Seguramente, al momento de leer estas líneas, usted ya ejerció de manera responsable su derecho al voto y cumplió con uno de los actos más importantes de la democracia. En el departamento de La Guajira, más de 708.000 ciudadanos están habilitados para participar en esa decisión colectiva que define quiénes asumirán la representación del territorio en el Congreso de la República. Dentro de ese abanico de nombres que compiten por representar al departamento, muchos electores han depositado no solo una preferencia política, sino también una expectativa: que ese voto de confianza se traduzca más adelante en resultados concretos.
Porque votar no es únicamente escoger un nombre en el tarjetón. También es abrir la puerta al derecho de exigir. Exigir que los mensajes compartidos durante la campaña no se diluyan una vez terminada la contienda y que las propuestas que circularon en plazas públicas, debates y recorridos territoriales no se queden en la retórica electoral, sino que formen parte real de la agenda que los congresistas impulsen desde el Legislativo. Y es precisamente allí donde aparece la discusión de fondo: la agenda de La Guajira en el Congreso.
En la contienda aparecen nombres conocidos del escenario político regional, entre ellos Alfredo Deluque y Martha Peralta en la disputa por el Senado, así como Juan Loreto Gómez, Nenón Figueroa y Pablo Parra en la competencia por la Cámara de Representantes. Sin embargo, más allá de los resultados electorales, la discusión realmente importante no es quién ocupará las curules, sino qué agenda defenderá La Guajira en el Congreso durante los próximos años.
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Más allá de esa disputa puntual, el verdadero debate no es electoral sino estratégico. El próximo periodo legislativo podría convertirse en uno de los más determinantes de la historia reciente. En un país profundamente polarizado por la política, el Congreso tendrá un papel importante y será ejercer equilibrio y control frente a cualquiera de los extremos que alcance la Presidencia, teniendo en cuenta lo que nos van mostrando las encuestas. En ese escenario, los departamentos que actúen con cohesión programática tendrán mayor capacidad de incidencia real.
Para La Guajira, este escenario representa una oportunidad singular. Sus congresistas son competidores en el terreno electoral y, con seguridad, el próximo año la disputa por Gobernación y alcaldías estará marcada por una intensa confrontación política. Sin embargo, existen asuntos estructurales que no admiten fragmentación. Hay proyectos cuya naturaleza trasciende partidos, liderazgos, grupos políticos e ideologías.
El primero de esos desafíos es la seguridad hídrica. Durante décadas, el acceso al agua ha sido uno de los problemas más críticos del departamento. La represa del río Ranchería no puede seguir representando una promesa inconclusa. El agua no es únicamente un derecho humano básico; es la condición material para la productividad rural, la seguridad alimentaria y la estabilidad social. La puesta en marcha integral de esta infraestructura, con enfoque multipropósito debe convertirse en prioridad presupuestal y en objeto de control político permanente desde la bancada guajira.
La infraestructura productiva constituye otro mínimo inaplazable. Las vías terciarias deterioradas encarecen la producción, reducen márgenes y ahuyentan la inversión. La infraestructura no puede seguir pensándose como obra aislada para el video institucional; debe articularse a cadenas productivas concretas: agro, ganadería, pesca, turismo y energía. Conectividad rural, centros de acopio, cadena de frío y logística eficiente son componentes de competitividad, no simples inversiones sectoriales.
El debate sobre el agua, además, debe ampliarse. El debate sobre el agua debe ampliarse. En La Guajira, hablar de agua exclusivamente como emergencia humanitaria es insuficiente. Sin agua para producir no existe diversificación productiva posible. La agenda legislativa debe integrar consumo humano, riego agrícola, uso ganadero y soluciones tecnológicas adaptadas a nuestro territorio. Esto exige ajustes normativos, priorización presupuestal y vigilancia estricta sobre las entidades responsables de ejecutar recursos.
En materia minero-energética, el departamento es protagonista de la transición energética nacional. Sin embargo, persiste una paradoja evidente: la energía se produce en La Guajira, pero las decisiones estratégicas se concentran fuera del territorio. La bancada guajira debe promover marcos que garanticen la estabilidad jurídica y la tranquilidad de los inversionistas en el departamento.
Incrementar la participación de La Guajira en el Presupuesto General de la Nación es igualmente determinante. La incidencia política se traduce en asignaciones concretas. Esto requiere coordinación entre senadores y representantes y disciplina técnica en la estructuración de proyectos. El departamento no puede limitarse a reaccionar ante crisis coyunturales; debe anticiparse con iniciativas sólidas y financieramente viables.
La vía a la Alta Guajira representa integración territorial y presencia institucional. No es únicamente una carretera; es acceso a servicios, reducción de costos logísticos y fortalecimiento de la soberanía en una zona estratégica. De igual manera, el incremento del pie de fuerza, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de capacidades en seguridad son condiciones funcionales para cualquier estrategia de desarrollo.
La representación guajira en el Congreso no puede actuar como suma dispersa de agendas individuales. En un Legislativo que deberá servir de contrapeso en un país polarizado, la cohesión territorial será un activo político decisivo. Las diferencias partidistas son inevitables; la fragmentación estratégica no lo es.
Existe una agenda mínima que no admite divisiones: agua para vivir y producir, infraestructura para competir, seguridad jurídica para el inversionista, seguridad física y mayor incidencia presupuestal. Si los congresistas guajiros comprenden la magnitud del momento histórico, podrán transformar una coyuntura electoral en una estrategia de largo plazo.
El verdadero desafío no consiste en definir quién obtiene una curul. El desafío es si La Guajira será capaz de convertir su representación política en una agenda común que defienda con coherencia los intereses del departamento en el escenario nacional.
