Después de recorrer en estas semanas el origen, la expansión y el desgaste de la legitimidad de muchas concesiones en Colombia, quizá la discusión de fondo ya no sea si toda participación privada debe desaparecer. Esa probablemente ni siquiera es la pregunta correcta. Porque una sociedad puede convivir perfectamente con operadores privados. Lo que difícilmente puede sostener indefinidamente es un modelo rodeado de desconfianza pública, de estructuras permanentes de cobro y de una creciente sensación de que muchos de esos intereses terminaron por alejarse del ciudadano común.
Tal vez no es casual que buena parte de este malestar ciudadano se haya hecho especialmente visible en distintas ciudades y departamentos de la Costa Caribe, donde durante años se expandieron con enorme fuerza modelos de concesión relacionados con peajes, recaudos urbanos, fotomultas, alumbrado público y distintos mecanismos permanentes de cobro sobre la ciudadanía. Porque hoy el ciudadano puede vivir en un municipio y verse afectado permanentemente por decisiones tomadas en otro. Peajes urbanos. Fotomultas. Comparendos. Grúas. Patios. Sistemas de parqueo. Esquemas de recaudo que terminan impactando directamente el bolsillo de millones de personas sin que estas realmente hayan participado en las decisiones que los crearon.
Y aquí aparece una diferencia que el país no ha querido discutir con suficiente profundidad. Una cosa es concesionar la prestación de un servicio público. Otra muy distinta es concesionar, directa o indirectamente, mecanismos permanentes de sanción económica sobre la ciudadanía. No es lo mismo que un privado opere el aseo, el alumbrado o cierta infraestructura, que estructuras privadas terminen vinculadas al cobro de comparendos, fotomultas, grúas o patios. En el primer caso, la discusión gira alrededor de la eficiencia y la calidad del servicio. En el segundo, lo que empieza a entrar en juego es algo mucho más delicado: el ejercicio práctico del poder de castigar económicamente al ciudadano.
Y esa diferencia no es menor. Porque sancionar nunca ha sido un asunto cualquiera. Multar, inmovilizar, cobrar o castigar son expresiones directas del poder público. Por eso resulta tan sensible que alrededor de muchos de esos mecanismos aparezcan estructuras privadas de recaudo con enormes intereses económicos funcionando durante años casi sin suficiente revisión ciudadana.
Tal vez ahí esté una de las preguntas más incómodas de todas: ¿en qué momento el país empezó a normalizar que prácticamente toda dificultad administrativa o financiera terminara resolviéndose trasladando nuevos cobros permanentes al ciudadano?
Porque aquí ya no se trata solamente de contratos. Se trata de la manera en que el Estado ejerce el poder frente a la ciudadanía. Y también de cómo muchas veces los gobiernos terminan encontrando soluciones rápidas a problemas fiscales mediante modelos donde el ciudadano paga permanentemente, mientras operadores privados garantizan enormes estabilizaciones económicas a largo plazo.
Por eso esta discusión no puede seguir ocurriendo únicamente entre gobiernos y concesionarios. Tiene que volver a la ciudadanía. Tiene que volver a los concejos municipales, a las asambleas departamentales y al Congreso de la República. Es momento de abrir debates públicos y rigurosos sobre las concesiones que hoy operan en Colombia. Una por una. Que se revisen sus tiempos. Sus prórrogas. Sus utilidades. Sus tarifas. Sus mecanismos de control. Y sobre todo el verdadero equilibrio entre lo que gana el privado, lo que recibe el Estado y lo que termina pagando el ciudadano.
Porque si lo público afecta permanentemente la vida colectiva, entonces debe discutirse públicamente. Y ahí también existe una enorme responsabilidad de los organismos de control, de los medios de comunicación, de las universidades y de todas las fuerzas vivas del país. Durante demasiado tiempo, muchas de estas estructuras terminaron naturalizándose sin suficiente deliberación ciudadana. Como si fueran inevitables. Como si no pudieran revisarse. Como si una vez firmadas debieran permanecer funcionando indefinidamente. Pero las sociedades democráticas no funcionan así. Ningún modelo debería quedar por fuera del debate público permanente, especialmente cuando afecta de manera directa el bolsillo, la movilidad y la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
El propósito de esta serie nunca ha sido atacar automáticamente toda participación privada ni desconocer que muchas concesiones pudieron ser necesarias en determinados momentos históricos. La verdadera discusión es otra: si el país no debería volver a preguntarse con mucha más seriedad por los límites, la proporcionalidad, el control democrático y la legitimidad de estructuras que terminaron adquiriendo una enorme permanencia sobre la vida colectiva. Porque quizá la discusión más importante de todas sea precisamente esa: hacer público lo público.
