Colombia se prepara para votar el próximo domingo y elegir a senadores de la República y representantes a la Cámara, es decir, al Congreso de la República, uno de los tres poderes públicos sobre los que se sustenta nuestra democracia. Este proceso electoral invita a revisar no solo quiénes ocuparán esas curules, sino también la estructura misma del poder legislativo y su adecuación a las necesidades actuales del país.
El sistema bicameral colombiano se remonta a los albores de la República. Sin embargo, hoy resulta legítimo preguntarse si se justifica la existencia de dos cámaras con funciones en buena medida duplicadas o si, por el contrario, es necesario modernizar esta institución y transitar hacia un modelo más eficiente, incluso unicameral.
Se elegirán 108 senadores y 188 representantes, para un total de 296 congresistas, una cifra excesiva para un país con las dimensiones institucionales y fiscales de Colombia. La magnitud del Congreso impacta el presupuesto público, la eficiencia legislativa y la calidad del control político.
Si se optara por mantener el bicameralismo, una reforma razonable debería reducir de manera drástica el número de congresistas. Un Congreso de no más de 149 miembros permitiría un poder legislativo más compacto y funcional. Estos serían: 64 representantes (dos por departamento), 64 senadores por circunscripción nacional, la curul del vicepresidente y 20 más entre Bogotá D.C. y las distintas circunscripciones especiales.
En un escenario de cámara única, el total de 149 miembros se distribuiría de la siguiente manera: 96 representantes (a razón de tres por departamento), la curul del vicepresidente y los 52 restantes repartidos entre el Distrito Capital y las distintas circunscripciones especiales. Esto permitiría una representación territorial más ágil.
En ambos casos, estaríamos hablando de reducir 147 congresistas, lo que representaría un ahorro del 50 % del presupuesto del Legislativo.
Sea el poder legislativo bicameral o unicameral, el presidente de la República seguiría siendo jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. En este esquema, el Congreso legisla y ejerce control político, mientras el Gobierno dirige la administración pública. Ese es el diseño clásico del presidencialismo colombiano.
No obstante, aunque la Constitución establece una separación funcional de poderes, en la práctica esa división suele desdibujarse. El Congreso participa activamente en la dinámica del Gobierno y el Ejecutivo incide de manera determinante en la agenda legislativa, lo que obliga a preguntarse si el diseño institucional actual responde a las exigencias de eficiencia, control y equilibrio de una democracia moderna.
Un Congreso reducido y funcional, como el propuesto, se aproximaría a algunas de las virtudes de los sistemas parlamentarios: menor número de legisladores, mayor responsabilidad política y controles más efectivos. En el parlamentarismo, el Ejecutivo surge del Legislativo y depende permanentemente de su respaldo.
A diferencia del presidencialismo, en los sistemas parlamentarios no existe una separación rígida entre Ejecutivo y Legislativo. El jefe de Gobierno no es elegido por voto popular y puede ser removido mediante mecanismos políticos como la moción de censura, lo que refuerza el control cotidiano.
El presidencialismo, por su parte, privilegia la legitimidad directa del jefe de Estado y de Gobierno, elegido por voto popular y con mandato fijo. Esa fortaleza, sin embargo, puede convertirse en debilidad cuando el Ejecutivo concentra un poder excesivo o cuando el Congreso carece de herramientas reales de control.
Ninguno de los dos modelos es intrínsecamente superior. Su eficacia depende del contexto político, la cultura democrática y la solidez de las instituciones.
El problema no es el nombre del sistema, sino su funcionamiento. Un presidencialismo sin controles efectivos o un parlamentarismo sin partidos sólidos pueden conducir al mismo resultado: concentración de poder e ineficiencia institucional. La pregunta de fondo es qué modelo se adapta mejor a la realidad política del país.
Estas reflexiones resultan pertinentes ad portas de la elección del próximo domingo y buscan contribuir a la formación de cultura política. Tomo partido por un sistema unicameral y un régimen parlamentario para Colombia, así como he expresado en otras ocasiones mis simpatías por un modelo de Estado federal.
Los invito a votar el próximo 8 de marzo, como ejercicio de nuestro derecho y deber ciudadanos, para cumplirle a la democracia.
Sobre el autor: Fabio Olea Massa (Negrindio) es abogado y periodista independiente miembro del CNP, columnista de opinión y analista de temas constitucionales. Su enfoque se centra en la propuesta de un Estado federal, el sistema unicameral y la transición hacia un régimen parlamentario en Colombia.
