Bajo el lineamiento de la estrategia ‘Salvando Vidas’ con el direccionamiento de la Gobernadora Diala Wilches Cortina, el Secretario de educación Adaulfo Manjarres Mejía y el equipo de cobertura de la Secretaría de Educación Departamental, evaluaron el comportamiento en el cumplimiento de las obligaciones de los operadores del Programa de Alimentación Escolar- PAE- y Canasta Educativa frente a los recientes acontecimientos presentados en establecimientos educativos asentados en comunidades indígenas.
La evaluación ratifica la problemática advertida por el Secretario de Educación Departamental Adaulfo Manjarrés Mejía hace unos días, la cual conllevó a la expedición de una circular para conminar a estos prestadores de servicios a radicar oportunamente las cuentas de cobro.
Una vez finalizada la reunión se dispuso a los equipos de apoyo a la supervisión para revisar las situaciones particulares de cada prestador y en los casos en que se evidencien situaciones de incumplimiento, se tomarán las decisiones respecto a la aplicación de las multas establecidas en los contratos como primera medida.
Las decisiones sancionatorias buscan que los operadores reevalúen la manera como desarrollan las actividades administrativas frente a las ejecuciones contractuales.
“Es inverosímil que haya empresas contratistas que demoren dos o tres meses para presentar cuentas de cobro, que sea dicho la mayoría deben devolverse para subsanaciones, generándose una afectación al pago del personal administrativo, operativo y asistencial, además de los proveedores de bienes y servicios. Todo esto hace que colapse la operación y cierren los establecimientos educativos”, mencionó Adaulfo Manjarres Mejía.
Asimismo, señaló que las comunidades indígenas deben revisar a quienes escogen para la administración de los contratos, muchos de los escogidos no tienen realmente la idoneidad o experiencia que relacionan en papeles al momento de la suscripción de los contratos y que terminan pagando la novatada al momento de la ejecución, presentando documentos con enmendaduras, tachones, documentos anacrónicos, entre otras más por los que se les rechaza la cuenta.
Advierte el funcionario que se está haciendo un registro de esos temas para presentar en su momento a los entes de control, a fin de que apoyen medidas más drásticas sin que se afecten derechos a las comunidades, esto lo indica porque históricamente esas uniones temporales que les quedan mal en la ejecución de un año, son escogidas para prestar el mismo servicio en la próxima anualidad como una decisión libre y autónoma de los pueblos.
“Nos duele ver la suspensión de actividades y programas tan importantes como el PAE, Transporte o Canasta por deficiencias administrativas de los operadores, desde la supervisión del contrato hemos realizado las acciones correspondientes, pero es de resaltar que necesitamos más apoyo de los rectores, asociaciones de padres de familias, personerías y contralorías escolares para tener las informaciones de primera mano y tomar las medidas correspondientes”, enfatizó el funcionario.
Por último, señala que desde el lunes las comunidades indígenas han venido radicando en el SAC las actas de concertaciones para la escogencia de los programas de PAE y Canasta y se advierte que algunos de los operadores seleccionados son los mismos que vienen incumpliendo las obligaciones contractuales.
