Por la desidia administrativa y un sistema público en cuidados intensivos, los derechos fundamentales de los niños pasaron de ser una prioridad constitucional a convertirse en una condena de olvido.
(Negrindio)
Cualquier persona que lea la Constitución de Colombia sin vivir en el país, concluirá inevitablemente que se encuentra ante una obra perfecta. Pensará que nuestra sociedad es un modelo de garantías y protección de derechos fundamentales, el diseño ideal para una nación maravillosa; en pocas palabras, que este es, literalmente, el país de las maravillas.
Si en algo coinciden los constitucionalistas es en que nuestra Carta Política es una de las más modernas del mundo, gracias a su robusto catálogo de principios, derechos y mecanismos de protección. Claro, el papel lo aguanta todo. Pero la realidad —esa cruda realidad— choca de frente contra un país desigual, injusto e incluso indolente. La prueba irrefutable de esta fractura es el desgarrador caso del niño Kevin Arley Acosta (q.e.p.d.).
Nuestra Constitución proclama, desde su preámbulo, la protección a la vida y la igualdad de todos ante la ley. Pero, ¿cómo se explica entonces que un niño que padecía hemofilia A severa y requería un medicamento de carácter urgente, llevara más de dos meses sin recibir tratamiento y esperando un medicamento? Tras una caída en bicicleta, Kevin murió sin haber recibido el medicamento que habría salvado su vida. La Nueva EPS nunca se lo entregó. ¿Es eso proteger la vida? ¿Es eso ser iguales ante la ley? La retórica constitucional se desmorona cuando el derecho fundamental a la salud termina supeditado a la negligencia administrativa.
Por supuesto, en un país tan estratificado como Colombia —donde unos pocos lo tienen todo y las mayorías casi nada— la desigualdad no es una estadística, es una sentencia de muerte. A un niño de “mejor familia” o con apellidos influyentes no le sucede lo que a Kevin; para él siempre habrá prioridad, ya sea por poder económico o por palanca. Esta tragedia es el patrimonio exclusivo de los pobres, de quienes dependen de un sistema de salud precario y terminan muriendo en la puerta de un hospital o consumiéndose mientras esperan una medicina que nunca llega.
El problema no radica en que quien tiene recursos acceda a medicina prepagada; lo inaceptable es que el sistema público no ofrezca calidad y le arrebate la dignidad al ciudadano de a pie. Es paradójico que en un modelo diseñado bajo la universalidad y la solidaridad, la única salvación sea una tutela. Lo que es digno para unos debería serlo para todos. No se exigen lujos, se exige un servicio público efectivo que proteja la vida y evite que tragedias como la de Kevin se repitan ante nuestra mirada indolente.
La Nueva EPS, la más grande del país, se encuentra actualmente intervenida por un Gobierno que no ha logrado mejorar el sistema de salud y que, por el contrario, parece haber acelerado su deterioro progresivo mediante la intervención estatal. Imposible olvidar cuando el presidente sugirió que, para acabar con las EPS, bastaría con no hacer nada para que el sistema cayera como un efecto dominó: ‘zu, zu, zu’. Pues bien, lo que ocurre hoy con la entrega de medicamentos en la Nueva EPS es el reflejo de un “negacionismo deshumanizante”, como bien catalogó el exministro Gaviria la actitud del mandatario y de su ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En el caso de Kevin, lejos de asumir la responsabilidad administrativa, optaron por la revictimización al culpar a la madre del menor por la tragedia.
No podemos olvidar el caso de Sanitas EPS, donde la “cura” de la intervención estatal resultó ser peor que la enfermedad. Una entidad que gozaba de prestigio por su buena atención terminó siendo el blanco de una medida que la Corte Constitucional debió revertir, declarando la nulidad de la intervención y ordenando su devolución a los propietarios. Ha quedado claro que la intervención no ha sido una herramienta para mejorar el servicio, sino un garrote para golpear al sistema y someter a las entidades mediante maniobras asfixiantes, como el retraso deliberado en el giro de los recursos. Se trata de un asedio administrativo donde el paciente es el último en la lista de prioridades.
Produce una profunda indignación ser testigos del cinismo oficial, que busca justificaciones externas cuando la responsabilidad recae directamente sobre los hombros del Gobierno. En mi opinión, lo ocurrido con el niño Kevin Arley Acosta no fue un accidente administrativo, sino un homicidio por omisión; un hecho que debería acarrear consecuencias penales contra el Ministro de Salud. Es inaceptable que un funcionario encargado de proteger la vida muestre tal nivel de indolencia frente a la tragedia. Al final, la brecha social se resume en una amarga certeza: a un hijo del ministro, por supuesto, jamás le pasaría algo así. Volvamos al inicio: el artículo 44 de nuestra “maravillosa” Constitución dicta que ‘los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás’. En serio, ¿prevalecen? Hoy esas palabras son letra muerta. La prueba de que la realidad desmiente al papel tiene rostro y nombre: Kevin. La injusticia en Colombia también se escribe con su nombre, el de un niño sacrificado por la desidia en el país que, según su presidente, es ‘Potencia Mundial de la Vida’. Qué ironía tan dolorosa.
