Lo primero que hizo Gustavo Petro en su primer año como presidente, fue someter el tema de prestación del servicio de energía eléctrica a lo que dicen las leyes colombianas y del cómo se debe actuar frente a una crisis que dejó el gobierno de Duque. El presidente Gustavo Petro anunció la decisión de liquidar Air-e, la mala empresa de servicios públicos domiciliarios que de vainas operaba en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La medida, fundamentada en la inviabilidad económica de la compañía, abre una ventana de esperanza para cientos de miles de usuarios que hoy están ahogados en deudas que, en muchos casos, superan su capacidad real de pago.
La determinación presidencial la quieren hacer ver que es de ahora para demeritar un trabajo de años, nada más falto de la realidad. Air-e llegó a acumular pérdidas cercanas a los 2,5 billones de pesos, con una cartera morosa que supera el billón de pesos y unas pérdidas técnicas y no técnicas que rondan el 40% de la energía distribuida, perdidas de los recaudos de aseo y alumbrado público en los muchos municipios. Esta situación no solo ponía en riesgo la prestación del servicio, sino que evidenciaba un modelo de negocio insostenible, donde el sobrecosto energético terminaba siendo pagado por los usuarios cumplidos a través de las llamadas opciones tarifarias, perdidas o las macabras restricciones. Liquidar Air-e no es un acto de hostigamiento al sector privados, sino una necesidad técnica para evitar el colapso financiero de toda la región, por eso esta decisión llevó mas de dos años en concretarse.
Pero lo más relevante para el ciudadano de a pie es lo que viene ahora. Cuando una empresa de servicios públicos es liquidada, especialmente bajo la figura de intervención forzosa administrativa para liquidar, como lo contempla la Ley 142 de 1994, los soportes legales para el cobro de las deudas se debilitan sustancialmente. No es una exoneración automática, pero abre una puerta jurídica que en el pasado ya permitió que miles de usuarios del Caribe fueran liberados de sus compromisos con Electricaribe.
Recordemos lo ocurrido entonces. Cuando Electricaribe fue liquidada, y posteriormente se creó las nuevas empresas Afinia y Air-e, las deudas de los usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 fueron asumidas en parte por la Nación mediante un esquema de subvención, en la práctica borrando esos pasivos. Los abogados especializados en derecho administrativo coinciden en que, en un proceso liquidatario, los títulos ejecutivos con base en facturas emitidas por una empresa que ya no existe y cuyos contratos de condiciones uniformes quedan sin efecto, pierden fuerza coercitiva. La nueva empresa que eventualmente asuma la operación no está obligada a reconocer deudas adquiridas con el anterior operador y menos si estas facturas eran puestas al cobro sin el cumplimiento normativo, que como en casos como las áreas especiales, omitieron los contratos para la prestación del servicio y usurparon funciones propias de la comunidad durante décadas.
Aquí es donde aparece el factor político y electoral que ningún candidato a la Presidencia puede ignorar. El próximo 21 de junio, en la segunda vuelta presidencial, los colombianos, y en particular los habitantes de la costa Caribe, tendrán en sus manos decidir el rumbo de esta historia. Por un lado, está la propuesta de que la empresa regrese a la familia Ríos Velilla, sus antiguos dueños, quienes han manifestado su intención de retomar el control por medio de su candidato Abelardo de la Espriella. Por otro, la opción de consumar la liquidación y avanzar hacia un nuevo operador, (que se pretende que sea Estatal) con el consecuente alivio financiero para millones de familias que hoy no pueden pagar sus recibos como lo propone Petro y lo segunda Iván Cepeda Castro.
La decisión esta tomada después un trabajo bajo el cumplimiento de ley que llevó mas de 10 años, la gente ahora puede escoger con su voto este 21 de junio del 2026 si quieren que los Rios Velilla vuelvan con otro nuevo monstruo como Air-e – Electricaribe o la mejor opción con Iván Cepeda y que nos quiten las deudas ilegales que metieron estas empresas a los usuarios de los servicios públicos de energía eléctrica y la pase a manejar el Estado. Ya veo algunos molestos por esta determinación previo a la segunda vuelta presidencial, pero esto es el resultado de años de trabajo a favor del pueblo y sin con Electricaribe a usted amigo mío, le quitaron parte de los $ 450.000 millones de la deuda ilegal, ahora puede usted elegir si quiere que le quiten esos millones de pesos que tiene en su factura o que vuelvan los ladrones de siempre.
Las buenas noticias llegan a tiempo.
