Pasan gobiernos, sentencias y promesas vacías, observando con desesperación cómo se burlan de la justicia mientras los niños wayuu siguen muriendo de sed y hambre. Las sentencias de la Corte Constitucional T-704 de 2016, T-302 de 2017, y T-415 de 2018 debían ser el salvavidas, pero se han convertido en el papel más caro e inútil de la historia jurídica colombiana, porque los recursos destinados a salvar vidas se evaporan en cuentas privadas de quienes se hacen llamar “líderes” pero que en realidad son mercaderes de la miseria. Lo que ordenó la Corte se ha convertido en promesas constitucionales incumplidas.
La Sentencia T-704 de 2016 protegió el derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad Media Luna Dos, ordenando específicamente: suspender la Resolución 0428 de 2014 que autorizaba la expansión de Puerto Bolívar hasta que se realizara consulta previa, revisar integralmente el Plan de Manejo Ambiental de El Cerrejón, e implementar un plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales y culturales con compensaciones para las comunidades afectadas.
La Sentencia T-302 de 2017 declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración sistemática de los derechos al agua, alimentación y salud de los niños wayuu. La Corte emitió 210 órdenes específicas a 25 instituciones para garantizar 8 objetivos mínimos: aumentar disponibilidad y calidad del agua, fortalecer seguridad alimentaria, mejorar acceso a servicios de salud, consolidar información sobre población wayuu, fortalecer institucionalidad étnica, adecuar oferta educativa, consolidar ruta de protección integral y garantizar medidas especiales de protección.
La Sentencia T-415 de 2018 ordenó garantizar el suministro mínimo vital de agua potable a cinco comunidades wayuu en Uribia, con medidas concretas de acceso permanente, suficiente e integral.
Mientras los niños mueren, algunos supuestos líderes viven como magnates. Como uno que fue procesado por desviar $1.000 millones de un contrato del INCODER destinado a programas productivos para 39 comunidades, evidenciando cómo se aprovechó de su estatus para controlar contratos. Se habla de terrenos facturados por 200 millones que costaban 39 millones, contratos de transporte liquidados por 68 millones sin justificación, y sobrecostos en vacunas para caprinos superiores a 180 millones.
Los órganos de control parecen abrumados por la magnitud del saqueo. La Fiscalía de Riohacha tiene 64 expedientes relacionados con más de $85.000 millones robados, pero las estructuras corruptas siguen intactas.
¡Autoridades nacionales, abran los ojos!
Las sentencias T-704, T-302 y T-415 no son simples fallos judiciales: son gritos de auxilio constitucional que han sido secuestrados por mafias que usan la identidad étnica como escudo para sus negocios. Mientras ustedes duermen en sus despachos, los niños agonizan por falta de agua potable, y los recursos destinados a salvarlos financian mansiones y carros lujosos de quienes traicionan a su propio pueblo.
¡Órganos de control, investiguen sin piedad!
Con el apoyo de UIAF tienen que rastrear cada peso de las regalías, cada contrato, cada peso de los programas de primera infancia. Algunos “palabreros” han cambiado el bastón de mando por chequeras, autoridades que deberían mediar conflictos ahora negocian comisiones por contratos.
¡Corte Constitucional, verifiquen en terreno!
Vengan a La Guajira sin anuncio previo. Vean con sus propios ojos las pilas públicas vacías mientras algunos líderes estrenan camionetas. Constaten que la consulta previa se ha pervertido hasta convertirse en un ritual vacío para legitimar el despojo. Comprueben que el Estado de Cosas Inconstitucional no solo persiste, sino que se ha agravado porque ahora la corrupción usa sus propias sentencias como coartada para el enriquecimiento personal.
¡Basta de este canibalismo institucional!
El pueblo wayuu merece autoridades que sirvan a su comunidad, no que se sirvan de ella. Que la consulta previa sea una voz real, no el silencio comprado de intermediarios corruptos. Los usos y costumbres deben volver a ser el camino para la justicia ancestral, no el atajo para el enriquecimiento fácil de unos pocos mercaderes de influencias.
El tiempo se agota como el agua en los jagüeyes. Cada día que pasa sin acciones contundentes, muere un niño más. Cada sentencia incumplida es una lápida adicional en el cementerio de la esperanza wayuu. ¡Mañana no digan que no sabían lo que estaba pasando!
Y como dijo el filósofo de La Junta: “Se las dejo ahí…” @LColmenaresR
