La regulación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia opera bajo una premisa que no se sostiene en todo el territorio: la homogeneidad de condiciones para la prestación. Esta desconexión entre el diseño normativo nacional y las realidades territoriales no es un problema operativo; es una falla estructural del modelo.
La Ley 142 de 1994 establece un esquema basado en eficiencia económica, suficiencia financiera y libertad regulada, bajo el supuesto de mercados funcionales y condiciones mínimas de infraestructura, sin embargo, en territorios con alta dispersión poblacional, informalidad en el consumo, limitaciones de acceso físico y debilidad institucional, estas condiciones no existen, el resultado es un modelo que, aunque jurídicamente sólido, es materialmente inaplicable o produce distorsiones.
La regulación tarifaria, los esquemas de medición, los mecanismos de subsidios y contribuciones (incluidos instrumentos como el FOES y el FSSRI) están diseñados sobre lógicas de equilibrio financiero que no dialogan con contextos de vulnerabilidad estructural, en consecuencia, las reglas se cumplen formalmente, pero fallan sustancialmente en garantizar acceso, continuidad y calidad del servicio.
Esta brecha no es responsabilidad exclusiva de los prestadores ni de los usuarios, es, ante todo, una manifestación de una falla de política pública: la ausencia de un enfoque diferencial efectivo dentro del régimen de servicios públicos. Aunque el marco normativo reconoce la intervención del Estado para corregir fallas de mercado, en la práctica dicha intervención es limitada, fragmentada o reactiva.
Los entes de regulación y vigilancia operan con criterios uniformes, mientras que los territorios presentan realidades profundamente asimétricas, esto genera un fenómeno crítico: la legalidad del sistema no garantiza su legitimidad en zonas donde el servicio no cumple su finalidad esencial.
El problema, entonces, no es la falta de normas, sino la falta de adecuación del modelo a las condiciones reales del país, persistir en una regulación indiferenciada equivale a trasladar la carga del ajuste a territorios que no tienen capacidad para absorberla.
Corregir esta desconexión exige decisiones estructurales: incorporar esquemas regulatorios diferenciados, rediseñar los instrumentos de subsidio con enfoque territorial y fortalecer la presencia efectiva del Estado más allá del control formal.
Sin estos ajustes, el sistema seguirá operando correctamente en el papel, pero fallando donde más debería funcionar: en los territorios donde el servicio público no es una variable económica, sino una condición básica de ciudadanía.
