La salud está deshumanizada, en estado precario, atrapada y secuestrada por mafias corruptas, absorbiendo presupuestos nacional, departamental y local, destinados anualmente para la atención de salud a personas afiliadas en calidad de subsidiarias y contributivas, en especial para personas de clases, estratos bajos, ancianos, indigentes, desempleados y actividades informales relacionadas con el rebusque, con la finalidad de ampararla y acreditarla en servicios de salud con Sisbén, expedidos por alcaldías.
El gobierno destina $60 billones al régimen subsidiario, para los gastos y pagos a hospitales públicos, clínicas y EPS, en cumplimiento de servicios: médicos, procedimientos, laboratorios, cirugías, drogas, radios X, ambulancias, hospitalización y terapias, entre otros servicios. El régimen contributivo aporta a la salud en Colombia unos $22 billones anuales, complementado con el subsidiario, sobrepasarían los $80 billones. Referidos montos no son suficientes para quienes vienen administrando los servicios de atención de salud.
El servicio de salud, más que humanitario, es mercantilista, articulado por los proveedores farmacéuticos de drogas con efectos secundarios, para dañar y deteriorar la salud de las personas, en afán de amarrar clientes y habituarlos a drogadicción en dependencia permanente, con necesidad de acudir a establecimientos y requerir los servicios de salud; transformándonos en sociedad drogadicta, no solo psicoactiva, sino medicinal, para obtener alta rentabilidad comercial con las constantes ventas de medicamentos que diariamente formulan, suministran y requieren los ignorantes pacientes, víctimas de degradación y perversidad, sobre la cual las autoridades de control pasan desapercibidas o se hacen los de la vista gorda, omitiendo y acolitando acciones insólitas, pisoteando la ética y la buena fe en los servicios de salud, ordeñando fuentes de enriquecimiento fundamentado en aprovechamiento y corrupción.
No hay mejor negocio, nacional e internacional, que el comercio y venta de drogas, lícitas e ilícitas, sin controles de precios, sin tener en cuenta causas y grados de dependencia, indiferentes de las mafias que producen y distribuyen en comercializaciones, estimuladas por retribuciones económicas de acuerdo al consumo habitual y nuevas víctimas que afianzan el negocio a su favor, en escalas piramidales, utilizando y comprometiendo en los negocios a dueños de clínicas, directores de hospitales, médicos especializados, farmacias y comercializadoras de medicamentos y elementos en servicios de salud.
Algunas farmacéuticas invitan a profesionales de la salud en vacaciones o eventos instructivos, asumiendo costos totales de comisión y gastos, en términos de duración, para ilustrarlos e intuirlos en estrategias de negocios sobre salud, con el objeto de exprimir el sistema a cargo del gobierno nacional, que carece de plataformas operativas para consolidar manejos operativos, controles y estadísticas generales de clientes enviciados en drogas formuladas y clasificadas, en costos promedios por enfermedades individualizadas y números de personas afectadas, enfermas o dañadas como consecuencia de efectos secundarios de drogas recetadas por prescripciones médicas.
La peor desgracia de la salud ha sido quedar bajo el dominio de los carteles o bandas politiqueras y corruptas que han venido gobernando la República de Colombia sin escrúpulos ni sentido humanitario, apropiándose y robándose recursos públicos destinados a la atención de servicios de salud, robusteciendo las codicias y avaricias que los caracteriza, esquivando responsabilidad, encubriéndose en apariencia e hipocresía.
La vigencia de la Ley 100/93 abrió la oportunidad para que los parlamentarios montaran EPS, IPS o suministraran provisiones de drogas, las cuales beneficiaban en doble calzada a los concesionarios que explotan rentabilidad del servicio y, a la vez, a título de peajes o comisión, a la organización paramilitar denominada Autodefensa Unida de Colombia – AUC, apoyada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en compensación al respaldo paramilitar que hicieron posible triunfar por dos veces en elección presidencial, ganándola en una sola vuelta. La citada ley condicionó y limitó duración de consultas, tratamientos terapéuticos, procedimientos quirúrgicos, suministros de drogas y demás elementos medicinales. Implementaron auditorías con el objeto de verificar el cumplimiento de directrices, limitantes y restrictivas internas a médicos, en la prestación de los servicios profesionales relacionados con atención de consulta y remisiones, estableciendo un mínimo de siete pacientes por hora y recetar únicamente medicamentos que tuviesen relacionados en los listados que le entregaban para formulación a pacientes.
Cuando los médicos se salían de los lineamientos previstos, los desvinculaban del servicio por terminación unilateral del contrato, donde ganaban un mísero sueldo, con retardos y mora en los pagos, afectando a operadores de la salud: médicos, enfermeras, auxiliares y demás servidores. A las EPS les encantaban los fallos de tutelas que obligaban a cumplir con soluciones, aprovechando las órdenes judiciales y circunstancias para facturar cuentas infladas o clavijadas, hasta en más de un 300 % del costo normal en precio, sin reparos, ni objeciones, ni mucho menos operaciones de auditorías de la autoridad competente, para efectos de verificaciones y confrontaciones de costos preestablecidos. ¿Cómo podría considerarse o calificarse esa clase de servicio, manejado por personas sin conocimientos operativos de salud, utilizando a los médicos y enfermeras como serviles, sujetos a sus caprichos, pretensiones e intereses, ejercidos sin controles?
Los costos de drogas prescritas a enfermedades incurables, tales como: cáncer, sida, lupus, alzhéimer, diabetes, cirrosis, cardiopatía, infecciones respiratorias, tuberculosis, entre otras, son demasiado costosos, pero son consentidos para las farmacéuticas, que las patentizan para explotar el negocio, ofertado por gobiernos que asumen costos y financiación de tratamientos a personas de escasos recursos, afiliadas al sistema de salud pública.
¿Cómo justificar los altos precios de drogas medicinales, de conformidad con insumos y elementos integrales utilizados en la elaboración masiva de producción? ¿Será lógico pagar de 5 a 10 veces el valor de determinadas drogas recetadas para enfermedades incurables? ¿Qué ha hecho la Organización Mundial de la Salud – OMS para controlar los precios de las drogas y promover las curas de citadas enfermedades? No hay interés de curar enfermedades declaradas incurables que son rentables económicamente, tratadas con paliativos de mejorías, hasta que Dios disponga sobre el afectado paciente.
Negar el suministro de drogas a pacientes víctimas del uso permanente hasta la muerte, en mercadeos de servicios de salud, generador de efectos secundarios causados por los consumos medicinales, colocan en peligro muchas vidas humanas, cuyas dependencias originan crisis y muertes si no se atiende oportunamente con suministros habituales de drogas. Ocultar las drogas comprometidas en contratación de oferta comercial a términos indefinidos para negárselas a los usuarios enfermos, argumentando agotamientos y escasez de productos, constituyen acción criminal repudiable.
