente a partir de 2026.
