La condecoración otorgada a Aqualia contrasta con la realidad que enfrentan miles de familias en Riohacha, Maicao y Albania, municipios donde la empresa opera, de manera directa o a través de concesionarias, en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Mientras se entregan reconocimientos, amplios sectores de estas comunidades continúan padeciendo desabastecimiento, baja presión, cobros cuestionados y una infraestructura que no responde plenamente a las necesidades de la población.
Por eso no deja de sorprender que, mientras Riohacha avanza hacia un Cabildo Abierto para debatir la crisis del servicio, Albania registra movilizaciones ciudadanas reclamando soluciones efectivas y Maicao continúa dependiendo, en muchos sectores, del abastecimiento mediante carrotanques, una empresa asociada a esta realidad reciba uno de los más altos reconocimientos otorgados por la Cámara de Representantes de Colombia.
La reciente condecoración a Aqualia debería abrir una discusión más profunda. El problema no es el homenaje en sí, sino el mensaje que transmite cuando se concede en medio de un creciente inconformismo ciudadano en los municipios donde su gestión continúa siendo objeto de cuestionamientos.
En La Guajira, el desafío no consiste únicamente en llevar agua a los hogares. También implica garantizar un derecho fundamental y construir un futuro más digno para una región que aún enfrenta una de las mayores deudas sociales del país. Los pueblos que conservan su memoria pueden atravesar los desiertos más extensos sin perder el rumbo; quienes la olvidan terminan convirtiéndose en espectadores de su propia decadencia.
Riohacha, Maicao y Albania tienen características distintas, pero comparten una preocupación común: la dificultad para acceder de manera continua y suficiente a un servicio que debería estar garantizado. Más allá de las cifras y los informes, existe una realidad imposible de ignorar: miles de familias siguen organizando su vida alrededor de la incertidumbre de no saber cuándo llegará el agua.
En este contexto, las críticas expresadas por los concejales Jader Magdaniel en Albania y Yeiner Osorio en Riohacha trascienden el debate político. Sus voces reflejan una percepción ampliamente compartida en la región: resulta difícil celebrar la excelencia cuando la ciudadanía continúa reclamando la prestación de un buen servicio. Lo que ocurre en estos municipios no parece ser una suma de hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que afecta la confianza de los usuarios.
La controversia también plantea interrogantes sobre la manera en que se evalúa el éxito en la prestación del servicio. Mientras algunos indicadores administrativos pueden presentar avances, la población mide los resultados desde la experiencia cotidiana. Para una familia que pasa horas o días esperando el suministro, la verdadera prueba de una buena gestión no está en los informes ni en las ceremonias, sino en la posibilidad de abrir una llave y encontrar agua.
La situación adquiere una dimensión política inevitable. El representante a la Cámara Juan Loreto Gómez Soto, impulsor de la distinción, obtuvo importantes respaldos electorales en municipios donde precisamente la prestación del servicio continúa generando inconformidad. Por ello, la discusión trasciende la condecoración misma y plantea una pregunta legítima sobre la capacidad de los dirigentes para interpretar las preocupaciones de las comunidades que los eligieron.
Aqualia no puede pretender nunca que una medalla sustituya sus pésimos resultados. La legitimidad de una empresa de servicios públicos no se construye en actos protocolarios, sino en los barrios donde el agua llega todos los días, en las redes que funcionan, en los alcantarillados que no colapsan y en las facturas que corresponden a un servicio efectivamente prestado.
La Guajira necesita pasar de la administración de la escasez a una gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico. Ello exige inversiones permanentes, transparencia contractual, control ciudadano, planeación a largo plazo y una visión que coloque al usuario en el centro de las decisiones. El agua no puede seguir siendo vista exclusivamente como una oportunidad de negocio; debe asumirse como un derecho fundamental cuya garantía constituye la principal obligación de cualquier operador.
Mientras haya comunidades protestando por agua en Albania, ciudadanos exigiendo respuestas en Maicao y una sociedad movilizada en Riohacha para debatir el futuro del servicio, cualquier reconocimiento otorgado a la empresa seguirá generando una pregunta incómoda: ¿se premió una gestión ejemplar o se ignoró la realidad que viven miles de guajiros?
Esa respuesta no la dará una ceremonia. La dará el agua cuando llegue de manera continua, suficiente y digna a los hogares de quienes aún la esperan.
Somos hijos de una tierra donde el sol ha puesto a prueba la resistencia de sus habitantes y donde la escasez ha intentado cercar la esperanza. Precisamente por eso, defender el acceso al agua es también defender la dignidad, la memoria y el futuro de La Guajira. Porque ningún reconocimiento tendrá mayor valor que garantizar a cada ciudadano el derecho a abrir un grifo y encontrar lo que nunca debería faltar: agua.
