Hace nueve años, Colombia fue convocada a un plebiscito para refrendar los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las FARC-EP. El resultado es conocido: ganó el “No” por una diferencia mínima. Pero más allá de esa votación, y de las interpretaciones políticas que aún se desprenden de ella, hay una pregunta ética, silenciosa y urgente que nos interpela hoy como país: ¿qué vamos a hacer con quienes cumplieron?
Porque sí, hay firmantes que cumplieron y están cumpliendo. Dejaron las armas, ingresaron a la vida civil, intentan reconstruirse en medio de la estigmatización y del incumplimiento parcial del Estado. Según datos de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia (Informe trimestral al Consejo de Seguridad, junio de 2025), 13.168 excombatientes están acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. De ellos, el 97% siguen comprometidos con el proceso de reincorporación, y más de 3.000 están desarrollando proyectos productivos. Muchos viven aún en antiguos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), convertidos ahora en comunidades donde trabajan, estudian, forman familia y apuestan por una vida distinta.
Sin embargo, su situación no es fácil. Desde la firma del Acuerdo, más de 400 firmantes han sido asesinados, según cifras de Indepaz y la ONU. ¿Cuál ha sido su crimen? Renunciar a la guerra. ¿Por qué aún se les persigue? ¿Por qué se mantiene la narrativa de que “no cumplieron”? ¿Por qué algunos sectores políticos siguen deslegitimando lo que ya no puede negarse con honestidad?
No hay duda de que hay disidencias. También hay otros actores armados, otros conflictos, otra violencia. Pero esta columna no trata de ellos. Se trata de quienes sí le apostaron a la paz y lo siguen haciendo, muchas veces con más convicción que algunos sectores que los observan con desconfianza desde sus privilegios o sus trincheras ideológicas.
La polarización no nos ha dejado ver este drama humano. Un sector ha querido imponer la narrativa del “fracaso total” del acuerdo, y en esa narrativa es común escuchar que “Santos traicionó al país” o que “las FARC se burlaron del Estado”. Pero ¿cómo se puede hablar de traición o burla cuando cientos de hombres y mujeres —excombatientes— han sido asesinados mientras cultivaban la tierra, educaban a sus hijos o simplemente caminaban por la calle?
Yo no busco imponer mi posición. La comparto con respeto y apertura al diálogo. Como defensor de derechos fundamentales, siento la obligación de alzar la voz por los firmantes que sí han cumplido, por las víctimas que merecen una reparación integral, y por el resto del país que merece vivir sin miedo.
Y sí, reconozco que los acuerdos no han sido perfectos. Hay fallas, hay retos pendientes, hay instituciones que no han estado a la altura. Pero nada de eso justifica el silencio cómplice ante el asesinato sistemático de quienes creyeron en la palabra empeñada del Estado.
Por eso, a nueve años del plebiscito, propongo una pausa. Una pausa para mirar a los ojos a esos firmantes y reconocer su decisión. Una pausa para preguntarnos si queremos seguir atrapados en la lógica del enemigo o si podemos construir una lógica del encuentro.
Y lo más importante: una pausa para centrar la próxima contienda electoral en propuestas, no en estrategias de miedo o de odio. Porque ya sabemos a dónde nos lleva el discurso de la estigmatización: a nuevas violencias, a nuevas heridas, a nuevos duelos.
