En medio del ruido político y las tensiones internacionales, Cerrejón ha estado en el centro del debate público. Se le señala con facilidad como la causa de todos los males de La Guajira, pero conviene revisar los hechos con serenidad, porque convertir a la principal fuente de inversión de la región en blanco de polarización es peligroso.
La relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, afirmó que el carbón que alimenta la industria israelí también alimenta un conflicto que califica como genocidio. Su señalamiento encendió las alarmas éticas a nivel global y La Guajira no puede ignorar el debate. Cerrejón ha sido enfático en que cumple la ley colombiana, incluido el Decreto 1047 de 2024, y que no ha exportado carbón a Israel desde el 3 de agosto del año pasado. Las declaraciones oficiales que insisten en vincular a la empresa con exportaciones posteriores no han sido acompañadas de pruebas claras, lo que genera más confusión que certezas.
En este contexto, sorprende que la respuesta del Gobierno haya sido pedirles a las comunidades que bloqueen la salida del mineral. Más allá de la indignación legítima que genera el conflicto en Gaza, un jefe de Estado no puede delegar su deber institucional en vías de hecho ni usar a la ciudadanía como herramienta de presión.
Para eso existen mecanismos legales: si hay violación normativa, se debe investigar y sancionar, haciéndolo desde la institucionalidad. El presidente debería haber sido el primero en entrar a Cerrejón, escuchar a los trabajadores, hablar con las comunidades, mirar el territorio más allá de los discursos.
También es momento de hablar del otro silencio. En La Guajira se escuchan cada vez con más frecuencia las noticias sobre recortes de personal en Cerrejón. Las olas de despidos son señales claras de que la empresa empaca maletas. ¿Qué vamos a hacer para que no queden en el aire más de 10 mil empleos y no colapse la economía local?
En Hatonuevo, se realizará una audiencia pública impulsada por el Gobierno, para exigir el cese inmediato de cualquier exportación de carbón a Israel. SI el Gobierno se lo propone, ese espacio debe servir, no para polarizar más, sino para poner sobre la mesa todos los elementos.
Cerrejón, como empresa, tiene responsabilidades enormes. No solo cumplir la ley, le toca atender con transparencia los cuestionamientos éticos que hoy están sobre la mesa. Entre ellos, las denuncias persistentes sobre enfermedades respiratorias y cáncer en las comunidades cercanas a la mina. Este no puede seguir siendo un tema secundario, necesitamos un seguimiento epidemiológico que permita mitigarlo.
Ni la estigmatización política ni la defensa ciega construyen futuro.
