No entiendo por qué insistir en la doble moral, mientras unos cuestionaban el recibimiento que los habitantes de Sahagún le hicieron a ñoño Elías, en Maicao otros criticaban el acompañamiento que dieron a santa Lopesierra, mientras observaba toda esa serie de comentarios mi reflexión me llevaba hacia una pregunta ¿Y nuestro presidente? Creo firmemente en la sensatez cómo primer medio para hallar razonamientos, nuestro primer mandatario fue elegido por más de 11 millones de colombianos de todas las regiones del país, no solo fue la costa quien lo eligió, esto lo digo contrariando al líder político Germán Vargas Lleras el cual afirmó en un trino que a los costeños tenían que darnos clases de educación y ética, señalamiento que a mi modo de ver las cosas es sesgado pues la corrupción es un tema que se tomó el país entero hace mucho tiempo ¿Recuerdan en que ciudad se formó el cartel de la contratación?
Retomando el asunto de Lopesierra, de ñoño y haciendo un comparativo con respecto a las actividades que se realizaron en torno al movimiento revolucionario del M19 el cual perpetró crímenes de lesa humanidad y que posteriormente por medio de un marco jurídico de justicia transicional se indultó a todos sus militantes entre ellos al hoy presidente Gustavo Petro, de todos los vejámenes cometidos en aquellos tiempos y las condenas que pagaron Elías y Lopesierra, pues me parece que la violación del ordenamiento jurídico penal por estos dos últimos fue de menor monta, de tal manera que a mí parecer a cualquier colombiano no le queda bien irse lanza en ristre ante ellos pues tenemos a un presidente que con un pasado bastante fuerte logro hacerse elegir como jefe del ejecutivo.
De tal manera que cuestionar la ovación a ñoño y Lopesierra queda fuera de lugar, pues al presidente también lo abrazan, lo aclaman y aplauden, creo que sin argumentos quedan más de uno con referencia a esto. La óptica del colombiano ha cambiado mucho a tal punto que aceptar lo malo se nos ha vuelto algo común, una visión que ha penetrado nuestra razón y la ha capturado en un mundo inmenso de subjetividades las cuales nos llevan a pensar que el estado colombiano en vez de combatir con su fuerza pública a los delincuentes pasa a darles un salario, hasta allá hemos llegado, si, y no es propio de un realismo mágico proveniente de una corriente literaria del escritor García Márquez, es lo que nos hemos convertido como sociedad.
Fue esa coyuntura la que observo en la década del 1980 el extinto capo del cartel de Medellin que en una de las interpretaciones telefónicas que le hizo la fuerza pública en la cual él afirmaba, que la única forma que el gobierno nacional los llamara a conciliar era creando una crisis social en dónde la población civil “se ahogara en su propia sangre” y le funcionó, consiguió arrodillar al estado a tal punto que le aceptó su propia cárcel y demás cosas que hoy día son de conocimiento público, esto no es nuevo, siempre ha pasado en el país, al estado le ha tocado bajarse de su pedestal y por un espacio de tiempo colocarse en una posición horizontal frente algún grupo al margen de la ley que por medio de la alteración del orden público le obligue a desarrollar marcos jurídicos de justicia transicional, el último fue las FARC y en el futuro vendrán más.
El mensaje es claro, se está diciendo al bandido que el estado colombiano premia a quien infringe la norma jurídica y que se es fuerte con el que si la honra y respeta, situación totalmente contradictoria, incoherente pero real. El presidente argumenta tales postulados bajo la consigna por la que él fue beneficiario, el indulto, el perdón en dónde al delincuente se le aplique una especie de justicia restaurativa exprés dentro de un marco jurídico llamado “paz total”, lo que aquí vemos es más de lo mismo, a quienes se organizan para delinquir y para desestabilizar la tranquilidad social se les premia. Posturas antagónicas a estas se observaron en las redes sociales cuando muchos internautas se preguntaban dónde iban a recibir el millón de pesos aquellos que si respetaban el ordenamiento jurídico, esos que son ciudadanos de bien que no atentan, ni provocan alteración del orden público y que su aporte a la sociedad se da a cabalidad con la serie de obligaciones y deberes que exige el estado.
Desde agosto del año pasado el manejo del gobierno nacional sobre el conflicto armado que se vive en el país ha despertado muchas dudas por la posición un tanto endeble que tiene la fuerza pública frente a los grupos al margen de la ley, no sabe uno si describir un estado comprensivo ante la génesis delincuencial en la cual se gestan los grupos armados o caracterizar una óptica permisiva frente al actuar de estos mismos de cara a la alteración del orden público, lo cierto es que todas estas formas de manejo las observan las nuevas generaciones y van tomando nota.
Con referencia al tema ñoño Elías y Santa Lopesierra es bueno dejar claro que las apreciaciones del pueblo sobre sus líderes son libres, en cualquier democracia el constituyente primario es quien tiene el poder de montar y quitar a quien se le antoje las veces que decida, dentro del escenario del sufragio electoral, salvo algunas excepciones inmersas en el marco disciplinario y penal. En el caso de Maicao y Sahagún los habitantes de estas poblaciones tendrán sus razones para demostrar afecto sobre estos líderes políticos, lo cierto es que particularmente no encuentro argumento que convalide un rechazo a estos personajes, una tesis antagónica sobre lo ocurrido frente a la decisión que el año pasado tomaron los colombianos de cara a las elecciones presidenciales.
