La ONG Nación Wayuu en cabeza de su representante legal, José Silva, habló de los últimos casos de muerte de niños wayuu por desnutrición en el territorio guajiro.
“En menos de ocho días, varias organizaciones y líderes indígenas evidenciaron el fallecimiento de dos niños wayuu por posible desnutrición, asociadas a diversas enfermedades patológicas, pero este solo sería el pico de fallecimiento diario de niños wayuu, ya que según los subregistros, podríamos estar hablando de más de cinco niños diarios fallecidos por el flagelo del hambre y la desnutrición”, advirtió el dirigente.
De igual manera se refirió José Silva a las afirmaciones que dio la directora del ICBF, Astrid Cáceres, sobre la presunta culpabilidad de padres de familia en estos casos.
“Sin lugar a dudas estamos en un estado de cosa inconstitucional, o bien sea frente a una vulneración sistemática de unos derechos fundamentales en este caso la vida y la integridad de unos niños indígenas sujetos de especial protección. Con preocupación observamos cómo el estado Colombiano en cabeza de sus instituciones pretenden culpar a unos padres sin empleo y oportunidad laboral de la muerte de sus hijos tratando así de evadir sus responsabilidades frente a unos territorios devastados y saqueados”, contó el representante de la ONG.
Además, sostuvo que “en el Departamento de La Guajira no tendría por qué morirse ni un solo niño de hambre o desnutrición si los impuestos y regalías que dejan las empresas multinacionales extractivistas se invirtieran en grandes oportunidades de vida, pero en este Departamento olvidado la corrupción está asesinando más niños que la misma hambre. Si se realizará un seguimiento serio y responsable de cuántos niños fallecen a diario por sed y hambre en los territorios wayuu, las cifras serían catastróficas, podríamos decir que estarían muriendo más de 5 niños diarios por este flagelo”.
Y finalmente, contó José Silva que “la muerte de niños wayuu por física hambre no solo es responsabilidad de unos padres sin empleo o de una autoridad tradicional sin apoyo sino también de un estado social de derecho que entrega los recursos a unas EPS y Fundaciones corruptas”.