Desgraciada la justicia por quienes la administran
La justicia en Colombia ha perdido la confianza popular por la contaminación de corrupción que la afecta, degenerándola y desgraciándola con los negocios ilícitos (venta de fallos) que garantizan providencias favorables, violando el Estado de Derecho, causante del delito de prevaricato en que incurren algunos operadores de la Administración de Justicia. Esto deja mal parada a la justicia, con desmedros y malos ejemplos en decisiones incoherentes, parapetadas de confusas fundamentaciones y contradictorias interpretaciones normativas, que solo sirven para causar daños y perjuicios, tendiendo a favorecer lo contrario de justicia, compensadas con retribuciones económicas acumuladas en enriquecimientos ilícitos.
La falta de una Colegiatura de Abogados, estamento democrático gremial, es una grave situación para velar por el funcionamiento de la carrera del Derecho (Abogado), desde los programas académicos universitarios, ejercicios profesionales, operaciones de justicia, controles disciplinarios a servidores administrativos y judiciales, litigantes, asesores, catedráticos, consultores y editores, hasta las máximas especializaciones.
Los abogados no debemos estar sometidos al régimen judicial cuando lo que debemos es gozar del derecho natural de tener nuestro propio régimen autónomo, para regulación y controles internos de los abogados, desde la expedición de tarjeta profesional, autenticaciones de poderes, procesos disciplinarios a abogados en condición de autoridad competente gremial, aprobaciones de tarifas en procesos judiciales, certificaciones de antecedentes, servicio, experiencia y promoción de abogados; para suplir sustituciones previo concursos y elección de aspirantes, registrando hojas de vida de todos los colegas. Por último, ofertar servicios de abogados para labores públicas y privadas, garantizadas.
De nada sirve clamar, exhortar, orar y soñar con paz total si no tenemos justicia veraz, pronta y cumplida. Pero hay negocios de justicia, con precios preestablecidos para los interesados que cacen para ganar el proceso, indiferentemente de que la víctima de la injusticia sea demandante o demandado. Esto desconoce derechos y genera reacciones impactantes de inconformismo que desacreditan la Administración de Justicia.
El volumen de procesos que tiene congestionados los despachos judiciales precisamente tiene su origen en una clase de justicia negligente, pasiva, omisiva y abusiva, que opera infectada de corrupción en cadenas y líneas incluyentes, con algunas excepciones que resultan mal vistas al interior por compañeros en ejercicio de sus funciones. Estas, aunque correctas, también son desplomadas por instancias superiores. Muchas cosas llegan a los estrados judiciales para dilatar, picarear, ignorar y desconocer derechos y obligaciones. Siempre reitero: donde no hay justicia, jamás habrá paz, aunque la disfracen con apariencia de miedo, intimidaciones, sumisión, terror, horror y asombro.
Un acontecimiento relevante es el fallo de un Juzgado del Circuito Penal de Barranquilla que absuelve en primera instancia a la bacterióloga Dayana Jassir de La Hoz, autora intelectual del asesinato de su esposo, el médico legista Eduardo Pinto Viloria, ocurrido hace ocho años. La jueza la absuelve por inocente. ¿Inocente de qué? Fue ella quien planificó, fraguó y financió la ejecución del asesinato, confesado por los autores materiales y el cómplice conductor, quienes se acogieron a sentencia anticipada.
En el documental de Caracol Televisión Siguiendo el Rastro, se presentan múltiples pruebas para que fuera condenada a presidio. Contrató a los sicarios, cuadró el precio y abonó la mitad en compañía de un conductor que viajaba diariamente de Barranquilla a Riohacha y viceversa, con quien sostuvo una relación amorosa. Este conductor fue utilizado como gancho ciego en las acciones criminales.
Tras consumar el crimen, Dayana Jassir fingió dolor y escandalizó, diciendo que había sido secuestrada. Sin embargo, las investigaciones penales desmintieron su versión, ordenaron capturas y concluyeron que Dayana Jassir fue la autora intelectual del homicidio agravado. Aunque los partícipes materiales fueron condenados, ella fue absuelta.
Cada día ocurren hechos que dejan a la Administración de Justicia en entredicho, por falta de confianza, garantías, sesgos y manipulaciones en las decisiones. Esto genera mala fama popular y constituye un peligro para los usuarios, la sociedad y la administración pública que acuden a los despachos judiciales en busca de soluciones.
Se hace necesario rescatar la justicia atrapada y secuestrada por la corrupción. Liberémosla de los carteles de las togas, implementando una Colegiatura de Abogados que vele por la moralidad en el ejercicio profesional, público y privado, y que controle las operaciones torcidas, eliminando nombramientos por padrinazgo y seleccionando operadores de justicia por méritos.
Salvemos la justicia del descrédito y el caos. Los colegas no deben permanecer pasmados, indiferentes y en silencio por miedo a represalias. Se necesita defender la profesión con autonomía, sin que esta esté supeditada o controlada exclusivamente por la rama judicial.
