El magistrado Carlos Camargo hizo un llamado a las instituciones para que implementen soluciones estructurales que garanticen el acceso continuo al agua potable en las comunidades indígenas de La Guajira.
La Corte Constitucional volvió a llamar la atención sobre la crisis de abastecimiento de agua que afecta a las comunidades indígenas wayuu en La Guajira, al advertir que el suministro mediante carrotanques no puede convertirse en una solución permanente frente a la falta de acceso al líquido vital.
El magistrado Carlos Camargo fue enfático al señalar que el Estado debe avanzar hacia alternativas sostenibles que permitan garantizar el derecho fundamental al agua, especialmente para las comunidades que enfrentan mayores dificultades para acceder a fuentes seguras de abastecimiento.
“La Corte no aceptará que el carrotanque sea la respuesta permanente del Estado a la sed del pueblo wayuu”, expresó el magistrado, al insistir en la necesidad de superar las medidas temporales y avanzar hacia soluciones que respondan de manera efectiva a las necesidades de la población.
La advertencia pone nuevamente en el centro del debate la situación que viven numerosas comunidades indígenas de La Guajira, donde las dificultades para acceder al agua potable continúan representando un desafío para las instituciones responsables de garantizar este derecho fundamental.
En ese sentido, el llamado apunta a fortalecer la ejecución de obras de infraestructura, los sistemas de abastecimiento y otros mecanismos sostenibles que permitan llevar agua de manera continua y segura a los territorios afectados.
La Corte Constitucional mantiene el seguimiento a las medidas adoptadas por el Estado para superar las condiciones que vulneran los derechos fundamentales del pueblo wayuu.
El reto, más allá de atender las necesidades inmediatas mediante carrotanques, consiste en garantizar soluciones duraderas que permitan a las comunidades acceder al agua potable de forma permanente.
La advertencia fue hecha en Riohacha durante la sesión técnica sobre transparencia y el Plan Estructural de Acción, convocada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, en el marco del seguimiento a las medidas adoptadas por el Estado para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas wayuu de La Guajira.
