Consciente de su responsabilidad con el país, el Senado eligió a Carlos Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional, salvaguardando así la democracia colombiana. Esta elección garantiza la integridad del Estado Social de Derecho, el sistema democrático y la independencia judicial, fortaleciendo la estabilidad institucional y brindando tranquilidad a la nación.
El peligro que amenazaba a Colombia era considerable: nada menos que la toma del control de la Corte Constitucional por parte del presidente Petro. La elección de su candidata, María Patricia Balanta, habría significado la cooptación de este poder, otorgándole una mayoría decisoria de 5-4. Imaginen la situación: un presidente, con trazas de dictador y sin la supervisión de una Corte independiente, propondría decretos ilegales (decretazos) y una asamblea constituyente sin control constitucional. Peor aún sería tener una Corte sumisa, a su servicio, aprobando cada una de sus decisiones y garantizando su permanencia en el poder indefinidamente, siguiendo el modelo de Venezuela y Nicaragua.
La Constitución es un baluarte contra el abuso de poder. Por ello, todo gobernante con ambiciones autocráticas busca controlar el poder judicial, único garante de los límites constitucionales. Este control mina el sistema de derechos y libertades, reemplazándolo por un régimen autocrático. La Corte Constitucional, defensora suprema de la Constitución y limitadora del poder presidencial, se convierte así en un objetivo clave. La manifiesta aversión del presidente Petro hacia el control constitucional sugiere que la elección de un magistrado favorable a sus intereses le permitiría influir decisivamente en el tribunal. Esta estrategia, sumada a la ya evidente influencia del gobierno en la Fiscalía (fiscal de bolsillo) y la Procuraduría, revela una preocupante intención de subordinar también a la Corte Constitucional (sería corte de bolsillo). El Senado no podía permitir que esto ocurriera.
La Corte Constitucional, sucesora de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se distingue por su firme compromiso con la institucionalidad democrática, una credibilidad cimentada en su independencia, y una jurisprudencia ampliamente respetada y acatada. Desde su creación en la Constitución de 1991, ha cumplido diligentemente su función como garante del orden jurídico. El sistema de cooptación, vigente hasta la Constitución de 1991, mediante el cual los magistrados elegían a sus sucesores, había demostrado ser eficaz. Este método aseguraba la selección de individuos idóneos, al mantener los nombramientos al margen de las presiones y los intereses políticos.
La Constitución de 1991 modificó el sistema de elección de los magistrados de la Corte Constitucional. Actualmente, los nueve jueces son elegidos por el Senado de la República, órgano político por excelencia, a partir de ternas presentadas por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el presidente de la República. Comparto la opinión del Dr. Álvaro Alario en la necesidad de retomar el sistema tradicional de cooptación en la elección de magistrados. Considero que este método evitaría el bochornoso espectáculo de politiquería, como el que presenciamos el pasado miércoles y que lamentablemente se repite cada que se elige un nuevo magistrado. Desafortunadamente, en Colombia seguimos con esa mala costumbre de cambiar lo bueno, por inventar cosas que no funcionan mejor.
La elección de un magistrado es una prerrogativa exclusiva del Senado. Resulta cuestionable, por tanto, la presencia de funcionarios gubernamentales, como el ministro Sanguino, intentando acceder al salón elíptico. ¿Cuál era su propósito? ¿Negociar apoyos para la candidata de Petro? ¿Presionar a los senadores o amenazar a los partidos con quitarles su participación burocrática? Este tipo de injerencia es inaceptable. Si la Corte Suprema ya ha conformado la terna, la única función del Senado debería limitarse a elegir entre los candidatos, permitiendo, por supuesto, que cada aspirante presente sus propuestas a los senadores. Sin embargo, la intervención política del gobierno, a través de prácticas clientelistas, desvirtúa la autonomía del Senado. La información sobre la abierta campaña política a favor de la doctora Balanta, protagonizada por el Procurador, la Defensora del Pueblo y el propio presidente de la República, confiere un cariz politiquero al proceso de elección, generando una imagen negativa.
Para asegurar elecciones transparentes y eficientes, el presidente del Senado, Lidio García, tomó varias medidas a favor de todos los partidos. Estas medidas incluían prohibir la entrada de ministros, implementar un tarjetón electoral con entrega individual a cada votante y prohibir marcas adicionales en el mismo. Gracias a esto, el proceso electoral se desarrolló sin problemas, resultando en la clara victoria del doctor Camargo (62-41).
El discurso realista y pragmático del nuevo magistrado se ajusta al momento actual del país. Su compromiso de defender la Constitución, la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado Social de Derecho es un alivio tras su elección. Esta declaración disipa los temores de que el gobierno manipule la Corte Constitucional para sus propios fines, ahora que su composición política se mantiene equilibrada.
