En Colombia hecha la ley hecha la trampa es una expresión muy popular que muestra el talante de lo pícaro que somos a la hora de torcer las cosas y obtener provecho de lo ilegal. Cualquier campaña política para alcalde o gobernador cuesta un jurgo de plata y la ley, con el propósito de equilibrar los gastos de campaña e impedir la desigualdad económica entre los candidatos, establece unos topes o límite de gastos de campaña hasta el día de las elecciones.
Los topes para Gobernaciones y Alcaldías dependen del censo electoral de cada departamento o municipio. En la mayoría de departamentos el censo electoral excede de 200.001 votantes por lo que el tope de gastos para una gobernación es entre 2.611.677.768 y 13.976.284.751 millones de pesos; y en el caso de las alcaldías que tienen en su gran mayoría entre 25.001 y 50.000 electores, el tope de gastos es de 274.894.466 hasta 5.257.463.395 millones.
Estos valores son fijados por el gobierno y aplican para la reposición de votos a los partidos o movimientos de ciudadanos que avalaron candidatos, o a los candidatos independientes por firmas, pero todo mundo sabe que en realidad esos topes no reflejan la inversión real de una campaña, ya que en municipios pequeños para ganar una alcaldía se invierten sumas astronómicas que llegan a superar los 3.000 millones de pesos y para una gobernación se gastan mínimo 15.000 millones.
Expertos como somos en birlar la ley le damos la vuelta al asunto y hacemos la jugada sucia. Y como la hacemos?, sencillo, llevando doble contabilidad; una oficial que se manipula con información acomodada a los gastos de campaña que cumplen los topes, y otra donde se registran los gastos reales de campaña que exceden los límites de ley. Esta última es secreta y no se reporta porque si no queda en evidencia el truquito y se incurre en violación a los topes, y esto tiene sanción legal, y nadie es bobo para dar papaya pues el que menos corre vuela.
Así se manejan los gastos en una campaña política y no seamos fariseos porque esa es la verdad verdadera, pero la Ley para guardar las apariencias muestra que en teoría nadie le saca ventaja al otro porque los topes lo impiden; pero mentiras, la realidad es que quien más cuenta con musculo financiero termina inclinando la balanza de los votos a su favor y gana la elección. Siempre ha sido así y por mucho que se diga lo contrario está claro que el que más tiene dinero en Colombia tiene el suficiente poder político para ganar las elecciones, y el que no lo creé es un iluso que desconoce la idiosincrasia colombiana.
Las cosas malas se hacen bien hechas y por eso antes de las elecciones no pasa nada, los controles fallan, el dinero corre a raudales y el que más tiene plata se hace elegir. Después de elecciones vienen las denuncias y las investigaciones que de antemano se sabe que no conducirán a nada porque nunca hay culpables, lo que nos indica que la jugada fue maestra y se hizo bien, y se le metió un gol a la democracia burlando los topes electorales.
Nuestro sistema electoral es arcaico y se presta para estas cosas malas, es frágil y fácil de burlar. Para blindar el proceso electoral se requiere de un control efectivo y eficiente realizado a través de auditorías previas para vigilar y controlar la entrada, gastos y manejo del dinero de cada campaña durante las elecciones; que las campañas concentren y controlen todos sus ingresos y gastos en una única cuenta; que se pueda verificar en tiempo real el más mínimo gasto; ejercer control eficaz de donaciones para evitar apoyos por debajo de la mesa; además, que el gobierno financie con dinero parcialmente las campañas hasta el día de la elección, y asuma el pago de la publicidad electoral de las campañas y del transporte el día de las elecciones, para aminorar los gastos de las campañas políticas.
Este esfuerzo requiere fortalecer el sistema electoral con mayor presupuesto de inversión en tecnología de punta, formación profesional de personal calificado, y funcionamiento armónico de todas las instituciones que intervienen en el proceso electoral, cumpliendo funciones de vigilancia y control durante el mismo, antes y posterior a las elecciones.
Una democracia participativa exige transparencia y credibilidad de su sistema electoral; el ciudadano debe confiar en él y saber que cuenta con las mismas posibilidades de ganar que tienen todos, igualdad de oportunidades y garantías electorales; financiación estatal de campañas electorales y un control eficiente sobre los recursos y gastos de las campañas. Solo asi se salvaguarda el derecho del ciudadano a elegir y ser elegido y la democracia es real y no de mentiras.
