En un documento de 25 páginas, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello Blanco, le envió su concepto a la Corte sobre la constitucionalidad del decreto de estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira.
En el documento, el Ministerio Público le pide a la Corte Constitucional que tumbe la medida.
Para la Procuraduría el decreto 1085 de 2023 es inconstitucional porque son hechos que no son “sobrevinientes” y pueden ser atendidos por medio de los mecanismos ordinarios que ya existen en el marco jurídico, y advierte que la crisis en La Guajira es una problemática estructura y debe ser “superada por las autoridades” a partir de buena gestión”.
En el concepto, la Procuraduría asegura que es “inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta de La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia, desestimando las medidas a su alcance dispuestas por el legislador”.
El ente de control no ignora la grave situación en el departamento, pero reconoce que la atención a dicha crisis se debe dar por las vías normales “previstas en la carta política”.
Con este panorama, la Procuraduría le pidió a la Sala Plena de la Corte Constitucional declarar la “inexequibilidad” de ese decreto”.
