La candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, Sandra Fonseca, cuestionó el plan del Gobierno del presidente Gustavo Petro para trasladar a los usuarios de todo el país el costo de las deudas acumuladas por la empresa Air-e. La estrategia oficial implica que millones de hogares terminen pagando los errores financieros y operativos de la compañía, a través de la factura de la luz
El Gobierno anunció un mecanismo que ha denominado “salvavidas solidario” para garantizar que Air-e pueda cubrir sus obligaciones con las generadoras de energía y demás agentes, y así supuestamente asegurar la continuidad del servicio en la región Caribe. Sin embargo, la medida implica un recargo de ocho pesos por cada kilovatio hora consumida.
Fonseca sostuvo que la decisión contradice el discurso social del Ejecutivo. “Se subió el salario mínimo diciendo que era para mejorar la calidad de vida de las personas, pero ahora ese mismo ingreso se pretende usar para pagar una deuda que no contrajeron los ciudadanos, sino una empresa mal administrada”, afirmó.
Fonseca recalcó que la falta de control real sobre Air-e se refleja en que, en apenas catorce meses, han pasado cuatro agentes interventores sin que nada cambie. Según explicó, aunque esos funcionarios los nombra el Gobierno, en la práctica han sido fichas del presidente de Air-e, Alberto Ríos, lo que convierte la supervisión en un conflicto de intereses. En ese contexto, recordó que Edwin Palma fue agente interventor y luego pasó a ser ministro de Minas y Energía, una muestra —dijo— de cómo opera ese mismo engranaje de poder. Para Fonseca, lo mismo ha ocurrido con los otros tres interventores: responden al presidente de Air-e y no a una vigilancia independiente. “El vigilado termina poniendo a quien lo vigila”, advirtió, lo que genera inestabilidad en la supervisión, responde a decisiones políticas y no técnicas, y no garantiza su continuidad administrativa, sino que deja una falla estructural en el control y la vigilancia.
A su juicio, la propuesta que respalda el recargo en la tarifa no soluciona los problemas estructurales de la empresa ni mejora la calidad del servicio, sino que traslada el peso financiero a todos los hogares, e incluyendo a la Costa Caribe, donde los usuarios ya enfrentan facturas elevadas y un suministro deficiente. “Las familias no causaron esta deuda. No administraron mal ni tomaron malas decisiones. Air-e sí”, señaló.
Air-e fue intervenida por el Estado desde 12 de septiembrede 2024, tras ser declarada incapaz de garantizar un servicio adecuado en Atlántico, La Guajira y Magdalena debido a fallas técnicas, operativas y financieras; y a la fecha no cuenta con un plan estructurado de solución sostenible del servicio.
Sandra Fonseca, actual candidata al senado por el partido El Nuevo Liberalismo con el número 16, es una especialista en energía en Colombia y en la a región, ingeniera electricista con formación de posgrado en energía y regulación, y en Gerencia Empresarial, ambas en el Reino Unido, y una trayectoria de más de tres décadas en el sector energético; ha ocupado cargos de alto nivel en gerencia de consultoría energética y empresas públicas. Fue directora de la CREG, presidió la Empresa de Energía de Bogotá y dirigió la CIER. Los últimos 5 años presidio Asoenergía, liderando la representación de los grandes usuarios energéticosindustriales y comerciales, convirtiéndose en una autoridad sectorial y una de las voces técnicas más influyentes en los debates sobre tarifas, confiabilidad y competitividad del sistema eléctrico y de gas en Colombia.
