En más de dos décadas recorriendo el campo colombiano, nunca había presenciado una combinación tan peligrosa de despilfarro y frustración: miles de millones de pesos invertidos sin que el agro despegue.
El gobierno de Gustavo Petro destinó al sector más de 22,6 billones de pesos —más que sus dos antecesores juntos—, una cifra que prometía una transformación histórica. Sin embargo, la realidad golpea con crudeza: el crecimiento anual del PIB agropecuario apenas alcanzó un mediocre 2,9%, muy lejos del potencial superior al 7% que esos recursos exigían. Peor aún, la participación del sector en la economía nacional se estancó en un raquítico 6%, cuando debió superar el 20%. Nunca se había invertido tanto para obtener tan poco. Y eso no es solo ineficiencia: es una vergüenza nacional.
Si el balance general es decepcionante, el de su programa insignia, la llamada “Reforma Agraria”, resulta abiertamente alarmante. Petro le prometió a trabajadores y campesinos la compra de tres millones de hectáreas de tierra, una oferta que encendió esperanzas en el campo. Pero la realidad es tozuda: al cierre de su gobierno, apenas se han adquirido cerca de 451.000 hectáreas —menos del 15% de la meta— y, para agravar la situación, más del 44% de esas tierras ni siquiera han sido pagadas en su totalidad.
Lo más grave es la irresponsabilidad con la que se ha manejado la entrega de esos predios: la Agencia Nacional de Tierras ha entregado cerca de 200.000 hectáreas sin títulos, sin paquetes tecnológicos, sin proyectos productivos y sin creditos, sembrando incertidumbre desde el primer día. En restitución, el panorama es aún más preocupante: se infló el registro con más de 8,6 millones de hectáreas sin el debido rigor probatorio, elevando la tasa de inscripción del 37% al 99% y colapsando el sistema judicial. ¿El resultado? Apenas 424.000 hectáreas restituidas —un 4,9% de ejecución—, miles de víctimas nuevamente engañadas y una bomba de inseguridad jurídica que hoy amenaza a quienes adquirieron tierras de buena fe. Ni la Contraloría ni la Procuraduría actuaron a tiempo. El daño ya está hecho.
En materia de crédito agropecuario, la historia no es mejor: cifras maquilladas, propaganda oficial y una realidad que excluye a la mayoría del campo. De los tres millones de productores rurales, apenas unos 400 mil acceden al crédito cada año; es decir, 87 de cada 100 campesinos siguen completamente por fuera del sistema financiero, invisibles para el Banco Agrario y el resto de la banca. Mientras tanto, el Fondo Agropecuario de Garantías hoy agoniza, presionado por el deterioro de la cartera del Banco Agrario, y Finagro fue reducido a un actor marginal.
A entidades como la Bolsa Mercantil y Fiduagraria las convirtieron en simples operadores de contratos, distorsionando su razón de ser. Y si se mira el resto de la institucionalidad —ICA, AGROSAVIA, ADR, AUNAP, UPRA— lo que predomina es la parálisis, la tramitología y la ausencia de resultados. El balance final no admite matices: mediocridad, desorden y despilfarro. Al próximo gobierno no le corresponderá hacer un empalme, sino una auditoría forense. Porque cuando todo huele mal, lo responsable no es maquillar, sino destapar la verdad.
