El herbicida glifosato utilizado para la erradicación de los cultivos de coca, esteriliza la tierra por efectos colaterales de las aspersiones aéreas, cuyos resultados nocivos contaminan cultivos de pancoger, sin que los gobiernos de Colombia, ni mucho menos Estados Unidos, asuman responsabilidades reparatorias por tolerar, patrocinar y financiar operaciones de fumigación, ocasionando daños y perjuicios directos e indirectos, como ocurrió en el corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, La Guajira, resultando víctima de deformación humana una niña especial, que aún se encuentra con vida como prueba para mostrar las consecuencias del rocío de fumigación que recibió la señora madre de la niña durante el embarazo, sin que hasta la fecha hayan sus progenitores recibido atención ordinaria ni especial, ni mucho menos ninguna clase de ayuda.
El herbicida fue prohibido en el año 2015 por la Corte Constitucional, debido a los efectos contaminantes y los daños a la salud humana, clasificando el glifosato como un producto cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El uso del herbicida está prohibido en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Escocia, Brasil, Uruguay, México, Unión Europea, Vietnam, Nueva Zelanda, entre otros, porque altera el microbioma del suelo y pone en peligro la polinización con el envenenamiento de abejas y aves.
El glifosato es un producto farmacéutico de origen americano, negociado por Bayer, de Alemania, que adquirió en compra la matriz productora americana Monsanto en el año 2018, asumiendo costos indemnizatorios de demandas a habitantes en Estados Unidos, antes de traspasar los derechos industrial y comercial a Bayer, condicionada a asumir obligación de pagar condena judicial en la suma inicial de USD 7.250 millones de dólares, equivalente a $30 billones de pesos colombianos, para reparar y cubrir una parte de los daños de salud por cáncer, por omitir advertencia relacionada con riesgo y peligro que se origina como resultado de operaciones del herbicida. De haberlo hecho el productor de manera preventiva, lo eximía de responsabilidad y obligación de reparación, según disposiciones estadounidenses.
Más de 130.000 personas en EE. UU. que resultaron afectadas de cáncer como consecuencia de manejos de fumigaciones con glifosato reclaman reparaciones por pérdidas múltiples de vidas, además de quienes se encuentran en atención y tratamientos oncológicos. La farmacéutica Bayer, a sabiendas de los graves daños que causa el producto herbicida, no desiste de su uso por la jugosa rentabilidad que genera en negocios de Estado, en la comercialización de alta demanda en ventas utilizadas en Colombia en fumigaciones, atizando violencias y complacencia sobre pretensiones del gobierno estadounidense, que exige cumplimiento a los gobiernos de turno para garantizar certificaciones, pero no controla el tráfico, comercialización y consumos internamente en sus estados.
No entiendo por qué el gobierno del presidente Gustavo Petro entra en contradicción cuando ejerció como parlamentario en Cámara y Senado, cuestionaba fuertemente las aspersiones aéreas de glifosato en los cultivos de coca, porque generaban contaminación de aire, agua y tierra, deteriorando el uso del suelo. En igual forma, también cuestiona las explotaciones mineras de hidrocarburos y carbón, justificando proteger el medio ambiente y promover educación de ambiente sano, negando y suspendiendo trámites de licencia para las exploraciones y explotaciones de petróleo, gas y carbón; en especial, la negativa de radicar el uso de prácticas relacionadas con tecnología tracking.
Ahora el mandatario, sin opinión ni comentario, reversa tragándose su férrea oposición y autoriza nuevamente las aspersiones con drones, contra una sentencia judicial de prohibición expedida por la honorable Corte Constitucional hace 10 años. ¿De qué sirve el poder judicial, si no hace valer sus decisiones y frena una acción prohibida relacionada con fumigaciones de cultivos de coca? ¿Será que el presidente Petro, por miedo al gobierno de Estados Unidos, ejercido por el presidente Donald Trump, procede a cambiar, violando la prohibición sentenciada?
La clase política guarda un frío silencio, colocándose en entredicho, aceptando de manera pasiva y sumisa las reaperturas de erradicaciones de cultivos de coca con aspersiones aéreas de drones, para ceder bajo amenazas de sanciones o complacer exigencias y pretensiones contrarias al Estado de derecho, no obstante tratarse de producto venenoso para la salud humana y el medio ambiente, por ser contaminante y cancerígeno. ¿De qué sirve nuestro régimen democrático frente a los tres poderes públicos y órganos de control, si permiten imperar órdenes extranjeras sobre las normatividades constitucionales y legales vigentes y jurisprudencias judiciales? ¿En qué quedan o de qué sirve tener instituciones en la República?
Con la fumigación no será nada fácil cumplir el objetivo de erradicaciones masivas de cultivos de coca, de las que sobreviven muchos campesinos marginados y abandonados por el Gobierno nacional, que no garantiza ofertas de servicio laboral ni medios de trabajo en territorios manejados y dominados, a falta de gobierno, por organizaciones armadas delincuenciales al margen de la ley. La operación de aspersión de glifosato tiene un costo de $70 millones por hectárea, un gran negocio sin control, generador de violencia en los territorios donde se lleve a cabo, provocando choques y enfrentamientos de campesinos con el Ejército y la Policía, originando consecuencias impredecibles por oposición y resistencia contra las fumigaciones.
No es lógico fomentar violencia cuando se hace alusión a “paz total”, defendiendo un producto contaminante en el medio ambiente y cancerígeno en la salud humana. De nada han servido las fumigaciones superiores a un millón de hectáreas durante más de 40 años, como tampoco los anuncios de sustituciones de cultivos que no se cumplen, engañando a los campesinos que tienen intenciones colectivas de cambiar el asunto y dedicarse a otros programas agrícolas de cultivos, estructurados con implementación de vías terciarias, garantizando el mercadeo comercial de la producción.
El problema no se resuelve ni subsana regalando dinero a comunidades campesinas para erradicación manual, dejándolos en las mismas. Cuando no puedas con tu enemigo, únete a él, en consolidación de paz. No sigan botando billones de pesos en erradicaciones de cultivos de coca, porque mientras haya demanda y grandes consumos que arrojan jugosos ingresos económicos, no faltarán quienes desafíen restricciones a cualquier costo, perpetuándose conflictos bélicos en medio de terror, horror y sobresaltos, dejando masacres, heridos y muchas víctimas.
