El pasado domingo 19 de octubre se realizaron las segundas elecciones de los Consejos Juventud en Colombia, espacios de participación democrática creados para que los jóvenes, entre 14 y 28 años, puedan incidir en las decisiones y políticas públicas que los afectan.
A nivel municipal y local, estos consejos sirven de puente entre la población juvenil y las autoridades, promoviendo la inclusión de sus necesidades en los planes de desarrollo. Estos Consejos Juveniles se enmarcan en la Ley Estatutaria 1622 de 2013, conocida como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, y modificada por la Ley 1885 de 2018. Este es el marco normativo clave que los rige y los articula en un Sistema Nacional de Juventud que incluye consejos a nivel municipal, distrital, departamental y un Consejo Nacional.
Es importante resaltar que estos Consejos de Juventud tienen cuatro funciones principales:
- Diálogo y Concertación: Los consejeros interactúan con alcaldías y otras entidades para tratar temas de interés juvenil.
- Propuestas: Presentan ideas y proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los jóvenes en su comunidad.
- Vigilancia y Control: Supervisan la gestión pública en lo relacionado con la juventud para garantizar el cumplimiento de las políticas existentes.
- Impulso de la Participación: Promueven la organización juvenil y la defensa de los derechos de esta población.
Pese a ser concebidos como espacios de incidencia política juvenil, los Consejos de Juventud en Colombia enfrentan hoy un escenario adverso. Los testimonios directos, contrastados con fuentes oficiales y de prensa, revelan una democracia juvenil aún precaria, donde la participación choca con la exclusión y el compromiso cívico con la indiferencia estatal.
Aunque la Ley 1885 de 2018 y el Estatuto de Ciudadanía Juvenil contemplan espacios de interlocución directa con el Gobierno Nacional, su cumplimiento es errático. En 2023, por ejemplo, solo se realizó una de las dos sesiones obligatorias entre el presidente y el Consejo Nacional de Juventud.
No obstante, algunos logros dan luces de posibilidad: el programa “Colombia Joven en Territorio” recogió más de 1.700 propuestas para política pública juvenil, y en ciertos municipios se han incluido voces juveniles en los planes de desarrollo. Sin embargo, estos casos son excepcionales. En general, los Consejos operan con escasa incidencia y sin mecanismos claros de seguimiento a sus propuestas.
La falta de mecanismos eficaces de interlocución con las autoridades y la escasa articulación con las entidades estatales generan desmotivación. “Sienten que no se está haciendo nada con respecto a lo que dice la ley”, advierte un análisis de La Silla Vacía.
Las segundas elecciones de los Consejos de Juventud, realizadas el pasado domingo, estuvieron marcadas por un ambiente de expectativa normativa y la persistencia de obstáculos históricos.
La baja participación de los jóvenes sigue siendo un desafío. En 2021, apenas votó el 10% del censo juvenil, y en 2025 la situación no fue diferente, alcanzando solo el 12.82%. Un ejemplo de esto se observa en el municipio de El Molino (La Guajira), donde solo 64 jóvenes acudieron a votar, lo que representa un escaso 2.74% del censo local, y 57 de esos votos fueron para un solo partido. Este panorama deja al descubierto el distanciamiento entre las instituciones y las realidades de las juventudes, especialmente en zonas rurales o afectadas por el conflicto.
Pese a la inversión pública de la Registraduría y la implementación de campañas pedagógicas, los avances aún no logran desmontar las dinámicas de desinformación, exclusión y clientelismo que contaminan los escenarios juveniles de participación política. La inscripción de listas independientes sigue enfrentando barreras logísticas, poca visibilidad y una desventaja estructural frente a los partidos tradicionales, cuyas maquinarias siguen marcando el pulso electoral, como lo demuestra el hecho de que en el departamento de La Guajira muchas listas independientes no obtuvieron voto alguno.
Los Consejos de Juventud son un avance importante y una oportunidad para la democracia desde la base. Pero sin representación real, sin recursos y sin garantías de seguridad, el riesgo de que se conviertan en mecanismos meramente simbólicos es alto.
En respuesta a estos desafíos, un grupo de 26 congresistas radicó un proyecto de ley que propone una reforma significativa al Estatuto de Ciudadanía Juvenil.
La iniciativa, que modifica las Leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018, reconoce el papel estratégico de la juventud como una generación nativa digital con capacidades particulares para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. En ese sentido, plantea la necesidad de fortalecer las estructuras de participación política juvenil como vía para generar cohesión social, inclusión y formación de liderazgos desde temprana edad.
Entre las principales propuestas se contempla:
1. La obligatoriedad por parte de las entidades públicas de incluir a los consejeros de juventud en los espacios donde se definan políticas o acciones que afecten directamente a esta población.
2. Una reforma al sistema electoral de los Consejos de Juventud, permitiendo la utilización de listas únicas y cerradas, o listas abiertas, según corresponda.
- 3. Una de las transformaciones más destacadas es la redistribución de las curules dentro de estos consejos: • 30% destinado a jóvenes independientes.
- • 30% a representantes de procesos organizativos juveniles.
- • 40% restante a partidos o movimientos políticos con personería jurídica.
Esta distribución busca equilibrar la representación y fortalecer el papel de los partidos en la formación de liderazgos juveniles. La propuesta legislativa surge como respuesta a los desafíos evidenciados tras la primera elección popular de consejeros de juventud en 2021, desafíos que se mantuvieron e incluso aumentaron en 2025, poniendo en evidencia la necesidad de dotar a estos espacios de mayores herramientas institucionales.
Las elecciones venideras no pueden convertirse en un ritual vacío. Requieren condiciones reales de competencia, garantías de seguridad y canales efectivos de interlocución con el Estado. La voz de los jóvenes debe ser escuchada, protegida y fortalecida. Por ello, invito a las autoridades locales y nacionales a garantizar condiciones dignas para ejercer la ciudadanía juvenil. Como sociedad, tenemos una deuda histórica con quienes aún creen en el poder transformador de la participación.
