Colombia enfrenta una profunda crisis moral que afecta a todas sus instituciones. La reciente captura de los expresidentes de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y del Senado, Iván Name, vinculados a la red de corrupción de la UNGRD durante el gobierno de Gustavo Petro, es una prueba contundente de ello. ¿Cómo llegamos a este punto de decadencia moral?
El respeto a la moral pública parece cosa del pasado. Hoy, en lugar de desempeñar honestamente una función pública, la prioridad parece ser aprovechar el poder para enriquecerse ilícitamente a costa del Estado. Antes, la buena conducta era condición indispensable para acceder a un cargo público. Se exigía un riguroso juicio ético, una especie de “reserva moral”, que descartaba a candidatos con antecedentes cuestionables o conductas incompatibles con la dignidad del puesto y las buenas costumbres. Se buscaba preservar la moralidad pública y la credibilidad institucional, rechazando a quienes tuvieran investigaciones pendientes o un historial de comportamiento inapropiado. En resumen, la idoneidad moral, además de los requisitos académicos y profesionales, era un factor determinante en el nombramiento.
La designación de personas con reputación cuestionable en cargos públicos, incumpliendo requisitos legales y estándares éticos mínimos, erosiona la moralidad pública. La violación de la ley se ha banalizado, manipulándose incluso los manuales de funciones para justificar nombramientos irregulares. Estas personas se aferran a sus puestos con descaro hasta su eventual anulación. En situaciones aún más graves, la ciudadanía llega a elegir a individuos legalmente inhabilitados por condenas o sanciones, elecciones que luego son anuladas.
La crisis moral del país ha alcanzado niveles sin precedentes, agravada por las denuncias de adicción a las drogas contra el presidente, formuladas por el excanciller Álvaro Leyva, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la periodista María Jimena Duzán. El propio ministro Benedetti, responsable de la política interna del gobierno, ha reconocido su adicción a la cocaína y el alcohol, y cuenta con un historial de conducta reprochable, incluyendo violencia contra mujeres y el uso de un lenguaje soez e insultante como “huevón” y “marica”, razones éticas suficientes para no nombrarlo en ese cargo.
La orden de captura y detención preventiva de los expresidentes del Congreso, Name y Calle, por parte de la Corte Suprema, es sumamente significativa, a pesar de la presunción de inocencia que les asiste. Esta decisión indica que el máximo tribunal considera que existen pruebas suficientes para inferir una posible responsabilidad penal. La gravedad del caso y la contundencia de las pruebas presentadas justifican, a juicio de la Corte, la medida cautelar de prisión preventiva. Se trata, en definitiva, de una decisión judicial de extrema gravedad.
Iván Name y Calle fueron detenidos por las declaraciones de Olmedo López y Sneider Pinilla, principales responsables del desfalco a la UNGRD –el caso conocido como “los carrotanques de La Guajira”—, quienes actuaron como director y subdirector, respectivamente. La credibilidad de sus testimonios se refuerza con la declaración de Sandra Ortiz, exconsejera de las Regiones, quien afirmó haber entregado tres mil millones de pesos a Name y mil millones a Calle para impulsar la aprobación de las reformas sociales del gobierno.
La trama de corrupción en la UNGRD constituye un concierto para delinquir. Si bien dos altos funcionarios ya fueron capturados, la investigación debe continuar para incluir a otros miembros del gobierno que, según pruebas en poder de la justicia, estarían implicados. Entre ellos se encuentran el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González; el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y César Manrique, entre otros. Queda por determinar quién ordenó el pago de sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara, y si esos pagos buscaban beneficiar al gobierno del presidente Petro en la tramitación y aprobación de sus reformas. La lógica sugiere que el gobierno, como beneficiario, fue quien impulsó los sobornos. Surge entonces la pregunta crucial: ¿Tenía el presidente conocimiento de este entramado y se autorizó el pago con su consentimiento? Estas son preguntas que cada lector puede responder según su criterio, aunque la justicia será la encargada de esclarecer los hechos. Por el momento, se encuentran presos los señores Name y Calle, la exconsejera Sandra Ortiz, y según el abogado de Sneider Pinilla, “aún faltan poderosos por caer”.
La corrupción ha manchado incluso al sistema judicial colombiano, otrora símbolo de imparcialidad. Magistrados como Gustavo Malo, Francisco Ricaurte y Leónidas Bustos, integrantes del llamado “cartel de la toga”, se vieron involucrados en la venta de fallos y la manipulación de decisiones judiciales. Igualmente, el magistrado Pretel, de la Corte Constitucional, aceptó sobornos para favorecer a una empresa en un proceso de tutela. Esto es vergonzoso.
Cuando una sociedad pierde su moral pública, pierde su norte y se desvía por el camino que la conduce al abismo oscuro de su autodestrucción.
