“El carbón es un combustible fundamental para la transición energética pues contribuye a la diversificación de las fuentes de suministro, la competitividad y la confiabilidad” ANDEG
Desde ANDEG consideramos que se debe preservar la industria del carbón en el país, no solo desde la perspectiva de exportaciones de carbón nacional al mundo donde Colombia es el quinto país exportador y con mayores reservas de la región latinoamericana; sino también, desde las oportunidades de mayor crecimiento de la industria en los departamentos productores del interior del país, como lo son Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander.
En este sentido, el gremio considera que los candidatos que se encuentran en la disputa por la presidencia del país deben evaluar sus propuestas de campaña desde la perspectiva beneficio / costo, teniendo en cuenta las alternativas para el “…aprovechamiento de las reservas y los recursos del carbón, permitiendo el crecimiento económico del país y las regiones” …, tal como lo señala el documento CONPES 4075 de 2021 “Política de Transición Energética”.
Eliminar este importante mineral tiene implicaciones muy relevantes que deben ser consideradas y analizadas con toda objetividad. Por ejemplo, reemplazar la capacidad instalada de generación a carbón en el país (1800 MW) por energías renovables no convencionales -de carácter intermitente-, como lo ha anunciado alguno de los candidatos presidenciales actuales, significaría instalar el orden de 9000 MW de estas nuevas “fuentes limpias”, lo que equivaldría a inversiones cercanas a 36 billones de pesos: 2,4 veces la reforma tributaria de 2021 (15,2 billones); sin tener en cuenta las dificultades en la gestión social y de territorios que se debe considerar para la construcción de este tipo de proyectos, como lo ha mostrado la experiencia reciente en la costa norte del país.
Este reemplazo por plantas solares requiere el uso de 225.000 hectáreas de tierra, lo que equivale al 10% del área total del departamento de Boyacá, o una aproximada a las áreas metropolitanas agregadas de Bogotá y Cali.
En adición, debe tenerse en cuenta el efecto que una propuesta de ese tipo tendría sobre las finanzas públicas en las regiones productoras de carbón. Para el caso del sector eléctrico, las plantas térmicas a carbón dejarían de consumir entre 6 millones de toneladas al año, por lo que propuestas como que el “Gobierno compre el carbón para que no se use”, representarían un esfuerzo fiscal año cercano a los 2.4 billones de pesos, que impactaría el presupuesto nacional en un valor similar, adicional a los recursos que se requieren en la actualidad para cubrir el déficit anual de subsidios de energía eléctrica, especialmente para los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
A su vez, mantener pilas de carbón en superficie sin usar genera impactos ambientales profundos como son la generación de lixiviados y escorrentía con afectaciones en el suelo y en el agua (generado por lluvias); la afectación paisajística y de la calidad del aire por dispersión de contaminantes, principalmente material particulado; además, se sumaría un impacto sobre la fauna terrestre, hidrobiológica y avifauna, entre otros.
Al sumar los efectos de comprar el carbón producido para usarlo y el reemplazo de la capacidad instalada de las térmicas a carbón por energía renovables, esto se traduciría en un aumento en las tarifas de energía eléctrica de 102 $/Kwh, que para un usuario estrato 4 en Bogotá representaría un aumento del 16%en su factura.
El Carbón: insumo esencial para el crecimiento económico
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (EIA), el consumo de carbón para producir energía eléctrica será un insumo esencial para el crecimiento económico, en especial para economías emergentes como Colombia, por lo que se espera que el este mineral conserve, por lo menos al 2050, una participación superior al 15% en la matriz de generación de los países en vía de desarrollo.
La importancia del carbón en la matriz energética global ha tomado un nuevo impulso en los meses recientes por cuenta de la coyuntura energética global asociada al conflicto Ucrania – Rusia, en la medida en que varios países que han sido líderes en la transición energética en Europa y Asia, se han visto obligados a recurrir nuevamente al uso de plantas a carbón para asegurar el suministro eléctrico, lo que ha acentuado un rebalanceo de inventarios del mineral en el mapa energético, ampliando el portafolio de oportunidades de mercado para países productores de carbón, como Colombia.
En el marco de la reactivación económica durante el año 2021, el país produjo cerca de 55 millones de toneladas de carbón térmico[1], de los cuales, entre el 5 y 10% se utiliza para consumo local, en particular, consumo industrial y de generación eléctrica.
El 30% del empleo de la industria del carbón se genera en los departamentos de Guajira y Cesar. Por su parte, la pequeña y mediana minería del carbón en el interior del país, genera más de 35.000 empleos directos cuya producción abastece fundamentalmente el mercado local. Buena parte de ese empleo es formal y contributivo y se encuentra localizado en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander. Se trata de una industria con un fuerte encadenamiento tanto hacia adelante como hacia atrás, lo cual hace que los empleos indirectos que genera sean superiores a los 120.000.
En el contexto del sistema eléctrico nacional, Colombia cuenta con 1800 MW de capacidad instalada en centrales termoeléctricas a carbón, lo que representa el 9% del total nacional, y en este sentido, las plantas térmicas a carbón contribuyen no solo en la formación de precios del mercado eléctrico, con beneficios a los consumidores de electricidad desde la perspectiva de competitividad y estabilidad de las tarifas eléctricas, sino en los territorios en que operan las plantas generadoras a partir de sinergias con las comunidades, lo que aporta al desarrollo regional.
