Colombia vive una crisis sanitaria sin precedentes. El sistema de salud tambalea: hospitales sin liquidez, clínicas cerrando servicios, profesionales sin salario, pacientes a la espera de medicamentos y autorizaciones de cirugías. Todo el país sufre, pero hay un departamento donde el colapso no es una amenaza futura, sino una realidad que ya comenzó: La Guajira. Por sus condiciones históricas, geográficas, sociales y económicas, este territorio está en riesgo inminente de quedarse sin red hospitalaria funcional. No es una exageración. Es un hecho técnico, humano y ético. Y quienes hoy ocupan cargos de responsabilidad pública en el departamento no son culpables de esta crisis nacional, pero sí tienen en sus manos la posibilidad —y el deber— de evitar una tragedia silenciosa.
El 86.1 % de los guajiros dependen del régimen subsidiado[1]. Esto significa que la mayoría de la población no accede a la salud por su capacidad de pago, sino gracias a la financiación estatal. Un modelo que, si bien permitió ampliar la cobertura formal, es extremadamente vulnerable cuando se rompe el flujo de recursos. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo: la deuda acumulada por las EPS, los atrasos en los giros y la incapacidad estructural del sistema han dejado a las Instituciones Prestadoras de Salud sin aire. Las EPS intervenidas, como la Nueva EPS o Sanitas y las liquidadas como Comfaguajira han fallado en garantizar el pago de los servicios prestados. Otras han salido del departamento. Y mientras tanto, miles de usuarios se encuentran sin atención o atrapados en un laberinto de trámites y excusas.
Pero la fragilidad no es solo financiera. La geografía y la interculturalidad de La Guajira hacen que garantizar atención en salud sea un reto diario. En un departamento con más de un millón de habitantes y una alta dispersión territorial, muchas comunidades indígenas y rurales viven a horas de distancia de un centro de salud. La Alta Guajira, por ejemplo, tiene zonas donde una ambulancia tarda más de ocho horas en llegar —si hay ambulancia, si hay gasolina, si hay personal.
El 46,3 % de la población pertenece a pueblos indígenas[2] que requieren atención intercultural, traductores, confianza comunitaria, enfoques diferenciados. No se trata de un detalle: cuando una madre wayuu no entiende las instrucciones de un médico, o cuando una mujer embarazada no logra ser atendida en su lengua, estamos fallando como sociedad. Y esa falla cuesta vidas.
En este contexto, los hospitales y clínicas del departamento ya no luchan por crecer, sino por sobrevivir. No se trata de una metáfora. Hay servicios que han cerrado en silencio. Hay nóminas impagas, salas apagadas, medicamentos que no llegan. Hay médicos, enfermeras y conductores de ambulancia que siguen trabajando por vocación, aun sin saber cuándo cobrarán. La red hospitalaria de La Guajira —pública y privada— está en terapia intensiva. Y sin una intervención urgente, el paro técnico total es una posibilidad real. Lo más doloroso es que detrás de cada puerta cerrada hay una historia que no sabremos contar: un niño que no fue trasladado a tiempo[3], una mujer que dio a luz sin asistencia[4], un abuelo que falleció esperando una cama.
Y, sin embargo, aún hay quienes resisten. La Asociación de empresas prestadoras de servicio de salud de la Guajira ASEMPS, que agrupa a los representantes legales de las clínicas privadas e indígenas —todos guajiros— ha hecho esfuerzos heroicos para sostener los servicios esenciales. Han priorizado el compromiso con su tierra por encima de cualquier lógica económica. La sociedad les debe gratitud. Y más que eso: acompañamiento. No pueden quedar solos. No deben quedar solos.
Esta columna es un S.O.S. La crisis nacional de salud viene gestándose desde hace años, con múltiples responsables. Pero lo que ocurra ahora en La Guajira depende, en buena parte, de sus dolientes directos. Por eso, este es un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades locales. El gobernador, los alcaldes, la Asamblea, la Procuraduría regional, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales tienen hoy una oportunidad histórica. No para resolver solos una crisis estructural, sino para alzar la voz, asumir el rol de interlocutores activos y exigir una solución inmediata ante el Gobierno Nacional.
Lo que acaba de ocurrir en Medellín es un precedente claro. Ante la misma crisis, el alcalde acudió a la justicia y logró un fallo que ordena al Gobierno y a las EPS pagar las deudas a las IPS en un plazo de 30 días. ¿Por qué no hacer lo mismo aquí? ¿Por qué no liderar una acción judicial regional o una mesa interinstitucional de urgencia que articule a los actores locales y presione respuestas concretas? El silencio institucional solo agrava la crisis. La espera pasiva es una forma de renuncia.
Aquí no se trata de ideologías, de partidos ni de cálculos. Se trata de vidas humanas. Todos —sin importar cargo, profesión o condición— enfermamos en algún momento. Y cuando eso ocurre, dependemos de una red de salud que funcione. Si colapsa, no habrá distinción entre ricos y pobres. El dolor no pregunta por afiliación política. El sufrimiento no reconoce estratos. Cuando el sistema falla, caemos todos. Y La Guajira ya está cayendo.
Aún estamos a tiempo. Todavía hay posibilidad de actuar antes de que el daño sea irreversible. La Guajira tiene historia, tiene orgullo y tiene razones de sobra para exigir dignidad. Que esta columna no sea solo una denuncia, sino una invitación al compromiso colectivo. Porque la salud no puede esperar. Porque la vida no puede ser postergada. Y porque hay momentos donde el silencio mata más que la enfermedad.
[1] Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA. Documento Regional UPRA – La Guajira, 2023, p.4.https://upra.gov.co/Kit_Territorial/2-%20Informaci%C3%B3n%20por%20Departamentos/LA%20GUAJIRA/2-%20Documento%20Regional%20UPRA%20La%20Guajira.pdf
[2] Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA. Documento Regional UPRA – La Guajira, 2023, p.3.https://upra.gov.co/Kit_Territorial/2-%20Informaci%C3%B3n%20por%20Departamentos/LA%20GUAJIRA/2-%20Documento%20Regional%20UPRA%20La%20Guajira.pdf
[3] la tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años, asciende a 60 por 1000, casi el triple del promedio nacional (16). Datos de Banco de la República basados en cifras del DANE: mortalidad infantil en La Guajira y comparativo nacional
[4] La Guajira presentó en 2024 una Razón de Mortalidad Materna (RMM) de 130,5 por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que la media nacional fue de 44,5, lo que representa una proporción casi tres veces superior. Fuente: Instituto Nacional de Salud (INS), Informe de Mortalidad Materna. Corte consolidado año 2024. Disponible en: www.ins.gov.co
