En un país donde el Estado a veces llega con promesas y se va con el presupuesto, en el kilómetro 41 de la vía Riohacha-Maicao, una comunidad indígena ha decidido no esperar más. Con una mezcla de pragmatismo ancestral y contabilidad comunitaria, desde hace años, instalaron el “Peaje alterno Alto Pino”: una paraeconomía tan eficiente que hasta el mismísimo ministro de Hacienda debería tomar apuntes… o al menos, fotos para su PowerPoint de “economía popular”.
Aquí, a kilómetros del asfalto oficial, una comunidad indígena ha convertido lo que algunos llaman “ilegalidad” en un modelo de movilidad social basado en la más pura —y necesaria— economía del rebusque. Pero no del rebusque desesperado, no del que te deja con las manos vacías y el alma rota. No. Este es el rebusque organizado, el que se planifica, el que se presupuesta, el que genera ocho empleos permanentes (¡ocho! más que algunas secretarías municipales) y que invierte cada peso en obras tangibles: techos que no se caen, pupitres que no cojean, y jóvenes que ya no migran por falta de oportunidades.
En la “oreja”, los vehículos no pagan por miedo, ni por coacción, ni por capricho de cacique ambicioso. No, señor. Pagan 3.000 pesos —menos que un combo de hamburguesa en la ciudad— y a cambio reciben un “bu-pass” (sí, como el de Transmilenio, pero con más alma y menos aglomeración) y la bendición tácita de pasar sin que nadie les “orejee” el espejo retrovisor. Literalmente: oreja al peaje formal. Es decir, ignoran el oficial, ese que cobra 14.100 pesos, y que es administrador por la concesión Santa Marta-Paraguachón, con sus balances, auditorías y ganancias en favor de estructuras corporativas.
Pero lo más revolucionario no es el cobro. Es el destino: cada peso recaudado se invierte en obras físicas —una cancha de fútbol que ya tiene más goles que el Ministerio del Deporte— y en proyectos sociales: meriendas escolares, becas para jóvenes que quieren estudiar “cosas raras” como ingeniería ambiental, y hasta un sistema de recolección de agua lluvia que funciona mejor que el acueducto regional. Lo más irónico es que este “peaje paralelo” no busca reemplazar al Estado. Lo suple. Con elegancia. Con pragmatismo. Con una lógica comunitaria que el neoliberalismo ni en sueños podría patentar. Aquí no hay CEO, hay asambleas. No hay dividendos, hay cosechas colectivas. Y no hay evasión fiscal, hay reinversión territorial.
¿Ironía? Claro que sí. Mientras el Estado debate si el peaje es “legal” o “extorsión disfrazada de desarrollo”, los indígenas del Alto Pino ya tienen un salón comunitario con techo que no gotea, y hasta un pequeño fondo de emergencia para cuando el invierno decide convertir la carretera en río. ¿Extorsión? No. Es economía de supervivencia con sabor a dignidad. Y aquí viene lo más jugoso: imaginen si el presidente Petro, en su cruzada por la “economía del cuidado” y la “justicia territorial”, decidiera no perseguir este peaje, sino adoptarlo. ¿Qué pasaría si el Estado, en vez de enviar la fuerza pública, enviara un contador público y un antropólogo a sentarse con la comunidad y decir: “¿Oigan, esto funciona? ¿Cómo lo legalizamos, lo escalamos y lo replicamos?” Por ejemplo, porque no crear una línea de fomento: “Fondo Nacional de Peajes Comunitarios Autogestionados” que ayude a consolidar y replicar este “Modelo de desarrollo local emergente (MODELE)”.
Podrían crear el primer “Peaje Solidario Certificado por el Ministerio de la Igualdad y la Equidad”. Con QR para que el conductor vea en tiempo real en qué se gastó su plata: “Su pago de hoy compró 3 cuadernos, 1 balón de fútbol y la reparación del techo de la escuela”. ¡Transparencia radical! ¡Rendición de cuentas en tiempo real! ¡Más eficiente que cualquier APP de gobierno!
La propuesta contemplaría implementar un sistema de “bonos de impacto social”: si tu camión pasa 10 veces al mes, te dan un certificado de “Amigo del Territorio”, con descuento en el mercado local y derecho a bailar en la fiesta del solsticio. ¿Turismo comunitario? Ya está en marcha. Los extranjeros pasan, pagan, toman fotos, y algunos hasta dejan propina en semillas nativas. La paraeconomía del Alto Pino no es un delito. Es una lección. Una lección de que cuando el Estado falla, las comunidades no se cruzan de brazos: se organizan, cobran, invierten y prosperan. Y lo hacen sin burocracia, sin estudios de factibilidad de 200 páginas, y sin necesidad de un decreto presidencial.
Señor ministro de Transporte: en vez de mandar comparendos, mande una comisión de estudio. Que aprendan cómo se hace desarrollo de verdad. Aquí no hay corrupción, hay contabilidad comunitaria. No hay ilegalidad, hay innovación institucional desde abajo. Y no hay caos, hay orden… con sabor a arepa, frichi, asadura y sentido común. Porque en el kilómetro 41 no están construyendo un peaje. Están construyendo autonomía. Están tejiendo soberanía. Están demostrando que cuando el Estado se ausenta, las comunidades no se desploman: se reinventan. Y lo hacen con tal eficacia que hasta organizan informes de sostenibilidad… ¡y tienen la decencia de invitar a los periodistas!
Señores de la concesión Santa Marta-Paraguachón: felicitaciones por administrar su peaje legal. Pero permítanme sugerirles un “hermanamiento comunitario”, una especie de mutualismo social. Ustedes tienen el asfalto. Ellos, el alma. Ustedes, los balances financieros. Ellos, los balances humanos. Juntos podrían hacer algo nunca visto: una autopista de prosperidad compartida. Y apreciados lectores y lectoras, mientras usted se sorprende con esta realidad paralela, en la oreja de Alto Pino, siguen cobrando sus 3.000 pesos. Con sonrisa, con respeto, y con la certeza de que cada moneda es un ladrillo más para su autonomía. Y si algún día el Estado decide reconocerlos, ellos ya tendrán hasta el logo listo: “Peaje alterno de Alto Pino — Donde lo ilegal es no ayudar a tu comunidad”.
