En 1997 llegué a Riohacha, nombrado en propiedad como juez civil de circuito, sin que el Tribunal Superior me conociera personalmente. Mi única carta de presentación era mi trayectoria y haber ocupado el primer lugar en la lista de elegibles. Reemplazaba en ese cargo al doctor Álvaro Alario Montero, un juez extraordinario que más tarde llegaría a ser Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura.
Un Tribunal de maestros
El Tribunal que me nominó estaba integrado por jueces íntegros, verdaderos discípulos de la justicia: dedicados, ejemplares y plenamente merecedores del calificativo de Honorable. Y no por protocolo, sino por mérito indiscutible. Recuerdo con gratitud a Ever Mendoza Acosta, Ramiro Robles, Ciro Habib Manjarrez, Alfredo Núñez y a la magistrada Manuela Bermúdez Carvajalino.
La carrera judicial que fue
En aquella época, los nombramientos se realizaban respetando la carrera judicial y siguiendo con rigor el concurso de méritos. Ese sistema garantizaba estabilidad, independencia y profesionalismo: pilares sin los cuales la justicia pierde su esencia.
Nada de eso ocurre hoy. La provisionalidad, que debía ser la excepción, se convirtió en la regla. La ocupación temporal de cargos judiciales —muchas veces durante años— se extendió por todo el país, en abierta violación el artículo 125 de la Constitución, que ordena que los empleos públicos se provean por concurso de méritos.
La provisionalidad que se volvió sistema
Esta práctica, hoy normalizada y generalizada, ha producido una crisis estructural disfrazada de temporalidad permanente. Aunque la Corte Constitucional no lo haya declarado formalmente, la realidad se asemeja a un verdadero estado de cosas inconstitucional. La provisionalidad masiva compromete la independencia judicial, erosiona la confianza ciudadana y debilita la legitimidad de la Rama Judicial.
Lo que antes fue una carrera edificada con estudio, dedicación y rectitud, ha sido reemplazado por un sistema frágil, permeable y, en no pocos casos, politizado. Para quienes vivimos la época en que la toga pesaba y la palabra valía, es doloroso ver cómo la integridad fue sustituida por el favor.
Una cifra que revela el desorden
Para septiembre de 2023, en el Distrito Judicial de Riohacha había 51 jueces nombrados en provisionalidad, según respuesta a un derecho de petición que presenté ante la Dirección Seccional de Administración Judicial. Esa cifra supera el 50% de la planta judicial. Es decir: más de la mitad de la judicatura funciona sin estabilidad ni concurso de méritos. La proporción habla por sí sola.
La provisionalidad como raíz del deterioro
La provisionalidad es hoy la principal causa de la crisis estructural de la justicia. A ello se suma la falta de idoneidad moral y ética de muchos funcionarios, además de una formación académica precaria desde la universidad. El resultado es evidente: la mediocridad se ha instalado en la calidad de los fallos judiciales.
Este cuasi–estado de cosas inconstitucional es tolerado —cuando no promovido— por la propia Rama Judicial. Los nominadores se escudan en demoras de concursos y, ante la inexistencia de listas de elegibles, justifican nombramientos a dedo. En las altas cortes, magistrados titulares ascienden a sus auxiliares; en los tribunales, magistrados nombran a amigos y allegados como jueces. Una cadena de favores que erosiona la meritocracia y profundiza la decadencia institucional.
Incongruencias que minan la confianza
¿Cómo entender que un concurso de méritos lleve más de siete años sin concluir y, aun así, se convoque un nuevo concurso sin haber terminado el anterior? ¿Cómo explicar que una magistrada del Tribunal Administrativo de La Guajira haya permanecido más de siete años en provisionalidad antes de pensionarse? La provisionalidad, siendo transitoria, se volvió una forma de permanencia indefinida.
Tampoco pasa inadvertido que un magistrado del Tribunal Superior de Riohacha, antes de jubilarse, dejara nombrados en provisionalidad a varios allegados. Este tipo de decisiones perpetúa un modelo que privilegia afinidades personales por encima de la idoneidad, con grave daño para la institución.
Estas prácticas explican por qué la ciudadanía percibe una justicia debilitada, opaca y distante de los principios que deberían protegerla. La meritocracia no puede seguir siendo una promesa aplazada.
Cuando la corrupción se vuelve costumbre
Nada afecta más la confianza ciudadana que los escándalos de corrupción en la misma justicia. El episodio más vergonzoso continúa siendo el llamado Cartel de la Toga, ocurrido en la Corte Suprema de Justicia, donde se compraron fallos y se archivaron expedientes de manera irregular. Una cicatriz que aún duele.
La Guajira tampoco ha sido inmune. En 2002, dos magistrados del Tribunal Superior de Riohacha fueron condenados penalmente. También lo fueron el exmagistrado Ronaldo Redondo (q. e. p. d.) y el exjuez penal del circuito Leonelo Sierra. Más recientemente, se produjeron las destituciones de los jueces Vladimir Daza Hernández, Adrián Rumbo López (nombrados en provisionalidad) y un millonario fraude con títulos judiciales en el Juzgado Primero Civil Municipal de Riohacha.
A ello se suma la investigación del periodista Jacobo Solano Cerchiario, “El cartel de la justicia en el Cesar y La Guajira”, que relaciona a magistrados, jueces y fiscales presuntamente involucrados en actuaciones ilícitas.
Riohacha es una ciudad pequeña: todo se sabe. Entre abogados circulan los nombres de funcionarios que reciben dinero, venden decisiones o negocian procesos. Sus actos son notorios, pero pocos se atreven a denunciarlos por falta de pruebas formales. En ese ambiente sobreviven los litigantes, mientras las sospechas crecen.
La urgencia de recuperar la dignidad
El deterioro de la justicia —producto de la provisionalidad y de los cuestionamientos éticos— motivó a la Asociación de Abogados Litigantes de La Guajira a enviar una carta al Tribunal Superior de Riohacha solicitando mayor rigor al evaluar las calidades personales y profesionales de quienes se nombran en provisionalidad.
La justicia en La Guajira —como en buena parte del país— necesita recuperar su dignidad. No es un reto menor: en ello se juega la credibilidad del Estado, la confianza de la ciudadanía y, en últimas, la posibilidad real de construir un orden social justo.
