El Senado rechazó con 49 votos contra 47 la propuesta del gobierno, calificada de “populista” y politiquera, para gastarse un billón de pesos en la promoción de candidatos en las elecciones de 2026. La iniciativa, considerada por el innombrable ministro del Interior como una “mini reelección” del presidente Petro, fracasó a pesar de los esfuerzos del gobierno por asegurar su aprobación. La estrategia de presión, incluso con el reparto de “mermelada”, resultó insuficiente para obtener la mayoría parlamentaria necesaria.
El resultado evidencia la eficacia del sistema de contrapesos democráticos colombiano, concebido para impedir la concentración de poder en una sola rama y asegurar la estabilidad institucional. El poder público se distribuye entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, independientes en sus funciones, pero colaborativos en el cumplimiento de los objetivos estatales. Ninguno de estos poderes ostenta jerarquía sobre los demás; sus funciones son separadas y mutuamente equilibradas.
La negativa del Senado a la consulta “populista” es constitucionalmente legítima, reflejando su autonomía para decidir sobre este tipo de iniciativas. En lugar de respetar esta decisión, el presidente la ha tildado de “fraude”, incitando a la población a protestas y a una huelga general. Su llamado a la desobediencia civil y su retórica incendiaria generan profunda preocupación sobre sus intenciones. ¿Busca desestabilizar las instituciones democráticas para perpetuarse en el poder? Sus amenazas recuerdan los métodos de regímenes autoritarios que se imponen mediante el miedo y la violencia, con el riesgo de un grave retroceso democrático.
La democracia representativa se sustenta en el respeto recíproco entre los poderes del Estado. El presidente, como jefe del Ejecutivo, tiene el deber constitucional de acatar las decisiones legítimas del Poder Legislativo y del Judicial. Su obligación legal ante las decisiones del Senado es respetar su autonomía legislativa, tal como juró al asumir el cargo, y no amenazar con el caos social ante la no aprobación de sus iniciativas. Este es el funcionamiento esencial de la democracia.
El Congreso, institución democrática que representa la voluntad popular, merece respeto. Amenazar con su cierre por decisiones desfavorables al gobierno es inaceptable. Rechazamos categóricamente cualquier intento de subvertir el orden constitucional, como el alentado por el exalcalde Quintero de Medellín. ¿Pretende el presidente emular el caso peruano, donde el expresidente Castillo enfrenta un juicio, con posible pena de prisión, por la disolución del Congreso?
Cerrar el Congreso es un acto altamente peligroso para la estabilidad democrática de Colombia. Nuestro país cuenta con sólidas instituciones jurídicas y políticas, y una larga tradición de respeto al Estado de derecho. El ejercicio del poder está regulado para proteger el sistema democrático del abuso de una autoridad sobre otra, impidiendo el gobierno arbitrario. Es preciso recordar la existencia de actores con poder real en la sociedad, como las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, cuya misión constitucional es defender la independencia nacional y las instituciones. Señor presidente, le advertimos sobre las graves consecuencias de tal acción.
La posibilidad de que Petro busque perpetuarse en el poder más allá de 2026, imitando el modelo de Maduro en Venezuela, requiere un análisis profundo. Si esta hipótesis se confirma, las declaraciones de Abelardo de la Espriella, que propone la intervención militar para evitarlo, adquieren relevancia. Defender la democracia exige derrotar a Petro a través del voto o, como último recurso, mediante el legítimo uso de la fuerza pública para salvaguardar el orden democrático.
La verdadera garantía de la democracia frente al comunismo reside en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, no en una alianza con el régimen de Xi Jinping. El rechazo senatorial a la consulta popular impulsada por Petro, calificada de “populista”, representa un triunfo para la democracia. Su objetivo real no era el bienestar de los trabajadores, sino impulsar la candidatura presidencial de un líder de izquierda —posiblemente el propio Petro— a costa de un despilfarro de un billón de pesos de los contribuyentes colombianos.
El Senado, a menudo objeto de críticas, respondió con altura al rechazar la consulta, resistiendo las presiones del presidente Petro y atendiendo el clamor ciudadano. Esta decisión fortalece la democracia y demuestra el patriotismo de sus miembros, quienes antepusieron el interés nacional a las ambiciones políticas del Ejecutivo.
El Senado rechazó la consulta de forma legítima, democrática y transparente. El senador Édgar Díaz confirmó su voto en contra. La transmisión pública de la sesión desmintió cualquier acusación de fraude, aunque sí mostró al ministro del Interior en una actitud agresiva, golpeando la mesa e intentando agredir al secretario del Senado.
