En Colombia estamos mal jugando con dos derechos, el derecho a la identidad y el derecho al voto. Hoy ambas responsabilidades están en manos de una sola empresa, Thomas Greg & Sons, y debemos reconocer que esto, junto con las recientes decisiones y anuncios del gobierno, ha generado un ambiente de desconfianza que inquieta a todo el país.
Por un lado, tenemos el caos de los pasaportes, con filas interminables, donde las citas se volvieron imposibles y muchas personas viven con el miedo de que en septiembre se agudice la situación, porque el gobierno decidió romper de golpe el contrato sin tener caliente la solución. Nos prometen que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal se encargarán de la producción, pero la verdad es que no existe un plan claro ni un cronograma en el que confiar y si somos realistas, el pasaporte elaborado en Portugal seguramente saldrá al doble de precio y demorará más tiempo en la entrega. Este panorama deja claro que el Estado está fallando de forma alarmante en algo básico como garantizar un documento de identidad que le permita a la gente salir del país.
Por otro lado, esa misma empresa, que lleva años manejando los datos de los colombianos, será la encargada de la logística electoral de 2026. El Presidente desconfía y, con razón, advierte que es peligroso entregar tanto poder a un solo contratista. Y la verdad, sería irresponsable ignorar el tamaño del negocio, la concentración de datos y los posibles conflictos de interés.
Como también es verdad que la famosa Thomas es una empresa con dueños colombianos, que tiene la maquinaria y la experiencia para imprimir pasaportes, licencias de conducción, diplomas de universidades y colegio, tarjetones electorales y pruebas del ICFES. Además, ha demostrado tener la capacidad para custodiar elementos de la mayor sensibilidad y seguridad, algo que el Estado colombiano hoy no está en capacidad de garantizar por su cuenta. La verdadera incertidumbre aparece cuando dicen “con ellos no”, pero no hay otro proveedor ni una solución estatal que cumpla con los estándares técnicos, logísticos y de seguridad que se requieren.
Esto no es un problema de buenos y malos, ni se resuelve con discursos incendiarios, lo cierto es que la solución no puede ser la improvisación ni la reacción populista. Romper contratos sin tener un plan B listo no genera confianza, al contrario, siembra más desorden y sospecha.
Hoy estamos metidos en una combinación explosiva, con la incertidumbre, la improvisación y la politiquería. Cada bando aprovecha este lío para alimentar su discurso mientras los ciudadanos quedan atrapados entre el temor a un fraude electoral y la frustración de no poder tramitar un pasaporte eficientemente.
La salida no es ningún misterio, el gobierno debe dejar de pelear en X/Twitter y sentarse con todas las entidades competentes, incluido el propio contratista, para ordenar la casa. Se necesita una transición responsable, bien planeada y absolutamente transparente. Se podría prorrogar de manera controlada el servicio de pasaportes bajo vigilancia estricta y publicar cada avance de la adaptación de la Imprenta Nacional. En materia electoral, urge contratar una auditoría internacional independiente que revise los sistemas, las bases de datos y la licitación de principio a fin para blindar la confianza ciudadana sin sacrificar soberanía.
Si queremos recuperar la credibilidad, debemos dejar de lado la improvisación y comprometernos con el rigor, la planificación y el diálogo. En medio de esta tormenta estamos todos, ni la identidad ni la democracia se pueden negociar.
Posdata: Y hablando de improvisaciones, esta semana vimos cómo un puente de Wichita terminó presentado como obra en Riohacha. Una confusión que, aunque parezca anecdótica, refleja el mismo problema… se las dejo ahí
