“Hay mucho tráfico de drogas. Queremos defender nuestro país. Tenemos que preservar nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años”. – Donald Trump
Como dice el refrán, “la culebra se mata por la cabeza”, una metáfora que nos recuerda que para solucionar un problema es crucial atacar su raíz, eliminar su causa principal. En este contexto, el mundo observa con preocupación la situación en Venezuela, alimentando la esperanza de que Estados Unidos, en defensa de la libertad, intervenga para liberar al país del opresivo narcorégimen. Sin embargo, la “culebra” venezolana que debe ser erradicada no es una entidad monolítica, sino una hidra de tres cabezas: “El Cartel de los Soles”. Esta organización narcocriminal, profundamente arraigada en las fuerzas armadas venezolanas, está liderada por un triángulo de poder compuesto por el presidente Nicolás Maduro, cuya legitimidad es cuestionada; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; y Diosdado Cabello, una figura política de gran influencia. Los tres están acusados de dirigir operaciones de narcotráfico a gran escala. El gobierno de Estados Unidos ha designado al Cartel de los Soles como una organización terrorista, y el presidente Trump emitió una orden ejecutiva autorizando el uso de la fuerza militar para combatirlo.
Para justificar una posible intervención militar en Venezuela, Washington ha construido una narrativa legal que le permita actuar. Una serie de acontecimientos han sido articulados para respaldar cualquier tipo de acción. La base de esta narrativa es la siguiente: Estados Unidos argumenta que está combatiendo una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína hacia su territorio. Esta organización, presuntamente encabezada por figuras que no detentan un gobierno legítimo, estaría liderada por Nicolás Maduro, a quien se describe como un usurpador del poder debido a un presunto fraude electoral. Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente. El objetivo militar declarado sería el desmantelamiento del “Cartel de los Soles”, cuyos líderes, acusados formalmente en cortes estadounidenses por delitos de narcotráfico, son considerados fugitivos y por quienes se ofrecen recompensas. Se argumenta que “El Cartel de los Soles” representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que, según esta interpretación, otorgaría al presidente Trump la autoridad legal para combatirlo.
El gobierno de Washington, con el respaldo de la fiscal general, el Departamento de Justicia, la DEA y el apoyo bipartidista del Congreso, ha construido un sólido argumento legal para defenderse de organizaciones terroristas como el “Cartel de los Soles”. Esta justificación legal parece preparar el terreno para una intervención estadounidense en Venezuela, presentada como legítima ante la comunidad internacional. Solo resta la orden de Donald Trump, quien ya ha desplegado una importante flota del Comando Sur, incluyendo aviones, submarinos, destructores y marines. Se espera que en los próximos días el régimen de Maduro caiga.
Nicolás Maduro ha incumplido los acuerdos de Barbados, pactados previamente a las elecciones de julio de 2024. Estos acuerdos buscaban garantizar la participación de candidatos de la oposición. La inhabilitación de María Corina Machado, líder del movimiento “Vente Venezuela”, le impidió inscribirse como candidata en la contienda presidencial.
A pesar de los resultados electorales que indicaban la victoria de Edmundo González, Nicolás Maduro se ha negado a ceder el poder. Siguiendo una línea de conducta que se atribuye a la influencia del régimen cubano, Maduro parece aferrarse al principio de que el poder no se abandona voluntariamente. Ante la inacción de la ONU y la OEA, y el fracaso de la diplomacia para lograr una transición negociada, algunos consideran que el uso de la fuerza es la única vía para desmantelar el sistema de gobierno actual, sugiriendo la captura o neutralización de figuras clave como Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Se argumenta que Venezuela funciona como un narcoestado liderado por estos individuos, quienes estarían implicados en el tráfico de drogas.
Trump está comprometido a combatir la delincuencia organizada, y un fracaso en esta misión tendría graves consecuencias para su credibilidad. Por ello, dudo que el reciente despliegue militar en el Caribe sea meramente una táctica de presión psicológica contra un régimen que ha demostrado ser refractario a la diplomacia. El fracaso no solo dañaría su reputación personal, sino que también podría afectar políticamente al Partido Republicano. Dado el alto riesgo que implica, considero probable que Washington tome medidas concretas contra Venezuela. Si bien es improbable una invasión tradicional con despliegue de tropas, podría optar por una operación encubierta, utilizando inteligencia para extraer a figuras clave del Cartel y minimizar las bajas. Otra posibilidad sería un ataque selectivo con misiles contra infraestructuras clave como aeropuertos, instalaciones militares y pistas clandestinas utilizadas por el narcotráfico, y aprovechando el caos capturar a los delincuentes.
En aras de la paz regional, consideramos fundamental poner fin al régimen que gobierna actualmente en Venezuela. Este régimen, acusado de narcopolítica y con orígenes en el legado de Castro y Chávez, representa un peligro para la estabilidad democrática de los países vecinos y para el bienestar del pueblo venezolano. Esperamos que Estados Unidos y otros actores internacionales puedan desempeñar un papel clave en la restauración de la democracia en Venezuela.
