Edicion septiembre 18, 2024

Air-e: Extorsión Eléctrica en el Caribe Colombiano

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Columnista-  Junior Fragoso Araujo
Columnista-  Junior Fragoso Araujo

El lema de Air-e es “la fuerza que transforma”, y es increíble, sinceramente increíble, que hayan logrado transformar un panorama ya nefasto, heredado de Electricaribe, en una situación aún más caótica y dramática para el Caribe colombiano. Si esto es tan mal negocio, ¿por qué en vez de extorsionar al Caribe, a su gente, no se largan de una buena vez?

Como si no fuera suficiente con las altas tarifas de energía eléctrica en el Caribe, Air-e anuncia que va a suspender el servicio de energía, además, Tienen la osadía de llamar “período de continuidad” a los cortes que van a afectar a casi 40 sectores diferentes en Atlántico, incluido Barranquilla, Magdalena y La Guajira. Cortes que son una vulneración flagrante de los derechos de los ciudadanos, que van a verse limitados en el suministro de un servicio esencial, conexo al derecho a una vida digna. A sectores completos en municipios y zonas determinadas, sin importar que en estos cortes programados haya personas que estén al día en el pago de sus servicios públicos, no tendrán el suministro del servicio por el que pagan. Me pregunto yo, ¿qué va a hacer el gobierno del cambio? ¿Qué les pasa a los funcionarios de este gobierno? ¿Están en la nómina de Air-e y de Afinia?  Le quedo grande al presidente Petro el problema de la energía en la Región Caribe.

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¿Dónde están exactamente los representantes a la Cámara de los tres departamentos afectados por la operación de esta, que ya debemos decir que es una empresa criminal de la cual no somos usuarios, sino víctimas?

Hace un mes, el 9 de junio, se conoció una denuncia publicada por la periodista Paola Herrera sobre cómo la empresa de Alberto Ríos Velilla (Air-e) podría haber manipulado un proceso de licitación para auto comprarse energía y doblar el precio del kilovatio hora en el mercado, una diferencia a favor de $378,000. ¿Y este gobierno no ha dicho nada o ha hecho mucho o nada? ¿Está acaso un funcionario en la nómina de Air-e?

Esta misma periodista dio a conocer que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) había presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superservicios una denuncia que demostraría que Air-e estaba sacando de nuestros bolsillos 100 mil millones al presentar información manipulada sobre inversiones no hechas, pero nos cobraba y eso se reflejaba en unos 86 pesos adicionales al kilovatio hora, casi 500 pesos en el costo final adicional, sacado de nuestros bolsillos vía manipulación en el cobro, en la factura. ¿Y este gobierno no ha dicho o hecho mucho o nada al respecto? ¿Hay acaso funcionarios en la nómina de Air-e? ¿Acaso el superintendente Dagoberto Quiroga Collazos está en la nómina de Air-e y de Afinia?

Este Ministerio de Minas y Energía no escucha a los usuarios, responde peticiones, pero vía tutela. Impactante la respuesta del ministerio, que son tremendamente vagas. ¿Está acaso el ministro de Minas, Andrés Camacho Morales, en la nómina de Air-e o de Afinia?

Es indignante pensar que las autoridades competentes no han tomado medidas más enérgicas frente a estas acusaciones. La falta de transparencia y la presunta connivencia con funcionarios públicos plantean serias dudas sobre la integridad del sistema regulatorio y del gobierno mismo.

Por alguna razón, los medios no están titulando que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario en la Resolución No. 2024820420118616E del 04/07/2024, indicó que Air-e manipula y altera textos legales para confundir a jueces, funcionarios administrativos y a los usuarios. Cuestiono la ética y el conocimiento de sus abogados y al mismo tiempo dijo que es una de sus prácticas, que sabemos está afectando a miles de edificios y centros comerciales, es ilegal.

Es hora de que el Caribe colombiano deje de ser rehén de una empresa que no solo manipula, sino que extorsiona y vulnera nuestros derechos ¿Cuánto más debemos soportar? Es hora de exigir responsabilidad y transparencia, y de garantizar que los servicios públicos esenciales sean gestionados con el más alto estándar de ética y profesionalismo. está creando un conflicto social, que puede derivar en un estallido social.

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