Los diferentes actores, gremios y comunidades indígenas y rurales del país manifiestan su preocupación frente a la prohibición de la pesca deportiva en Colombia
Frente a la sentencia de la Corte Constitucional (C148-22) que declara inconstitucional la pesca deportiva, afecta a miles de familias rurales, indígenas y campesinas que derivan su sustento de esta actividad. Los diferentes actores, gremios y comunidades indígenas y rurales del país manifiestan su preocupación frente al tema y señalan que Colombia cuenta con especies únicas, lo que lo ha convertido en un paraíso para pescadores deportivos y ha generado todo un tejido de desarrollo sostenible en las zonas más alejadas del país.
Más de treinta comunidades indígenas ribereñas del Vichada, Guainía, Meta, Chocó, Antioquia, Casanare y Amazonas se han capacitado para prestar servicios turísticos y hoteleros gracias a esta actividad y ahora ven en riesgo la generación de ingresos de manera lícita y en armonía con el medio ambiente.
Como actores involucrados en la práctica de la pesca deportiva nos preocupa que este fallo no haya tenido en cuenta a las comunidades indígenas y a todos las personas que derivan su sustento del turismo que genera la pesca. Creemos que no se consideraron todos los elementos económicos, sociales y ambientales, ya que la decisión afecta de manera considerable el bienestar de todos los involucrados, desecha la posibilidad de las comunidades de vincularse una economía limpia, sostenible y por sobre todo afecta el bienestar del recurso pesquero, su entorno y el medio ambiente del cual depende y retroalimenta. La Pesca Deportiva tiene un valor estratégico enorme en la conservación.
En Colombia se generan alrededor de COP $276.713.500.000 por la pesca, sin tener en cuenta hoteles, transportes, pasajes aéreos, restaurantes, combustible y permisos. De ahí que al menos 117 operadores logísticos, 1640 guías, 272 auxiliares, 78 tiendas, 31 comunidades y más de 2.510 familias dependan económicamente de esta actividad en todo el país.
Delio Suárez, Capitán y máxima autoridad idígena de la comunidad de La Ceiba, del departamento del Guainía, señala que “Hacemos un llamado respetuoso a la Corte Constitucional y a las autoridades para que no prohíban de tajo una actividad que representa desarrollo sostenible para las regiones y para las comunidades e indígenas que dependemos de ella para no incurrir en actividades ilícitas o que puedan afectar de manera permanente el ecosistema”.
Estamos comprometidos con proyectos que tengan en cuenta el aspecto ambiental, social y económico y que generen desarrollo de una manera respetuosa con el medio ambiente; por eso estamos prestos a colaborar en la construcción de la normativa que se considere necesaria para continuar con esta actividad que pone a nuestro país entre los 5 mejores destinos turísticos para su desarrollo.
