La operación férrea de Cerrejón, columna vertebral de la economía guajira, vuelve a ser objeto de graves afectaciones. Lo que debería ser un activo protegido por su carácter estratégico, se ha convertido en escenario de bloqueos, atentados y confrontaciones que trascienden lo empresarial y ponen de relieve la incapacidad del Estado para asumir sus obligaciones constitucionales.
Más allá de los episodios de violencia, la problemática evidencia un desorden social incubado durante décadas por la desidia estatal, agravado por liderazgos locales que han convertido la necesidad legítima en instrumento de manipulación.
El Estado, gran ausente
La Constitución es clara: es el Estado quien debe garantizar derechos fundamentales como el agua, la salud, la educación y la seguridad. Sin embargo, en La Guajira esa responsabilidad se diluye en discursos, planes incompletos y promesas incumplidas. La incapacidad para proveer servicios básicos y dignificar a la población ha generado un vacío que se llena con vías de hecho y negociaciones improvisadas.
Paradójicamente, mientras los funcionarios se jactan de reconocer la deuda histórica con el departamento, la realidad cotidiana muestra comunidades atrapadas en el abandono, con un presente marcado por la pobreza y la fragmentación social.
Líderes entre comillas y comunidades engañadas
El desorden social guajiro se alimenta, además, de la actuación de ciertos “líderes” indígenas y comunitarios que, lejos de encarnar un liderazgo auténtico, han encontrado en la confrontación con la empresa un mecanismo de presión y beneficio personal.
En nombre de sus comunidades, negocian prebendas, prolongan bloqueos y desvían las exigencias hacia quien no tiene la obligación constitucional: la empresa privada. La consecuencia es doble: comunidades que siguen sin soluciones estructurales y un Estado que, liberado de responsabilidades inmediatas, perpetúa su inacción.
El resultado es un pueblo sumido en la pobreza y en la frustración, mientras se cultiva una narrativa donde la culpa recae exclusivamente en la industria minera.
La carga desproporcionada sobre Cerrejón
Cerrejón, en medio de este panorama, soporta una presión asfixiante. No solo enfrenta los bloqueos a sus vías y a la línea férrea, sino también atentados directos, como las recientes voladuras de su infraestructura. A las 19:42 de la noche de hoy, en el kilómetro 67, un atentado afectó la línea férrea. Apenas once minutos después, a las 19:53, otro ataque en el kilómetro 40+500 impactó los vagones de un tren que transitaba rumbo sur.
Estos hechos violentos, lejos de ser aislados, se suman a un entorno hostil que incluye sobrecarga impositiva, problemas de seguridad generalizados y normativas que ponen en entredicho la sostenibilidad de la operación. Todo ello, pese a que la empresa representa el mayor soporte fiscal y económico de La Guajira.
El caso del agua es ilustrativo: es el Estado el responsable de garantizarlo como derecho humano, pero la narrativa pública ha transferido esa carga a la empresa, difuminando las verdaderas responsabilidades.
Una región atrapada en la contradicción
La Guajira enfrenta una contradicción insalvable mientras no se reordenen las responsabilidades. No es sostenible que las comunidades reclamen a la empresa privada lo que debe garantizar el Estado; no es aceptable que se normalicen bloqueos y atentados como herramientas de negociación; y no es justo que el Estado se refugie en la pasividad mientras delega, por omisión, su papel de garante.
La solución no vendrá de culpabilizar exclusivamente a la industria, ni de perpetuar liderazgos oportunistas, ni de discursos vacíos. La verdadera salida exige que el Estado asuma con contundencia sus obligaciones y que se fortalezca la institucionalidad en el territorio.
De lo contrario, La Guajira seguirá siendo un departamento atrapado en un círculo de desorden, pobreza y violencia, donde las comunidades no encuentran dignidad, la empresa privada pierde sostenibilidad y el Estado continúa ausente, relegado a un papel de espectador de su propio fracaso.
Es el momento de construir un pacto real que ponga en el centro a la gente, en el que el Estado cumpla con su responsabilidad indelegable de garantizar derechos, las comunidades fortalezcan sus liderazgos en torno al bien común y la empresa privada continúe aportando al desarrollo sostenible. La Guajira tiene el potencial de ser un ejemplo nacional de cómo la concertación, la transparencia y la corresponsabilidad pueden transformar un territorio históricamente golpeado por la exclusión.
Solo así se podrá superar la lógica de la confrontación y dar paso a una agenda de futuro en la que el progreso económico y la justicia social caminen de la mano. La encrucijada que hoy enfrenta La Guajira no debe resolverse con más bloqueos ni con discursos de ocasión, sino con acciones claras, firmes y compartidas que devuelvan la confianza y la esperanza a sus comunidades.
