El ascenso de Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa a la Cámara fue el resultado de un trabajo político en equipo: 12 exalcaldes con quienes compartió periodo (2016–2019), el respaldo del exsenador y exgobernador Jorge Ballesteros Bernier y su movimiento, exalcaldes de periodos anteriores, líderes reconocidos en todo el departamento, tres diputados —Miguel Felipe Aragón, Eriberto Ibarra Campo y Micher Pérez Fuentes— y mujeres influyentes de las etnias Wayuu y alijuna. Esa plataforma permitió alcanzar la única credencial nacional del partido Colombia Renaciente. Hoy, buena parte de ese soporte —varios de ellos— se mantiene, consolidando a Cerchiaro como aspirante serio a revalidar su representación con la misma premisa: gestionar resultados concretos para su territorio.
Su trabajo en el Congreso se articula, principalmente, desde la Comisión Cuarta Constitucional Permanente, epicentro de las decisiones sobre administración del dinero público, estabilidad macroeconómica y planeación financiera del Estado. Desde su primer año impulsó una proposición para priorizar, en los presupuestos de salud, agua potable, alimentación y seguridad alimentaria, la atención de niños, niñas y adolescentes del pueblo Wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en cumplimiento de la Resolución 60 de 2015 de la CIDH y la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional. La iniciativa fue avalada y quedó consignada en el artículo 89 de la Ley 2276 de 2022, abriendo la puerta a apropiaciones específicas desde 2023, con continuidad en 2024.
Como ponente, ha intervenido en proyectos neurálgicos: PL 350/2022 (Presupuesto Abierto); PL 222/2022C–205/2022S (Presupuesto del Sistema General de Regalías 2023–2024) —donde defendió recursos para el control preventivo y disciplinario de la Procuraduría y la posibilidad de operaciones de crédito público con cargo a la Asignación de Inversión Regional—; y PL 338/2023C–274/2023S (Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026), en cuyo trámite propuso ajustes al Plan Plurianual de Inversiones para La Guajira, incluyendo obras estratégicas: la doble calzada Paraguachón–Santa Marta, la vía Uribía–Puerto Bolívar y la vía Tomarrazón–Distracción. Además, incidió en la adición de parágrafos al artículo 54 de la Ley 143 de 1994 —luego recogidos en el artículo 233 de la Ley 2294 de 2023— para elevar gradualmente las transferencias de proyectos de generación en zonas de alta radiación solar y viento, con destinación específica a comunidades étnicas y una gobernanza participativa.
En el PL 342/2023C–278/2023S (adiciones y modificaciones al PGN 2023), respaldó adiciones estratégicas a Defensa, Hacienda, TIC, Computadores para Educar, la Registraduría y la Contraloría. Como ponente del Presupuesto 2024 (PL 057/2023C–079/2023S), promovió flexibilidades para el pago de nóminas de pensionados territoriales y la reorientación temporal de rentas al FONPET, aliviando flujos de caja locales.
Un hito de especial impacto regional es su ponencia en el PL 399/2024C–259/2024S (SAMA), que devino en la Ley 2500 de 2025, fijando una estructura accionaria que garantiza a la Nación el 50,1% en Salinas Marítimas de Manaure (SAMA LTDA) —representada por MinCIT— y preserva la naturaleza de sociedad de economía mixta, al tiempo que consolida la participación del Municipio de Manaure y de las asociaciones Sumain-Ichi, Waya Wayú y Asocharma. Aunque tres proposiciones adicionales no fueron avaladas —diagnóstico y saneamiento de pasivos, reinversión social obligatoria de utilidades y priorización de proyectos de agua y saneamiento—, dejaron trazado un marco de política pública con foco social y étnico.
En control político, ha impulsado debates en la Comisión Cuarta sobre presupuestos anuales, crecimiento del PIB, riesgos de recesión, ejecución del SGR, estados financieros de Ecopetrol y ejecución presupuestal por sectores. Junto con otros congresistas, citó a ministros y directores de entidades clave (Hacienda, DIAN, DNP, Ambiente, Ciencia, Agricultura, ICA, Restitución de Tierras). En la Comisión Especial de Vigilancia al Organismo Electoral, participó en sesiones sobre orden público y transparencia electoral frente a comicios territoriales y, en 2024–2025, en la recepción de informes del Registrador y el CNE. Además, integró la Comisión Accidental de seguimiento a AIRE y Afinia en la Costa Caribe, impulsando el primer gran foro regional en Riohacha (septiembre de 2022) para abordar la crisis del servicio eléctrico. En la comisión accidental para la lista de elegibles a Contralor General presentó impedimento, en coherencia con estándares de transparencia.
Como autor de seis proyectos —tres ya convertidos en ley—, destaca la Ley 2392 de 2024 (Estampilla Pro-Hospitales Públicos de La Guajira, hasta $300.000 millones), con ejes de salud pública, descentralización y equidad territorial; la Ley 2526 de 2025 (fin de semana mensual de cultura y turismo local con descuentos del 50%), que impulsa recreación, identidad regional y economía sostenible; y la Ley 2546 de 2025, mediante la cual la Nación se asocia a los 500 años de Dibulla, apalancando memoria histórica y proyectos de infraestructura.
Dos iniciativas suyas avanzan con ponencia positiva para segundo debate: el PL 190/2024 (reglas para cobros de parqueaderos en centros comerciales y clínicas, con deducciones asociadas a consumos y equilibrio financiero) y el PL 189/2024 (actualización de la Ley 43 de 1990 de contaduría, reconociendo práctica como experiencia). Más recientemente radicó el PL 323/2025 para declarar el chirrinchi guajiro como Patrimonio Cultural Inmaterial, con salvaguarda de saberes Wayuu, participación autónoma de comunidades, régimen sanitario diferencial y fomento a la economía cultural.
Como coautor, ha acompañado 68 proyectos agrupados en nueve campos: igualdad de género; educación, juventud y cultura; salud pública; economía y empleo; infraestructura, transporte y energía; ambiente y sostenibilidad; garantías constitucionales y modernización institucional; seguridad social y empleo público; y otras materias de interés social. Su huella técnica también se expresa en la cifra: 156 proposiciones radicadas en tres años, como autor o coautor, para perfeccionar, adicionar o suprimir textos de ley con orientación territorial.
Ingeniero civil, con magíster en administración de empresas y liderazgo estratégico, Cerchiaro conjuga pericia técnica y vocación de servicio. En lo personal, está casado con Rosa “Ocha” Bolívar, reconocida por su calidez y cercanía; es padre de José Antonio, Carolina, Valentina y José Francisco. En lo público, su sello es la disciplina: construir mayorías, blindar jurídicamente las decisiones y traducirlas en beneficios concretos para La Guajira. Esa mezcla de método y propósito explica por qué su nombre suena —otra vez— con fuerza en el debate parlamentario: menos estridencia, más resultados.
