Queridos lectores, hoy les traigo un tema que debería ser motivo de orgullo nacional pero que, en realidad, es una fuente inagotable de frustración y memes: el derecho de petición. Sí, ese derecho fundamental que suena tan bonito en los discursos patrióticos, pero que en la práctica parece ser solo un adorno constitucional que nadie toma en serio.
Imaginen esto: usted, ciudadano honesto y diligente, decide ejercer su sagrado derecho a preguntar algo. Tal vez quiere saber cuánto dinero se gastó en las últimas luminarias de la plaza principal, o si es verdad que el concejal del pueblo usó el presupuesto de “fomento cultural” para comprar un karaoke. Así que, lleno de esperanza y con la paciencia de un santo, redacta su solicitud con esmero. Adjunta copias de sus documentos, pone sellos, firma con sangre (bueno, casi) y envía su carta al ente correspondiente.
¿Y qué sucede a continuación? Nada. Absolutamente nada. Buscar el hechizo en el tiempo, es como enviar tu petición a Hogwarts, sin lechuza. Días, semanas y meses pasan… y ni una sola respuesta. Ni siquiera un “recibido” o un “gracias por escribirnos”. Solo el latido de tu frustración reverberando en los pasillos vacíos de la burocracia.
Pero no se preocupe, porque aquí entra en juego otro protagonista: la tutela, esa heroína judicial que acude al rescate cuando el derecho de petición ha sido violado. Porque, claro, si nadie responde, ¿qué otra opción le queda? ¡A la carga con la tutela! Pero, ojo, este recurso no es gratis. Implica más trámites, más abogados, más tiempo y, sobre todo, más dinero. Es como si el sistema dijera: “Si quieres tus derechos, págamelos”.
Y aquí viene lo más irónico: cuando finalmente llega la orden judicial exigiendo que respondan, los mismos funcionarios que ignoraron su petición aparecen con cara de ofendidos, como si fueran víctimas de una injusticia cósmica. “¿Cómo se atreve este ciudadano a exigirnos algo?”, parecen pensar mientras teclean su respuesta obligatoria con cara de fastidio.
Pero, señoras y señores servidores públicos, permítanme decirles algo: ustedes no están ahí para hacerse los interesantes. Ustedes están ahí para trabajar. Para servir. Para responder preguntas básicas sin que tengamos que recurrir a jueces, abogados y tribunales. No estamos hablando de resolver problemas de física cuántica; estamos hablando de responder cartas. ¡CARTAS! Algo que hasta un adolescente puede hacer desde su celular.
Es increíble cómo funciona esta dinámica: mientras el derecho de petición se convierte en una especie de chiste institucional, la tutela se erige como la única herramienta efectiva para garantizarlo. Y así seguimos, en un círculo vicioso donde el ciudadano tiene que luchar contra la indiferencia oficial solo para obtener una respuesta básica. Parece un guion de comedia absurda, pero no, es nuestra realidad.
En resumen, queridos lectores, el derecho de petición es ese amigo que nunca contesta tus mensajes, pero cuando lo reportas por “inactividad”, de repente aparece diciendo: “¡Aquí estoy!”. Y así seguimos, en esta danza interminable entre la negligencia oficial y la justicia tardía. Una actuación digna de Netflix, pero con menos drama y más papeleo. Pero no todo está perdido. Si logramos implementar algunas “brillantes” soluciones, tal vez en un futuro lejano el derecho de petición deje de ser una utopía y se convierta en una realidad tangible. Mientras tanto, sigamos enviando nuestras cartas con la esperanza de que, algún día, alguien las lea. Y si no, siempre nos quedará la tutela.
