La Corte Constitucional empieza a discutir su decisión relacionada con el decreto que declaró la emergencia económica, social y ambiental en el departamento de La Guajira y, por consecuencia, los decretos reglamentarios, todos dirigidos a la necesidad de mitigar una calamidad pública en la región.
Ha trascendido que la magistrada Natalia Ángel presentará una ponencia respaldando el decreto de emergencia basada en la gravedad de la situación en La Guajira, que enfrenta una crisis humanitaria debido a la falta de acceso a servicios públicos esenciales.
En todo caso la Corte debe ser coherente con la sentencia T302 en la que decidió declarar el estado de cosas inconstitucionales, porque hay miles de personas en riesgo de desnutrición y problemas graves de acceso al agua, saneamiento básico y servicios de salud.
Sin embargo, al parecer, algunos magistrados sostienen que la mejor opción sería declarar inconstitucional el decreto de emergencia y establecer un límite de tiempo para su aplicación, teniendo en cuenta que los estados de emergencia deben ser excepcionales y la situación en La Guajira podría haber sido abordada a través de medidas legislativas en el Congreso para que tengan vigencia permanente, sobre todo en aspectos como la creación de una universidad Wayúu, exención del IVA, capitalización de SAMA, uso del espectro radioeléctrico y sobretasa al consumo de energía.
En este debate, se cuestiona si la situación en La Guajira es realmente extraordinaria o si es el resultado de un problema histórico de abandono estatal en la región, en razón a que los estados de emergencia no deben utilizarse para resolver problemas estructurales porque al respecto se requiere una política pública a largo plazo para abordar estas cuestiones.
En mi condición de guajiro agrego un elemento crucial al debate que, además de la gravedad de la situación humanitaria en el departamento, es fundamental reconocer porque esta crisis tiene raíces profundas en la corrupción que ha permeado a la clase política, los gobernantes de turno, los órganos de control, los jueces y fiscales en la región.
Los gobiernos de los últimos 20 años se han robado todo sin descaro y los problemas de la gente siguen sin que hayan sido resueltos. La costumbre en La Guajira es que los elegidos no han llegado a los gobiernos a gobernar sino a robar. Pero no ha pasado nada, la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República también lo ha denunciado, y no podemos pasarlo por alto.
En La Guajira, lamentablemente, parece que lo único que no han logrado robarse es el aire y la luz del sol. La corrupción ha minado la capacidad de respuesta del gobierno y ha empeorado aún más la situación que vive la gente. Los recursos destinados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos se han desviado hacia bolsillos corruptos, dejando a la comunidad desprotegida y vulnerable.
Es por eso que, en el contexto de las próximas elecciones de octubre, se hace imperativo elegir a personas que no tengan vocación de enriquecimiento ilícito, sino una verdadera vocación de servicio público. Debemos optar por líderes comprometidos en resolver los problemas de la gente y en combatir la corrupción arraigada en la región, que no solo ha debilitado la capacidad del gobierno para abordar la crisis en La Guajira, sino que también ha erosionado la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
En las próximas elecciones, tenemos la oportunidad de elegir líderes íntegros y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Es hora de poner fin a la impunidad y de trabajar juntos para reconstruir La Guajira y asegurar un futuro más justo y próspero para sus habitantes. La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos los ciudadanos.
En tal sentido la decisión de la Corte Constitucional no solo debe considerar la urgencia de la situación humanitaria que se está viviendo en La Guajira, sino también la necesidad de abordar las causas subyacentes de esta crisis; y por eso fundamental que se tomen medidas para combatir la corrupción, garantizando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente en beneficio de la comunidad.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí… @LColmenaresR
