Solicita claridad sobre los posibles efectos económicos, sociales y ambientales.
El activista político Pedro Celestino Arteta Bonivento radicó el 9 de noviembre de 2025 un derecho de petición en interés general dirigido a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al Ministerio de Minas y Energía y a Ecopetrol S.A., solicitando información pública y medidas de garantía de derechos colectivos relacionadas con el pozo SIRIUS-2, una operación de exploración costa afuera en aguas profundas del Caribe colombiano frente a las costas de La Guajira.
En su solicitud, Arteta expone que el proyecto genera expectativas económicas y sociales para el departamento, pero también entraña riesgos ambientales, sociales y culturales que afectarían directamente a comunidades costeras de Riohacha, Manaure y Uribia. Bajo los principios de publicidad, participación y sostenibilidad, reclama conocer con detalle los alcances, impactos, beneficios y compromisos del proyecto.
El peticionario pide, entre otros puntos, información técnica y jurídica: identificación del contrato o bloque exploratorio, copia del Estudio de Impacto Ambiental (o del Diagnóstico Ambiental de Alternativas) presentado a la ANLA y el estado del licenciamiento ambiental. También pregunta por procesos de participación: realización de consulta previa a comunidades indígenas o afrodescendientes, existencia de mesas de diálogo en el área de influencia y programas de empleo y contratación local para habitantes de La Guajira.
En el componente económico, solicita estimaciones de ingresos por regalías, municipios beneficiarios y porcentajes de participación, así como compromisos de inversión social de Ecopetrol o sus socios. En materia ambiental, requiere conocer planes de contingencia ante derrames, estrategias de compensación y programas de monitoreo con participación comunitaria o académica. En transparencia, pide la publicación de contratos, actas y compromisos y la inclusión de representantes de la sociedad civil guajira en comités de seguimiento.
El escrito cita como soporte jurídico los artículos 2, 23, 74, 79, 80 y 332 de la Constitución y las Leyes 99 de 1993, 141 de 1994, 1755 de 2015 y 2056 de 2020, relativas al acceso a la información, participación, protección ambiental y destinación social de recursos no renovables.
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, el ciudadano solicita respuesta dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación. La petición se presentó en Riohacha y fue dirigida a las entidades nacionales con competencia en hidrocarburos y ambiente.
